El día después del multitudinario cacerolazo contra la presidenta Cristina Fernández en Argentina, cuya trascendencia fue relativizada por el gobierno, analistas y políticos exigieron el viernes a la mandataria que escuche los reclamos de la gente y aborde la resolución de los problemas.
Las protestas del jueves en esta capital y en decenas de ciudades del país fue masiva, coincidieron analistas. Cientos de miles de personas salieron a las calles de forma pacífica, sin ser movilizadas por la oposición, en lo que constituyó el segundo cacerolazo en menos de dos meses contra la mandataria, reelegida con 54% de los votos hace poco más de un año.
«La reacción de Cristina (Fernández) ahora es la pregunta del millón… históricamente con estos problemas se ha recluido y reaparece como un `aquí no ha pasado nada»’, dijo a The Associated Press Ignacio Fidanza, director del portal de análisis Lapolíticaonline. com.
Aunque no se refirió expresamente al cacerolazo, la mandataria señaló el viernes en sus primeras declaraciones después de la protesta que un «formidable aparato cultural» se «extendió y actuó sobre todos los argentinos para que tuvieran ideas distorsionadas sobre el país».
«Nos han instalado determinadas frases, títulos, que cuando uno le pregunta sobre el título no sabe explicar o desarrollar. No hay sustento, ideas, es simplemente repetir lo que se lee o que alguien le dice desde una pantalla de televisión», afirmó Fernández en un acto oficial.
«Lo de afuera todo bien y lo de adentro todo mal», ironizó la mandataria, quien también criticó la falta de una dirigencia política» que presente un «modelo alternativo» y aseguró que su gobierno no puede hacerse cargo de esa supuesta carencia.
Los participantes del cacerolazo se quejaron principalmente de la inseguridad, la inflación, el deterioro de algunas instituciones como la justicia, la soberbia del gobierno ante las críticas y los intentos de sectores oficialistas de lograr una eventual reforma de la constitución para que Fernández pueda optar a una segunda relección consecutiva, prohibida por la carta magna.
Fidanza criticó que a la hora de valorar la magnitud de la protesta los funcionarios reaccionaran de forma «autista», lo que «agrava los errores». «No les funcionó con el otro cacerolazo y no les funcionará con el que venga… en la medida en que no den respuesta a los problemas habrá más», advirtió.
El senador oficialista Aníbal Fernández, uno de los portavoces del gobierno, afirmó a diferentes medios de prensa que no logró comprender hacia dónde va el mensaje de los cientos de miles de personas que participaron en el cacerolazo y aseguró que no «le quita el sueño» la manifestación.
Días atrás, el legislador había dicho sobre la convocatoria a través de las redes sociales que los manifestantes pertenecían a la «ultraderecha rancia».
El filósofo Ricardo Forster, muy cercano al oficialismo, afirmó a su vez que se expresó un «volumen interesante» aunque no «histórico» de personas y que se trató de un sector «electoralmente minoritario» que «no sabe lo que quiere» para el país.
Forster coincidió con otros analistas en que preocupa la ausencia de dirigentes opositores capaces de canalizar las quejas de los manifestantes. Como en el cacerolazo del 13 de septiembre, en el del jueves había preponderantemente argentinos de clase media que, además de criticar a la presidenta, exigían a la desacreditada oposición que sepa estar a la altura de las circunstancias.
Fidanza advirtió que la mandataria no debería despreciar los reclamos de esa clase media integrante junto a «sectores postergados» de la base electoral que le dio el triunfo en octubre de 2011. «En el cacerolazo hubo desencantados que la votaron en 2011», indicó. «Si observas los procesos de otros gobiernos que cayeron en decadencia, fue por reclamos no asumidos», sostuvo.
Ricardo Gil Lavedra, legislador de la opositora Unión Cívica Radical, señaló que la gente quiere que la presidenta los escuche, aunque admitió que «estas multitudes también están manifestando que no tienen un canal de representación adecuado».
«Cuando desde el gobierno dicen que no hay inflación, inseguridad, ni corrupción, la gente se indigna», afirmó.
En esa misma línea, el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, quien dejó la actual administración hace cuatro años, dijo en una columna en el diarioLa Nación que «son muchos» los que han advertido la «inconsistencia» del relato presidencial y «han empezado a sentirse engañados cuando la inflación se niega».
Según diferentes encuestas, la inseguridad es la mayor preocupación de los argentinos. Un sondeo de la consultora Management & Fit realizado en septiembre a 2.259 personas mostró que 48,7% de los encuestados considera que la inseguridad es el problema que el gobierno tiene que resolver de forma más urgente. En segundo lugar estuvo la inflación con 12,5%.
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