Los abogados defensores de los familiares de los fallecidos en la masacre de Uribana, ocurrida el 25 de enero de este año, sostienen que las armas decomisadas en el penal no debieron ser destruidas, sino sometidas a experticias para determinar quiénes dispararon contra los caídos.
Alegan que las armas de los funcionarios militares también debe ser revisadas para determinar si éstos también tuvieron que ver con las muertes.
Marianela Sánchez, abogada actuante, expresó que el arsenal de armas constituía una prueba física que podría ofrecer pistas claras de quiénes dispararon el 25 de enero.
Sostiene que estos resultados unidos a los testimonios de todos los sobrevivientes podrían ayudar a esclarecer los hechos. “El problema es que hasta ahora no se conoce en qué están enfocando la investigación; no tenemos certerza de que hayan tomado testimonio a cada uno de los presentes, eso no lo sabemos”.
Sánchez informó que en diversas ocasiones los familiares de las víctimas han solicitado la revisión del expediente de investigación al Ministerio Público, pero siempre ha sido negada. “Es normal que durante los primeros 30 días siguientes al hecho, el Ministerio niegue el acceso porque se considera que el expediente está bajo reserva judicial, pero han pasado siete meses y aún no dan acceso”.
Agrega que con los resultados de las autopsia se puede determinar el calibre del arma con el cual mataron a cada persona. Sostiene que este elemento ofrecería información clave. “El problema es que tampoco se conocen los resultados de las autopsias, a las familias sólo les han facilitado las actas de defunción que dan una información básica de la muerte, pero que no ahonda en los detalles”.
“La investigación debe enfocarse en una serie de elementos que van a determinar qué pasó en Uribana, porque la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, dijo en algún momento que la población penal estaba controlada y desarmada. ¿Cómo pudo desatarse una matanza como esta, entonces?”
Detalló que entre el miércoles y jueves de la próxima semana ella junto con otros dos abogados defensores de los familiares de los muertos, vendrán a Barquisimeto para solicitar a las Fiscalía Novena de Proceso y 21 de Derechos Fundamentales, ambas del Circuito Judicial del estado Lara, la revisión del expediente de la investigación para conocer en detalles el proceso.
“El 26 de agosto nos entrevistamos con el fiscal noveno José Mora y le solicitamos la autorización para revisar el expediente, pero fue negada. Tampoco reveló detalles de la investigación. Esperamos que para esta oportunidad sí tengamos el acceso”.
Por la masacre de Uribana hasta ahora el único imputado es el director de Uribana, para ese entonces, Nelson Bracca por cuatro delitos; entre ellos quebrantamiento de tratados internacionales.
