El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el jueves que no aplicará el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le cedió a Nicaragua una extensa área del mar Caribe que estaba bajo jurisdicción del país sudamericano, hasta garantizar la defensa de derechos vulnerados por el tribunal.
La pérdida de una porción de su plataforma marina sacudió a la ciudadanía y al Gobierno de Colombia, que aún no ha acatado el fallo de la corte, mientras analiza interponer recursos jurídicos de aclaración o revisión.
«He dicho que ese fallo vulneró muchos derechos de los colombianos. Y yo no voy aplicar ese fallo hasta garantizar que esos derechos están bien defendidos», dijo Santos en un acto de Gobierno.
«Y me voy a proponer, mañana, tarde y noche, a lograr recuperar esos derechos que nos fueron vulnerados», precisó el mandatario.
Aunque algunos medios de comunicación interpretaron las palabras de Santos como que no se acatará el fallo, fuentes del Gobierno dijeron que el presidente no hizo esa afirmación.
«El Presidente (Santos) nunca ha dicho que no lo vaya a cumplir, lo que pasa es que es un fallo muy difícil de implementar; eso estamos estudiándolo a profundidad», dijo luego la canciller colombiana María Angela Holguín, en Lima, a donde participa en una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
«Hemos nombrado un grupo de asesores especialistas en derecho internacional, que miren el fallo, lo estudien y den al Gobierno las luces para ver qué recursos vamos adoptar ante la Corte Internacional de Justicia y cómo se puede, si se puede, implementar las diferentes facetas que tiene», afirmó.
El mandatario Santos aseguró que su Gobierno actuará con toda la firmeza y determinación para defender los derechos que considera le fueron vulnerados a Colombia con el fallo.
Colombia informó el miércoles que dejó de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia después de que renunció al Pacto de Bogotá, un tratado de 1948 por el cual le concedía potestad al principal órgano judicial de Naciones Unidas.
La decisión no le permite evadir el fallo, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, de acuerdo con expertos, pero bloquearía sentencias limítrofes en su contra si se producen nuevas demandas en el futuro.
Si bien el tribunal ratificó la soberanía de Colombia sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con gran potencial económico, principalmente pesquero y petrolero.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, lo que sería una decisión contraria a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional.
Analistas y expertos han advertido que si Colombia opta por el camino de la rebeldía podría crear tensión en la región por el esperable respaldo que recibiría Nicaragua de algunos de sus aliados como Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Colombia mantiene los barcos de su armada en la zona en disputa con el argumento de que lo hace para defender su soberanía, proteger a los residentes de las islas y combatir el crimen transnacional, principalmente el narcotráfico.
