El abogado y miembro del Foro Penal Venezolano en el estado Lara, Pedro Troconis, explicó que el retardo procesal en la región asciende a 60%, ante a la falta de tribunales. El número de juzgados en el país no se ajusta a la densidad poblacional.
En ese sentido, Troconis destacó que en Lara existen 12 Tribunales de Control, de los cuales nueve se encuentran en la ciudad de Barquisimeto y tres en la capital del municipio Torres, en Carora.
Además, hay seis Tribunales de Juicio ubicados en la capital larense, cuatro de Ejecución y una Corte de Apelación de todos los recursos, incluyendo las acciones de amparo de primera instancia y Tribunal Superior.
Para Troconis, los responsables del Poder Judicial «no han entendido, o no quieren entender, que el estado Lara ha crecido en población y, por ello, se requiere que aumente la cantidad de tribunales en la región».
Para ubicar la realidad en contexto, el abogado especialista recalcó a diferencia del estado Lara, la capital del país cuenta con 50 Tribunales de Control, 30 de Juicio y 10 Salas de Apelación.
Además, en la mayoría de los circuitos judiciales de los diferentes estados existen dos salas de apelaciones; sólo Lara y el estado Cojedes poseen una.
Sobre la posibilidad de adicionar otra sala, tal y como lo habría anunciado la juez 5ta de Control, a finales del 2013, Troconis advirtió que hasta ahora no se ha materializado.
De acuerdo con sus datos, no hay casos llevados a tribunales que inicien con la primera audiencia, «ya ahí podríamos hablar de un retardo procesal que asciende al 100%».
En este contexto, los problemas dentro de la institución encargada de impartir justicia se resolverían si no existiese tanta desidia.
“El Estado debe buscar garantizar que los ciudadanos tengan derecho a ser juzgados en libertad, y para ello puede aplicar ciertas medidas denominadas sustitutivas que permitan acceder a este derecho”, expresó Pedro Troconis, sobre las detenciones de ciudadanos que se extienden por un tiempo más prolongado a aquel que estipulan las leyes del país, “sin embargo, se ha vuelto una práctica común privar la libertad de las personas que están siendo juzgadas”, indicó el especialista, al tiempo que recordó que ésta es una de las razones que contribuyen al hacinamiento de los diferentes centros de reclusión.
Según la Carta Magna, no se estipula un tiempo en el que un ciudadano sospechoso de cometer un delito sea privado de su libertad. Después de ser detenido, debe ser presentado durante las próximas 48 horas ante la justicia con la finalidad de que “nazca” una orden del tribunal en contra del detenido. El sospechoso es llevado ante la fiscalía del Ministerio Público, quien se encargará de llevar adelante las investigaciones. Posteriormente, los tribunales decidirán si se le sigue un juicio en libertad o privado de ella hasta celebrarse la audiencia, 45 días después.
Para el especialista en derecho, el espíritu de las leyes nacionales son la de juzgar en libertad, los jueces no están prestando mucha atención a esta disposición, “y están buscando la privativa de libertad para los detenidos…, se ha abusado de esta medida”.
Pedro Troconis está convencido que el poder Ejecutivo se ha inmiscuido en el poder Judicial. De esta forma, funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios deciden el centro de reclusión al que ingresará un detenido, lo que promueve que muchos de los imputados sean llevados a cárceles lejanas al lugar donde cometieron el supuesto delito.
De acuerdo con el jurista, el ministerio responsable promueve la distribución de los detenidos para descongestionar los centros de reclusión; contraviniendo la tutela judicial efectiva y, por consiguiente, una justicia sin dilaciones indebida, sin retardo indebido.
Inasistencia procesal
Para el máximo representante del Circuito Judicial del estado Lara y Juez Rector, César Reyes, el concepto de retardo procesal debe ser sustituido por el de “inasistencia procesal”. En este sentido, explica Reyes, la impartición de justicia es un sistema que depende de varios elementos, como el fiscal del Ministerio Público, el juez del tribunal, la defensa, el acusado…, y, si uno de los mencionados falta, se difiere la audiencia, lo que causa el retardo.
Sobre los detenidos que ya tienen una orden de traslado por parte de un Tribunal Penal a un centro penitenciario nacional y que sin embargo, se mantienen en los calabozos de la Policía del estado Lara, Reyes comentó que ésta es una competencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Sin embargo, anunció que para la semana próxima se pondrá nuevamente en marcha el Plan Cayapa, “con el cual podrán resolver muchos de estos problemas”.
Para finalizar, Reyes anunció que se inaugurarán 2 tribunales municipales para los delitos menores, donde las penas serán trabajos comunitarios y el desempeño del acusado estará evaluado por la comunidad en conjunto con el poder judicial.
Posible salida…
Hace semanas, en una reunión previa al lanzamiento del “reforzado” Plan Patria Segura, Teodoro Campos, Secretario de Gobierno del estado Lara, comentó en relación al problema del hacinamiento de los detenidos en la Comandancia General de la Policía del estado Lara, así como en cada uno de los Centros de Coordinación Policial dispuestos en la región, que existe un acercamiento con la responsable del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, producto de las recientes jornadas de diálogo entre Gobierno nacional y factores de poder regional y local.
Campos comentó que los más de 850 detenidos pasarían por revisión y que se buscaría una solución a la condición de hacinamiento que se vive en estos centros de detención. Según el Secretario de Gobierno, la reunión que sostendría con la viceministra de ese despacho, quien sería la delegada para hablar por la titular, se abordarían cada uno de los casos que requieren el traslado a un centro de reclusión nacional, ya sea de aquellos que tienen orden de aprehensión y que contemplan una sentencia o de quienes están siendo juzgado en privación de libertad.
Agregó que de antemano, Varela habría explicado que al término del Centro Penitenciario David Viloria, “muchos de estos detenidos serían trasladados hasta estas instalaciones… ninguno debe estar dentro de los calabozos de la policía (estadal)”.
De cualquier forma, dicha reunión supone el primer paso para resolver la situación que por muchos años, miembros del gobierno regional, con Henri Falcón al mando, han denunciado sobre la situación que se vive en dichas infraestructuras.
Sin embargo, aún no se conoce cuándo y en qué términos se llevará dicha reunión, y si los resultados se verán de forma inmediata.
