La crisis institucional y operativa del Instituto de Previsión y Asistencia Social para los empleados del Ministerio de Educación (Ipasme) preocupa al gremio magisterial en el país. Desde el año 2000 han transcurrido 12 juntas interventoras asignadas por el Gobierno nacional, cuyos funcionarios han aportado al detrimento de la organización pionera en la justicia laboral.
Así lo considera el profesor Edgar Bazán, expresidente del Colegio de Profesores de Venezuela, quien asegura que las intervenciones de la junta directiva han convertido al ente en burocrático, ineficaz y de alto grado de corrupción administrativa.
Como prueba de sus declaraciones, informó que 19 unidades médico – odontológicas en el país están paralizadas por falta de insumos y equipos; además, critica que la atención sea diferenciada, privilegiando más a la comunidad en general por encima de los afiliados; también, notificó que algunos departamentos de consulta médica han sido cerrados por falta de galenos que quieran trabajar bajo las condiciones de pago del ministerio.
Adicionó que beneficios sociales como los créditos de vivienda y vehículo han sido suprimidos por el organismo. Sin embargo, a pesar de la disminución de estos servicios, a los trabajadores le siguen cobrando el 6% de su salario por concepto de Ipasme.
“La junta de gobierno el día 9 de enero de 1959, promulgó el decreto 513, que contiene el estatuto orgánico del funcionamiento del Ipasme; allí se establecen dos cosas, el consejo directivo y la junta administradora. Sin embargo, el ministerio suprimió el consejo directivo y formó estas intervenciones que se encargaron de la parte administradora, cuyos directivos no le rinden cuentas a nadie”.
“Según mi criterio hay que extirpar el cáncer administrativo del Ipasme. El Presidente plantea una reestructuración, acción en la que estamos de acuerdo. Pero el nuevo instituto debe estar amparado en una filosofía de gestión administrativa enmarcada por los criterios de honestidad, transparencia y protección social; tal y como era antes, un ente más eficiente y humano”.
Bazán, propone redefinir el rumbo político y jurídico del Ipasme, donde los integrantes del consejo directivo y la junta administradora ingresen por concursos de credenciales y de oposición. Desde ese punto, expone que se gestionará beneficios financieros, compra de insumos, cobro de comisiones y mantenimiento de las unidades médico – odontológicas.
“Las federaciones y sindicatos magisteriales tienen que diseñar tomas masivas de los Ipasme en el país, a fin de que se restablezca el consejo directivo y se convierta en un verdadero instituto de previsión y asistencia social. Asimismo se debe realizar una investigación exhaustiva con el propósito de erradicar el terrible flagelo de la corrupción”.
