Gobierno abre primer proceso contra la nueva Globovisión

El Estado venezolano abrió este lunes el primer “proceso sancionatorio” contra Globovisión desde que el canal rebajó el tono de confrontación con el gobierno tras su venta en mayo, por difundir un programa sobre la escasez de productos en el país.

La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició el proceso administrativo dos días después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la Fiscalía General “castigar” a los medios de comunicación que promuevan “compras nerviosas” en la población, en momentos que su gobierno busca paliar la escasez.

Conatel, ente que regula los medios de comunicación, acusa a Globovisión por “la presunta zozobra causada a la ciudadanía, supuestamente a través de la transmisión del programa ‘Caso de Investigación'”, indicó el canal en un comunicado en su página web, citando la notificación del organismo.

En el programa, divulgado el domingo, “se difundió elementos vinculados con la supuesta escasez o acaparamiento tanto de vehículos como de algunos productos alimenticios en el país, en la última semana”, indicó a la prensa el director de Conatel, Pedro Maldonado.

 

“Abogados responderán”

Globovisión explicó que a través de testimonios de ciudadanos y expertos se expusieron “las dificultades que viven algunos venezolanos para adquirir ciertos alimentos pertenecientes a la cesta básica”.

Se trata del primer proceso contra Globovisión desde su giro editorial y cambio de programación, tras su venta en mayo a inversionistas de los sectores bursátil y de seguros, que según la oposición venezolana están ligados a importantes figuras chavistas.

“Los abogados responderán legalmente ante la instancia respectiva, están trabajando al respecto”, dijo este lunes a la AFP una fuente del canal, que transmite en señal abierta en Caracas y la cercana Valencia.

El canal tiene 10 días hábiles para defenderse y, de comprobarse el “delito de generar zozobra en la población”, deberá pagar una multa de hasta el 10% de los ingresos brutos generados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al cual se cometió la infracción.

Tras su venta, los flamantes dueños de la televisora anunciaron una nueva política editorial de “centro”, dejaron de difundir en directo los actos de la oposición -en especial de su líder Henrique Capriles-, cambiaron la programación y los periodistas más críticos con el gobierno renunciaron o fueron despedidos.

Globovisión, en el aire desde 1994, confrontó durante años con el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y por su programación ha encarado amenazas de cierre y varias sanciones administrativas, entre ellas multas de hasta 2,1 millones de dólares.

“Guerra psicológica”

Maldonado afirmó que hay “una guerra económica” en el país, como denuncia insistentemente Maduro, “que viene de la mano del oposicionismo nacional y de algún sector del empresariado que busca generar artificialmente una escasez de bienes y servicios”.

El sábado, el presidente acusó a los medios de comunicación de impulsar una “guerra psicológica” para propiciar “compras nerviosas” en los venezolanos, a quienes llamó “a la serenidad” y garantizó que el gobierno abastecerá de productos alimentarios a la población.

“Le quiero pedir públicamente a la fiscal general que evalúe medidas especiales (…) junto al poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejercen la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y la vida económica en la nación”, dijo Maduro el sábado.

En los últimos meses, se ha acentuado la escasez cíclica de productos básicos -como azúcar, leche o aceite- debido a la demora en la entrega de divisas para importaciones, en un país altamente dependiente de éstas y con control cambiario desde 2003.

En respuesta a esta situación, el gobierno dispuso más recursos para comprar alimentos en el exterior y ordenó agilizar los trámites de importación y entrega de dólares a empresarios, a una tasa oficial bonificada de 6,3 bolívares por billete verde, que son asignados únicamente por la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

 

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