El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, denunció públicamente a varios exconcejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por presuntamente adjudicarse 28.202.,80 mts2 de terreno ejido, situado en la vía hacia Río Claro, según se refleja en el contrato de concesión en uso.
Con documentos en mano, Palacios mencionó a “César Gavidia, Digna Suárez, José Manuel Aguilar, Gregoria Camacho, José Orasma, Carmen Castro, Carlos Crespo, Gabriel Guerrero y Jojana Sorandy Cordero, quienes a través de terceros adquirieron estas tierras”, con el propósito de construir un conjunto residencial.
Si bien en el contrato no se especifica a los ciudadanos antes mencionados, Palacios aseguró que esta acción se ejecutó a través de “Brenda Adames, Angid Durán, Tahide Morales, Brayan Arráez, Deyis Peraza, Johanna Rodríguez y Carlos Cordero”, quienes junto a Nelson Benito Verde, en representación del Municipio, firman el respectivo contrato.
Esta acusación forma parte de la defensa del patrimonio municipal que el alcalde electo por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfredo Ramos, va a iniciar a partir del momento en que tome posesión del cargo.
“Ya saliendo los concejales anteriores, se autoadjudicaron esta parcela de aproximadamente tres hectáreas en El Manzano, que prácticamente se tramitó entre cinco a seis días, tiempo estipulado para obtener el contrato de concesión en uso”.
Dijo Palacios que “estas tres hectáreas no responden a los requisitos legales que se le exigen a cualquier ciudadano para que se le adjudique un terreno en concesión”.
De esta manera, solicitarán que se haga una averiguación, “porque no es posible que unos concejales que ya estaban de salida hagan este tipo de ‘guiso’ para adjudicarse este terreno. Hay siete concejales involucrados que ejecutaron la acción, finalizando el mes de noviembre y principios de diciembre”.
Al diputado, le “llama la atención que quienes aparecen en el contrato de concesión de uso son personas que no tienen el dinero suficiente para construir un urbanismo”.
El 25 de noviembre hicieron la solicitud inicial y el 4 de diciembre ya estaban firmando el contrato de concesión en uso las personas interpuestas, explicó Palacios. “Ellos tendrán que responder por todos estos hechos que son contrarios a la decencia pública”.
Se espera que en los próximos días se ubique el área física de los terrenos, pues los documentos señalan dónde y cómo fue el procedimiento.
