Organizaciones de derechos humanos con experiencia en materia de violencia celebraron la promulgación de la Ley Desarme, pero lamentaron que no contemple una indemnización estatal a familiares de las víctimas de la delincuencia.
«Ante todo, nos complace que se haya concretado un instrumento jurídico que aumenta las responsabilidades del Estado en el control de armas y municiones. Esta medida da pie al desarrollo de una política integral de desarme que debe hacerse efectiva y sostenida», señaló el manifiesto emitido este jueves, como resultado de un seminario en el que representantes de las ong´s discutieron el tema.
Subrayaron que una vez en la calle el esperado instrumento legal, se impone la esperanza de la construcción de una política pública basada en un amplio consenso social, esperanza «que debe ser tangible en la medida en que disminuya el luto y haya justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas que ya ha dejado la violencia armada», destacaron.
En cuanto a las observaciones específicas al contenido del texto legal, los expertos ven con buenos ojos las medidas dirigidas a evitar el «reciclaje» y filtración de armas al mercado ilegal, tales como el sistema de sanciones penales a funcionarios involucrados en dichas práctica; el protocolo de custodia de armas incautadas, el marcaje y registro de munición y armamento oficial, y la política de destrucción periódica.
Como aspectos que consideran es necesario aclarar, invocaron la voluntad política para minar el terreno de la delincuencia organizada. En este sentido, «es imperativo reglamentar el procedimiento respecto de los diversos eslabones de la cadena que van desde la producción y distribución, hasta las manos de un asesino”.
Así mismo, los activistas de DDHH expresaron su preocupación por el artículo 77, que prohíbe la difusión por todos los medios de comunicación de “informaciones o imágenes que promuevan o inciten el uso de armas de fuego y municiones”. Temen que de no ser reglamentado se convierta el texto en «un instrumento de censura bajo libres interpretaciones».
Otro reclamo reiterado por años por la ong´s venezolanas pasado por alto en la nueva legislación es el resarcimiento social de la violencia. «Vemos con preocupación que no se haya incorporado a la ley un fondo de atención para las víctimas de la violencia armada. Esta materia es tan importante como la prevención, y debe ser atendido por el Estado para dar respuesta a los familiares y víctimas que puedan necesitar apoyo material, económico y psicológico para superar su situación y conseguir justicia», recalcaron. El manifiesto lo firman Amnistía Internacional sección Venezuela, Fe y Alegría, Convite AC. Laboratorio de paz, Sinergia, Paz Activa y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
