El Comité Nacional para la Educación Artística (CNEA) de Francia, que ocupa el taller donde Pablo Picasso pintó en 1937 «Guernica «, recibió el jueves un decreto de expulsión, pero dijo que sigue esperando una «solución amistosa» con el propietario.
La histórica buhardilla donde Picasso vivió y trabajó es propiedad desde 1925 de la Cámara de Ujieres de justicia de París, que ha pedido al CNEA abandonar el lugar.
«Nos sentimos como en una montaña rusa, no sabemos muy bien qué va a pasar,», declaró a la AFP el responsable de esa asociación cultural, Alain Casabona, que dijo que espera que la orden de expulsión no será ejecutada.
«Queremos tener la garantía solemne de que la Cámara de Ujieres de justicia de París no ejecutará este decreto», afirmó Casabona.
El ático en litigio, donde Picasso (1881-1973) vivió y trabajó desde 1937 hasta después de la Segunda guerra mundial, está ubicado en el número 7 de la calle de Grands Agustins, cerca del bulevar Saint Germain des Près.
El CNEA ocupa desde principios de siglo el taller a título gratuito, a cambio de ocuparse de mantenerlo. En el 2002, este comité, que organiza allí actividades artísticas, emprendió obras para renovar el sitio, que había estado abandonado durante años.
Pero los propietarios reclamaron al CNEA que abandone el lugar, y ante la negativa de éste, recurrieron al Tribunal de Gran Instancia de París, que ordenó el 4 de julio la expulsión de la asociación, en un lapso de 15 días tras recibir el decreto.
Decidido a resistir, el CNEA apeló la decisión y organizó el jueves una rueda de prensa en el taller, a la que asistieron la actriz Charlotte Rampling y el violinista Didier Lockwood, que participan en las actividades de la asociación.
Durante esa rueda de prensa, Casabona dijo que se vislumbra «una solución amistosa con un heredero de Picasso que negocia actualmente con la Cámara de Ujieres de París».
El responsable no reveló el nombre del heredero concernido, para no poner en riesgo las discusiones, pero indicó que la idea sería crear una fundación. Esa solución permitiría al CNEA permanecer en el sitio y continuar sus actividades, dijo Casabona.
Pero cuando terminó la rueda de prensa, un ujier de justicia llegó y entregó a Casabona la orden de expulsión. «Tenemos 15 días para abandonar el lugar», advirtió el responsable.
