Cuando el Ejecutivo Nacional anuncia que la Dirección de Contraloría de Petróleos de Venezuela, con el aval de la Contraloría General de la República, aplica multas millonarias y sanciones penales para extrabajadores de la compañía estatal, está aplicando terrorismo laboral, declaró Froilán Barrios, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess).
Ya fueron impuestas responsabilidades administrativas a los primeros 11 de 185 personas. Rechazamos completamente todas esas decisiones porque las acciones que se llevaron a cabo tanto el 11 de abril del 2002 como el paro cívico nacional de diciembre de ese año a febrero del 2003 fueron desarrollados dentro de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos otorga el derecho a la protesta.
Con la aplicación de sanciones penales y multas millonarias, el gobierno está intensificando su práctica de terrorismo laboral que ha venido llevando a cabo, en el curso de los últimos años, y cuyas consecuencias están siendo sufridas por más de 250 dirigentes sindicales sobre los cuales han sido dictadas medidas tribunalicias de presentación y en algunos casos de cárcel.
Lo que pretende el Gobierno es que cualquier trabajador que ejerza una acción sindical o social de una empresa o de algún instituto del Estado venezolano estaría obligado a pagar multas millonarias cuando en realidad es el Estado nacional el que ha originado la situación.
Aún más, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su asamblea mundial hecha en el 2006 condenó al Estado venezolano por su proceder arbitrario contra la clase trabajadora.
Al respecto, hay que recordar lo establecido mediante resolución 2044, relacionada con los 23 mil trabajadores despedidos de Pdvsa, primeramente, el reenganche de todas esas personas y, en segundo término, consideró que la acción fue una huelga laboral y, por lo tanto, no tiene otro cariz.
Al no haber procedido al reenganche, el Estado venezolano desconoce a la OIT, a la cual está adherido formalmente.
Ahora con la decisión que se ha tomado, una vez más está reincidiendo en una conducta inapropiada, por cuanto ya hace seis años que la mencionada organización tomó una determinación aprobada por todos los países que conforman la OIT.
No podemos obviar que Rubén González, quien fue una figura afecta al oficialismo, fue puesto preso y condenado a seis años de prisión por el sólo hecho de ejercer el derecho a huelga contemplado en la Constitución.
Aunque este dirigente sindical de Ferromineral fue liberado por presión de todo el país, continúa el juicio en Caracas, a donde debe trasladarse cada vez que lo reclama el tribunal.
Por otro lado, lo que no dice la Contraloría de Petróleos de Venezuela es dónde están las prestaciones de los despedidos. En el ordenamiento jurídico venezolano no se establece que cuando un trabajador vaya a una huelga, aunque ésta haya sido declarada ilegal, pierde sus prestaciones como ha ocurrido.
Fotos: Oswaldo Azuaje/Archivo
