Quien tenga documentos en orden, no acepte sobornos, y quien cometa infracción, no proponga una tarifa para evadir responsabilidades. El funcionario que incurra en actos de corrupción, plenamente verificado, podría ser destituido de su cargo, advirtió el director de la Policía Municipal de Iribarren, Wilmer Pifano, quien habló con el diario EL IMPULSO en respuesta a múltiples denuncias en las redes sociales e incluso a través de la columna de Cheo, del diario EL IMPULSO.
En detalle, explicó que la zona para puntos de control desplegados a lo largo y ancho del municipio, es competencia del Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia, en la figura de Vicipol (Viceministerio de Seguridad Integrada de Policías), haciendo énfasis en que el plan de patrullaje que cumple el cuerpo de seguridad, de cobertura local, está en la lista de la programación nacional.
-Si hay alcabalas en avenidas como la Vargas, Venezuela y Rómulo Gallegos, es por disposición del Ministerio, en atención a diversos criterios.
No se llama matraqueo, sino delito de concusión
Dicta la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que por el delito de concusión un funcionario policial puede ser destituido, antes bien, el chofer víctima de soborno debe concertar una denuncia.
-No tiene sentido que la ciudadanía diga cosas por las redes sociales; así no hay manera de saber quién está incurriendo en esta falta.
Ahora bien, tenemos la Oficina de Atención a la Víctima, ubicada en la avenida Libertador, frente al Complejo Bicentenario, donde tenemos un grupo de especialistas dispuestos a atender a la población. Si tengo todo en regla y un funcionario me amenaza con fijarme una multa sin razón, entonces no caigo en el juego sino que formulo la denuncia.
“¿Quién sucumbe ante un soborno?”, se preguntó Pifano y respondió: Quien se estaciona en raya amarilla, porta documentación falsa o vencida y circula con el vehículo en malas condiciones.
-Si algunos funcionarios están cometiendo este delito, es necesario que la ciudadanía deje los rumores y decida ponerle fin a la situación, porque la imagen de un cuerpo entero de efectivos de seguridad está en juego. No todos son corruptos y quienes lo son deben recibir sanción.
El otro lado de la moneda
En tanto, el chofer que evada responsabilidades y prometa dinero en efectivo a cambio de una multa, puede pagar condena de 5 años en prisión. Así lo aseguró Pifano quien revirtió la ola de rumores, alegando en contraparte que la ciudadanía no atiende a normas de tránsito y de convivencia ciudadana.
“Si deseamos ver resultados positivos, es necesario que se enfrenten las dos partes: a los efectivos y a la población”.
En efecto, el conductor particular y quienes están detrás de las unidades de transporte público, tienen su cuota de responsabilidad. Tal es el caso del boulevar de la 20, que desde noviembre del año pasado funcionarios del Plan 20 custodian la zona para el tránsito de las unidades Yutong de Transbarca. El último reporte publicado por este matutino, descubre las incidencias del fin de semana largo por el asueto de Carnaval: “Al menos 12 vehículos particulares estacionados en la avenida 20 entre calles 27 y 28”.
Promover las buenas obras
Los ciudadanos coinciden en el malestar que sienten por el trabajo de calle de los uniformados, declaró el 1º de febrero del año en curso el presidente del Sindicato Automotor del estado Lara.
“Es preciso la ejecución de correctivos para distribuir en la ciudad efectivos que institucionalicen buenas costumbres. El ciudadano imita al funcionario público”, señaló el fallecido Rafael Caldera en su libro Sociedad y Ciudadanos.
