Como «un nuevo golpe a la Constitución» calificó el diputado a la Asamblea nacional y dirigente de Alianza Al Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco, la pretensión oficialista de allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo con una mayoría simple.
Así mismo, enmarcó esta acción dentro del «ataque sistemático» que tiene el gobierno nacional contra la oposición venezolana y en especial contra los diputados de la bancada democrática.
«El artículo 187 constitucional en su numeral 20 establece claramente que las dos terceras partes de la plenaria de la AN son los que pueden allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado, y por analogía se debe acatar ese artículo. Si se hace de otra manera, tal como ellos lo plantean, de aprobar este procedimiento con menos de 110 diputados, pues sencillamente se le estaría dando un nuevo golpe a la Constitución de la República», manifestó Blanco.
El vocero de la tolda opositora resaltó que los principales afectados con esta decisión no es el diputado Mardo y la bancada democrática, sino los ciudadanos que lo eligieron como su representante ante el Parlamento nacional.
«Meterse con Richard Mardo en la AN es meterse con los venezolanos que han votado por cada uno de los diputados», indicó. De la misma forma, Blanco recordó que la garantía de la inmunidad parlamentaria también la otorgan los ciudadanos.
Violencia
A propósito de las últimas cifras de violencia registradas en el país, tal como la que indica que entre enero y julio van casi 2.320 muertes tan sólo en el Area Metropolitana de Caracas, el dirigente de ABP instó al gobierno a sincerarse y asumir la realidad de su fracaso en esta materia.
«Nos hace a nosotros decirle a este gobierno que debe rectificar. Este Plan Patria Segura que se inició en mayo ha traído más sangre», manifestó Richard Blanco.
En su opinión, para que se operen cambios positivos en los índices de criminalidad es necesario implementar esfuerzos en especialmente en tres aspectos fundamentales.
«Le hacemos tres planteamientos al gobierno: ampliar el fortalecimiento de la prevención del delito; la descentralización de la seguridad (no es posible que en Venezuela existan 335 municipios y sólo 59 direcciones de policías), y el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario», explicó.
