La República Popular China ha pasado a desempeñar el papel del Fondo Monetario Internacional para Venezuela, según la opinión del doctor William Barrientos, diputado a la Asamblea Nacional, entrevistado por EL IMPULSO.
Esa poderosa nación ha venido suscribiendo acuerdos con el gobierno venezolano, que atentan contra la soberanía venezolana y el patrimonio de futuras generaciones.
Ante la destrucción del aparato productivo por las erradas políticas decididas por Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro, además del despilfarro y la mala administración de miles de millones de dólares recibidas por la llamada revolución bolivariana, ha traído como consecuencia que nuestro país se haya endeudado con el gigante asiático e hipotecado nuestro principal recurso, como es el petróleo.
Grave, preocupante y censurable resulta que hoy los chinos tienen la facultad otorgada por el Ejecutivo Nacional, violentando la Constitución y las leyes de la república, de poder disponer de una gran parte de las reservas petroleras y de la explotación también de parte de la Faja Petrolífera del Orinoco, porque los asiáticos fueron llamados a formar parte de nuestra principal industria, hecho jamás imaginado y mucho menos cuando se ha venido pregonando la independencia económica venezolana.
Cada vez que puede, este gobierno, que mantiene las características que le imprimió el desaparecido Chávez, acude a China para seguir entregando nuestra soberanía mediante la solicitud de dinero porque no ha podido equilibrar la economía, pues, deja correr la arruga, ya que no sabe cómo manejar el desbocado carro de la economía nacional.
Claramente, se está hipotecando el país, porque en realidad no hay disponibilidad para pagar el endeudamiento y, en consecuencia, se le está entregando a China no solamente petróleo sino que se ha convertido en un socio extraño, pero que nos está arrebatando nuestras riquezas.
Un gobierno seriamente democrático, que sienta realmente el sentimiento de los venezolanos y se ajuste a la Constitución y a las leyes, puede desconocer, en el futuro, esos acuerdos porque están al margen de la legalidad, ya que no han pasado por los canales regulares, como ha sido la discusión previa en la Asamblea Nacional, máximo organismo que decide sobre créditos o compromisos de la nación con el extranjero.
