Sentirse obligado por cualquier circunstancia a requerir, de pronto, de una silla de ruedas para movilizarse, representa un duro golpe para cualquier persona, sobre todo si es joven, acostumbrada a valerse por sí sola.
En muchos países, los gobiernos, nacionales, regionales o municipales ,establecen normas destinadas a permitir a esas personas con alguna limitacióin, las mejores condiciones posibles para movilizarse.
En Venezuela, lamentablemente, salvo algunas excepciones, no ocurre igual, lo que convierte en hostiles las ciudades para los discapacitados.
Pese a las gestiones que instituciones de voluntarios adelantan para que esas personas disfruten de mejores condiciones de vida, poco se ha logrado, como se puede constatar cuando se autorizan habilitaciones de uso a construcciones sin disponer de rampas para el acceso de quienes andan en sillas de rueda.
“Todos merecemos una oportunidad. Queremos ser ciudadanos de primera, no ciudadanos de quinta categoría”, sostuvo María Gabriela Saap, una joven quien desde hace más de 20 años se moviliza en una silla especial y ha estado en lucha permanente por sus derechos, personalmente o a través de instituciones como Bandesir y FLAI.
“En otros países somos de primera; aquí nos tienen de último”, afirma, y se refiere a la falta de rampas en los edificios para que ellos no tengan problemas para acceder.
“No hay rampas, ni siquiera en edificios públicos, y cuando las hay, uno sube y se encuentra con escalones, es decir, quedamos en lo mismo”, agrega.
Igualmente faltan rampas para acceder a las aceras, incluso las de la avenida 20, que fue promocionada como modelo, pero frecuentemente se ven a personas en sillas de rueda requiriendo de la ayuda de otras para subir a las mismas y poder recorrer los comercios.
Otro problema es el transporte público, que no ofrece ninguna facilidad al discapacitado para utilizarlo.
“Los taxistan arrancan cuando ven a uno acercarse en silla de ruedas, aunque hay algunos, muy pocos, que se conduelen”, puntualiza.
Además, busetas y autobuses de las diferentes rutas no son aptas para personas con dificultades motoras.
Afortunadamente las unidades de Transbarca tienen espacios destinados a ellos, aunque siempre deben depender de otras personas para ubicarse finalmente por estar los mismos en un nivel más alto que el del acceso.
Otra de las dificultades que debe enfrentar se presenta en los estacionamientos para vehículos, continuamente ocupados por otras personas.
Está el caso de un centro comercial de la avenida Lara donde los puestos de estacionamiento destinados a vehículos de discapacitados, son ocupados por un establecimiento comercial y no ha habido autoridad que lo haga ver al responsable de la arbitrariedad.
Además, en los estacionamientos, públicos y privados, el 5% de sus espacios deben estar destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad, lo que tampoco se cumple.
María Gabriela es considerada una líder entre los suyos, quien no se cansa de luchar por quienes, como ella, deben depender de una silla de ruedas.
Sillas de ruedas tampoco hay, y si se consiguen son muy caras, no aptas para todos, sobre todo para gente de pocos recursos, y el Gobierno no los toma en cuenta para que puedan llegar a precios accesibles para toda clase social.
Constitución
Art. 81
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitarias. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas.
Ordenanza Municipal para Personas con Discapacidad
Municipio Iribarren.
Art. 22.- El Municipio garantiza la adecuación de los servicios públicos para las personas con discapacidad, en las viviendas, según su situación particular, atendiendo las normas internacionales y las normas de COVENIN.
Art. 26.- El Municipio implementará el pasaje gratuito de transporte urbano e interurbano para las personas con discapacidad.
