El general César Figueira, comandante de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, desmintió la presunta complicidad entre guardias nacionales y colectivos violentos para atacar sectores residenciales. “Es completamente falso que la Guardia Nacional esté al lado de colectivos violentos. La GN y la Policía Nacional están trabajando para restituir el orden”.
Pese a las evidencias fotográficas publicadas en los medios impresos y redes sociales, el general aseveró que no existe vinculación alguna de la GN con colectivos y que los efectivos no han ingresado a sectores residenciales a perturbar la tranquilidad de los habitantes. Sin embargo, admitió manejar información sobre la presencia de delincuentes que se trasladan en moto para amedrentar en urbanizaciones.
El pronunciamiento lo realizó a las afueras del Palacio de Justicia, cuando introdujo un recurso de amparo constitucional contra Alfredo Ramos y José Barreras, alcaldes de Iribarren y Palavecino respectivamente, “en razón a la omisión de sus funciones en la prestación del servicio de aseo urbano, limpieza de recolección y tratamiento de residuos”.
En detalle, el general Figueira, junto al comandante del Core 4, Octavio Chacón y el comandante de la Base Aérea Vicente Landaeta Gil, Carlos Ramos, destacó que la basura es usada por grupos vandálicos que se han dedicado a atentar contra el libre tránsito, el derecho a la educación, a la salud, a un ambiente seguro, a la alimentación y protección por parte del Estado.
Con este amparo constitucional, solicitaron al tribunal que se inste a los alcaldes a la prestación inmediata del servicio de aseo urbano, en aras de que los grupos vandálicos no tengan cómo interrumpir el libre tránsito. “Una señora de 60 años, que iba a llevar a un niño de dos años al médico, cayó en una de las alcantarillas que fueron removidas. Nuestros guardias le prestaron el auxilio”.
En este sentido, el general condenó el uso de la violencia como acción de protesta y mostró fotografías de las barricadas que se han levantado en ambos municipios. Respecto a la muerte del hermano del diputado Francisco Martínez, reveló que un efectivo militar también habría recibido dos impactos de bala en la espalda pero el chaleco protector le salvó la vida.
4 denuncias en la Defensoría
Más temprano, la defensora del Pueblo, Elba Iris Rodil, explicó que hasta el momento han recibido sólo cuatro denuncias por violación a los derechos humanos durante las manifestaciones. En este sentido, hizo un llamado a la denuncia responsable. “Trancar una calle es una forma de violencia. Promovamos la paz”.
De acuerdo con datos aportados por la funcionaria, se reportan 41 detenidos por las manifestaciones y cuatro privados de libertad.
La Defensoría del Pueblo y el Indenna, dirigido por Milagros Ódreman, también solicitaron al Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, que ejecute las medidas necesarias para que los alcaldes de Iribarren y Palavecino activen la recolección de desechos, en aras de normalizar la movilización en la ciudad. “Los niños no están yendo a clases y es nuestro deber preservar sus derechos”.
