Con la resolución del Ministerio de la Defensa sobre las manifestaciones públicas y la manera de ser reprimidas, prácticamente se está legalizando la orden de matar gente, violándose flagrantemente el artículo 68 de la Constitución Nacional.
Así lo considera el abogado Miguel Peña, coordinador del partido Primero Justicia en la parroquia Santa Rosa.
Lo hizo en compañía de algunos líderes municipales de la organización, entre quienes se encontraban Inés Zabala, Isabel de Lima y Ricardo Soto.
Anunció que un equipo de juristas está preparando el recurso de amparo constitucional a ser introducido en los tribunales, así como en la Defensoría del Pueblo exigiendo la revocatoria de ese manual.
Peña calificó la resolución misma de “macabra y terrorista”.
Igualmente enfatizó que a Primera Justicia no les amedrentan con amenazas de ese tipo.
“Las amenazas sólo sirven contra los cobardes. Nos vamos a seguir viendo en la calle con la Constitución en las manos”, afirmó.
Dirigiéndose al Defensor delPueblo, le dijo que si no actúa se convierte en cómplice de la violación de los derechos humanos.
Con respecto a nuevas amenazas de persecución hacia Primero Justicia y a su líder Henrique Capriles Radonski, aclaró que tienen quince años siendo perseguidos y no han podido doblegarles en su tarea defensiva de la democracia.
