El ejercicio de la magistratura requiere sabiduría, honorabilidad, seriedad, respeto a la Ley, fortaleza de ánimo y varias condiciones más. Las recientes decisiones (Sentencias números 155 y 156 de finales de marzo) de la Sala Constitucional del TSJ venezolano, reflejan graves lesiones a esas condiciones. Mejor dicho, los magistrados carecen de esas condiciones.No son las únicas sentencias donde la Sala Constitucional ha demostrado desconocer el estado de derecho y ha irrespetado el hilo constitucional, pero han sido las que detonaron para Venezuela y el mundo, el golpe de estado continuado que ha venido dando dicha Sala desde hace varios años y especialmente después de las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre de 2015.
En las sentencias 155 y 156 la Sala Constitucional, se desconocen las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional por un supuesto desacato que no es tal, y se atribuye a sí misma las facultades que por mandato de la Constitución Nacional sólo le corresponden a la Asamblea Nacional. Además, limita una de las prerrogativasmásimportante para un legislador, como es la inmunidad parlamentaria, obstaculizando así la labor de control e investigación que por ley debe realizar la Asamblea Nacional. Despojada la Asamblea Nacional de todas sus facultades y despojados los diputados de la inmunidad parlamentaria, estamos frente a un golpe de estado, pues esas facultades y la inmunidad parlamentaria son de rango constitucional. La Sala Constitucional desconoce la existencia del más importante de los Poderes Públicos como es el Poder Legislativo.
Una vez que la Sala Constitucional dictó las señaladas sentencias, la Fiscal General de la República declaró, con razón, que las mismas rompían el hilo constitucional y quebrantaban la democracia en Venezuela. Ello obligó al gobierno a convocar al denominado Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, que terminó exhortando a la Sala Constitucional a enmendarlas citadas sentencias a fin de solventar el “impase” surgido con la Fiscalía de la República. La Sala Constitucional “enmendó” su entuerto y eliminó algunos párrafos de sus sentencias donde asumía las facultades de la Asamblea Nacional y donde limitaba la inmunidad parlamentaria. Creo que fue peor el remedio que la enfermedad. La actitud de la Sala Constitucional fue la de acatar el exhorto sin explicación. No hubo ni ha habido hasta el momento de escribir estas líneas, ningún magistrado que haya dicho que sostiene por convicción propia, lo contenido en las sentencias tantas veces citadas, aunque esté equivocado.
Simplemente lo hicieron mal a conciencia desde el inicio y otro trata de enmendarles sus decisiones y los magistrados aceptan callados, demostrando así la más grosera sumisión de esa Sala a los dictámenes del Poder Ejecutivo. Por eso digo que los actuales magistrados de la Sala Constitucional están en flagrancia, están cometiendo graves violaciones a la Constitución Nacional y cometiendo el delito de usurpar funciones que le corresponden a otro órgano, a la vista del país y del mundo. Algún castigo merecen. Son magistrados en flagrancia.
