Misión Vivienda debe ajustarse al requerimiento ambiental

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Para 2012 el Instituto Nacional de Estadística había estimado que cerca de 7,5 millones de venezolanos necesitaban vivienda en el país. Cifra que entre soluciones habitacionales de la Gran Misión Vivienda, construcciones privadas paralizadas y nuevos hogares constituidos probablemente haya variado.

“Para vivir viviendo”, reza el eslogan del proyecto de Gobierno. No obstante, vale la pena considerar si se trata sólo de paredes y un techo o un conjunto de elementos que hagan de este un hogar cálido, sano, próspero y con miras a futuro.

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En tal sentido, especialistas ambientales se preguntan: qué significa vivir dignamente para los conjuntos residenciales privados, qué comprende para el macroproyecto de Gobierno que hasta el mes de julio había entregado 597.676 viviendas rescatar los espacios públicos y la funcionalidad del suelo y a qué se refieren las autoridades encargadas en la ordenación territorial y urbana al buscar que más familias disfruten de un hábitat digno, si las aguas residuales de uso urbano, industrial y habitacional son descargadas en cuerpos naturales como los ríos Turbio en Barquisimeto y Santo Domingo en Barinas, como el lago de Valencia y de Maracaibo.

Es tal el nivel de contaminación de este último que los ejecutivos regional y nacional han creado el Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), que luego de un año no ha recuperado en su totalidad la cuenca hidrográfica ubicada en la entidad vecina.

Por lo tanto, el especialista en materia ambiental Hildebrando Arangú, también profesor universitario, reprocha que ni siquiera los nuevos complejos habitacionales, públicos o privados, incluyan sistemas de tratamiento de aguas en sus proyectos. Citó soluciones habitacionales en Barinas, que vierten sus aguas servidas al Río Santo Domingo y la famosa recuperación y saneamiento del río Guaire, que sigue siendo caudal de desperdicios y putrefacción.

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Caso no tan distinto al río Turbio en Barquisimeto, donde son descargadas las aguas de cloaca de la ciudad, sin un tratamiento previo de estas, ocasionando la contaminación de sus aguas, misma que son utilizadas para uso agrícola, también en Portuguesa, Cojedes, y que se juntan con el río Orinoco.
El especialista señaló que parte de la problemática con aguas servidas y contaminación del río Turbio es responsabilidad, en primera instancia, del Gobierno, que no toma las previsiones y correctivos necesarios, y que tampoco planifica sobre el tema en sus planes de desarrollo urbano. “No se considera el tema ecológico y del agua como prioridad “, agregó

Asimismo, advirtió que los urbanismo, públicos y privados, contribuyen a la crisis al no incluir en sus proyectos sistemas de recolección, reutilización y tratamiento de aguas que aminoren el impacto y contaminación.

En tal sentido, comentó quelos venezolanos en su mayoría tienen vocación para construir sus propias casas y, por tanto, sería mejor invertir en mejoramiento y ofrecimiento de servicios, en vez de urbanismos.

“Se estima que el 70% de los venezolanos construyen sus hogares. Pero lo hacen donde tienen el terreno. Espacios que puede que no cuenten con servicios básicos de agua, luz y gas, lo que genera conflictos ambientales… Luego el Gobierno debe improvisar y construir sobre la marcha, sin tomar en cuenta previsiones como el tratamiento de aguas residuales”.

A su juicio, lo correcto sería preparar los terrenos, tomando en cuenta las referidas medidas ecológicas, y luego asignar las parcelas para que estos construyan, sin que se deban sustituir casas por rancho, provocando problemas de tipo ambiental y social.
Sobre las improvisaciones en materia de urbanismos citó un complejo privado al norte de Barquisimeto, donde se asisten los habitantes de un pozo que tiene capacidad límite y que generará posteriores conflictos.
En materia pública recordó que habitantes de Crespo se oponen a la habitabilidad del Aves de Yucatán, puesto que dichas familias se abastecerán del bosque Barro Negro, de donde también toman el agua. En Crespo temen quedarse sin agua de no producirse una segunda solución.

Advirtió que se debe hacer un mejor uso de las guas dulces, puesto que diversos poblados del país se surten de acuíferos que tienen vida límite.

Para hacer un mejor uso del vital líquido el Estado está en el deber de desarrollar políticas que permitan su aprovechamiento integral, respetando las fases del ciclo hidrológico y criterios de ordenación territorial. En tal sentido, la vegetación juega un papel importante, no sólo en su fase hidroatmosférica, sino también en el proceso de hidrogeología, de la cobertura vegetal que retiene y filtra el agua que cae de la lluvia.

Allí también reside la importancia del cuido de áreas bajo régimen de administración especial, expresado en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, que hace la salvedad de estas por ser áreas de Manejo Integral de Recursos Naturales.

Arangú advierte que el 83% de las aguas para consumo humano y el 40% de aguas para la actividad agrícola dependen de la preservación de parques nacionales y las zonas de protección que los bordean, por encima de la actividad económica y como parte de los principios socioeconómicos del país, fundamentado en los principios de justicia social, democratización eficiente, protección ambiental y otros, como lo establecen los artículos 112 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para manejar las aguas servidas se requiere del uso de tecnología, que permita reciclar y reutilizar. Esto supone generar sistemas de aducción para aguas grises y aguas servida por ejemplo, que aunque vayan a un mismo río posteriormente, representarían un índice de contaminación menor.

Como fue propuesto años atrás en el municipio Iribarren con apoyo del Ministerio de Ambiente, que en la intención de sanear el río Turbio asignó el referido proyecto a la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas (Enmohca).

Asegura que resolver con tecnología supone generar un sistema de aducción de aguas servidas, a fin de que las mismas sean tratadas.

Enmohca paralizada

Sobre el proyecto de saneamiento del río Turbio Raúl Sequera, presidente de Enmohca señaló que la obra se encuentra paralizada, ya que se agotaron los recursos y sólo alcanzaron a construir el 70% de los presentado en el proyecto.

Aseguró que esta obra es una de las principales prioridades, tomando en cuenta su envergadura y beneficios. No obstante, se encuentran a la espera de una nueva asignación de recursos que les permita culminar esta e iniciar el trabajo de tratamiento de las aguas servidas de Barquisimeto.

En tal sentido, Sequera advirtió que no son responsables de la no conclusión de la obra, sino la empresa asignada para tal trabajo. Han realizado las solicitudes correspondientes y se encuentran a la espera.

Respecto al caso Aves de Yucatán indicó que se encuentran trabajando en el colector de descarga de la parroquia EL Cují, para luego iniciar la instalación de la planta de tratamiento de la cual también se conectará el referido complejo habitacionales. De esta manera, las aguas grises y negras serían sometidas a un proceso de purificación que les permitiría verter las mismas la quebrada El Leandro.
De este proyecto se verían beneficiados 55 mil habitantes.

Agregó que trabajan en más de 40 obras en materia de agua potable para el estado Lara y que el Ministerio de Ambiente ha invertido más de Bs. 160 millones en acueductos para Juan de Villegas, Andrés Eloy Blanco y Simón Planas.

Responsabilidad ciudadana

El especialista en ambiente explicó que el cuido y resguardo de las aguas dulces también es responsabilidad de los ciudadanos, quienes, por ejemplo, no deben lanzar aceites a las tuberías, puesto que esto representa contaminación de las aguas.

Señaló que el problema no es sólo causa de una falta de vigilancia y aplicación de tecnología por parte del estado, sino que también se requiere de conciencia ciudadana, acompañada de un profundo proceso de educación ambiental, promoción de actitudes ecológicas y hábitos de consumo, a través de incentivos fiscales y otras medidas.

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