Penalista: “No hay voluntad para resolver crisis penitenciaria”

El abogado penalista Pablo Espinal, durante su exposición en el Foro Prevención + Seguridad” afirmó que el Estado no ha tenido interés ni voluntad política para recuperar el Régimen Penitenciario el cual se le escapó de las manos al Gobierno.

Manifestó que el control de las cárceles las ejercen los “pranes”, a quienes conocen, pero nadie toca y algunos dicen que son protegidos por el ministerio que dirige Iris Varela. Estos “líderes” cobran mensualmente alrededor de 10 millones mensuales por la “causa” que pagan los demás privados de libertad. “La justicia no se negocia y en los últimos años se ha vuelto costumbre darle prerrogativa a los pranes”.

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios pone en práctica el “Plan Cayapa” el cual es un plan improvisado que busca darle libertad a todo el que se atraviese. En el caso de Uribana se puede ver la ineptitud de las autoridades ya que éstas dejan de celebrar audiencias debido a que tienen programados coliseos. “Cómo es que el gobierno sabe esta situación y no hace nada para remediarlo. Hasta los jueces tienen que pedirle permiso a los pranes para que dejen ir a las audiencias a determinado interno. No hay voluntad política para resolver la crisis penitenciaria”

Como parte de las recomendaciones, el doctor Espinal indicó que debe existir la clasificación de los privados de libertad de acuerdo al delito, peligrosidad, edad y sexo. Crear división dentro de los penales para que sea más fácil su control y disponer de un sistema moderno a nivel de cámaras y sillas con láser para detectar el ingreso de armas o droga sin necesidad de poner a saltar, sin ropa, a mujeres que son familias de los detenidos. Además, de crear dispositivos para que se corte la señal de teléfonos celulares a los detenidos quienes desde la cárcel dirigen bandas dedicadas al robo, secuestro y extorsión.

Ley Desarme

El ponente Javier Rojas, al hacer el análisis de la Ley Desarme, dijo que el objetivo es construir una política pública como medida concreta que disminuya la proliferación, disponibilidad y mal uso de las armas y municiones en el país y, con ello disminuir índices de criminalidad y violencia.

 

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