INFOGRAFÍA Empleados sufren consecuencias de la deuda “decretada” por el Gobierno

Rosmir Sivira/Infografía: Omar David Suárez/Fotos: Archivo |

No toda disposición presidencial conlleva beneficios, ni todos los beneficios se otorgan en igualdad de condiciones. Par de semanas atrás, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, decretó aumento salarial del 30% en sueldo mínimo y ajuste de la base de cálculo del bono de alimentación, para un salario integral de Bs. 33.636. Dos meses antes hizo lo mismo ajustándolo 20%.

Aunque en 17 meses se han decretado seis aumentos de salario mínimo, algunos trabajadores venezolanos aún perciben pagos del pasado. Ocurre con alcaldías y gobernaciones del país, que denuncian, ni siquiera, haber recibido recursos para honrar ajustes salariales de marzo, en contraposición al personal activo, pensionado y jubilado de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que por decreto presidencial N° 2.314 publicado en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.226, de fecha 5 de mayo del presente año, se les asignó Bs.145.479.359.458,00 para dicho fin.

Los reclamos se hacen escuchar en todo el territorio nacional. Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), calificó como “grave” que “a casi medio año, el Gobierno no haya enviado dichos recursos a alcaldías y gobernaciones… cuando son los trabajadores quienes necesitan de esos salarios y tickets de alimentación”.

Expresó que “es el Gobierno el que hace que existan problemas a nivel laboral”. Además, subrayó que si decretan el aumento, lo deben cumplir, para no seguir con “una política de remiendo que golpea el bolsillo ya afectado del venezolano”.

La entidad larense no escapa de esta realidad, tanto gobernación como alcaldía de Iribarren no podrán pagar en el mes del trabajador el nuevo salario decretado.

Erick Valles, secretario general de gobierno en Lara, declaró al respecto que la gobernación de Lara está preocupada, motivado a que el Gobierno nacional no ha realizado la contraprestación del recurso para honrar los referidos pagos. Apuntó que no se oponen a los incrementos, sin embargo el 95% de sus ingresos, depende del Situado Constitucional enviado por el Gobierno nacional, dinero que reciben las regiones de una partida equivalente a un máximo del 20% del total de los ingresos ordinarios, estimados anualmente por el Fisco Nacional.

-Al anunciarse un incremento del salario mínimo, primero en marzo y luego en mayo, junto con aumento del cestaticket, se afecta gravemente las gobernaciones.

Por su parte, Charlie Virgüéz, director del departamento de Recursos Humanos de la alcaldía de Iribarren, precisó que el factor que agrava la situación en 2016 es el “incremento desproporcional del ticket de alimentación.. desalarizándose los sueldos” y el ingreso de los venezolanos.

Agregó que el déficit que registra la alcaldía se profundiza con la crítica condición del sector industrial local, ya que el 90% del presupuesto que manejan, se obtiene de los tributos al municipio. Subrayó el caso de una reconocida empresa cervecera, que anunció recientemente el cese temporal de operaciones.

Sueldos desfasados

Aunque el actual salario mínimo es de Bs. 15.051 y el bono de alimentación de Bs. 18.585, cerca de 34.000 empleados de la gobernación de Lara y otros 5.000 de la alcaldía de Iribarren, percibirán en el mes de mayo, Bs. 11.577,81 (salario de marzo de 2016) y Bs. 6.750 (bono de alimentación de noviembre de 2015) por los conceptos mencionados.

El secretario general del gobierno de Lara indicó que la gobernación solo está en condiciones de cancelar este salario, porque los recursos se tomaron del excedente de final de 2015, enviado entre febrero y marzo del presente. El monto dispuesto fue de Bs. 600 millones.

“Lo preocupante de los recientes decretos han sido los aumentos en el valor de cestaticket. La gobernación requiere de Bs. 5.000 millones para cancelarlos a sus trabajadores”, refirió.

Sobre el déficit que actualmente registra la gobernación de Lara, a fin de pagar a sus empleados el salario mínimo integral actualizado, estimó que se necesitan aproximadamente Bs. 9.000 millones. Recordó que los mencionados ajustes de salario inciden en vacaciones y aguinaldos, asimismo detalló que el bono de alimentación ha incrementado 150%.

Virgüéz explicó que en el caso de la alcaldía, al realizar la formulación del presupuesto ordinario de 2016, en octubre de 2015, se incluyó en una primera instancia el salario mínimo vigente de Bs.7.421,68 que luego se ajustó a Bs. 9.648,18. No se estimaron los ajustes salariales de marzo y mayo, ni la modificación en el bono de alimentación, que en cuatro meses y dos incrementos pasó de 1.5 UT a 3.5 UT.

Para el mes de marzo el déficit municipal ascendió a Bs. 500 millones, sin considerar los movimientos de tabulador, por ser el salario mínimo referencial del mismo. Con el aumento de mayo, el déficit escaló a Bs. 1.000 millones, de los cuales Bs. 708 millones corresponden sólo a tickets de alimentación.

Para asumir el ajuste, sólo de salario mínimo, la alcaldía de Iribarren también tomó Bs. 83 millones de situado constitucional, para asumir deudas por este concepto de Bs. 171 millones.

Otro aumento

Valles no descarta la posibilidad de que se decrete otro aumento salarial en el año, tal y como lo planteó el presidente. En este sentido, expresó que mientras más tarde reciban los recursos, los trabajadores resultarán cada vez más afectados, motivado a los altos índices inflacionarios.

Expresó que estos aumentos generan una alta expectativa en los trabajadores. No obstante, ni gobernaciones ni alcaldías están en condiciones de asumirlos, sin que el Estado envíe los recursos.

Por su parte, Virgüéz, señaló que “si siguen decretando aumentos y no envían el dinero, se genera insolvencia de la alcaldía con sus trabajadores”. Indicó que estas medidas “asfixian” a los entes estadales, “para convertirlos en pagadores de nómina”, cuestión que rechazan, ya que tanto alcaldías como gobernaciones se deben no solo a su personal, sino también a los ciudadanos que esperan disfrutar de servicios públicos y otros beneficios.

Visitas a Caracas

Tanto gobernación como alcaldía han acudido, junto con sindicatos y trabajadores, a Caracas, a objeto de solicitar los recursos correspondientes.

Valles recordó que en par de ocasiones, primero en abril y luego en mayo, el gobernador de Lara, Henri Falcón, junto con su personal administrativo y sindicatos, viajó a la capital para presentar ante la vicepresidencia de la República oficios de solicitud de recursos para la cancelación de los ajustes de salario mínimo integral.

Además de relatar que en mayo dicha comisión fue víctima de agresiones, señaló que en la dirección del despacho, se les informó que los recursos serán enviados, sin embargo, se desconoce la fecha y monto de dicha operación.

La municipalidad ha hecho lo mismo. El director de recursos humanos de la alcaldía, recordó que en abril visitaron Caracas, a objeto de consignar oficios ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Ministerio de Finanzas, Ministerio de Interior y Justicias y la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), referidos al déficit de marzo.

Tras incremento del mes de mayo, el alcalde Alfredo Ramos, junto a dirección de presupuesto y representantes sindicales de empleados y obreros de la Alcaldía, retornó a la capital, para el mismo fin.

La información recibida por la alcaldía de Iribarren, de manera extraoficial, por parte de funcionarios de la Onapre fue que no estaba previsto el desembolso de recursos para alcaldías ni gobernaciones.

El secretario regional de gobierno recordó que en 2014 recibieron créditos especiales destinados a salario mínimo y cestatickets, como debiera ocurrir con cada decreto de este tipo y como lo solicitan en el presente, a fin de permitir a gobernaciones y alcaldías hacer mejor uso del situado constitucional, incluyendo esto beneficios laborales y otros.

Sindicatos piden recursos

Como “una deuda heredada por el Gobierno nacional”, califican representantes sindicales de gobernación y alcaldía, los compromisos que mantienen los ejecutivos regional y local con empleados.

Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), expresó que como representante de los trabajadores rechaza estos aumentos por ser insuficientes. “En estos 17 años de Gobierno solo han decretado aumentos que benefician a un grupo de trabajadores… Salarios de hambre con una inflación que podrá alcanzar 700% y una Canasta Alimentaria, imposible de comprar”.

Criticó que el Gobierno nacional envíe recursos a unas cuentas instancias de la administración pública, “como si se tratara de trabajadores de primera y de segunda”, siendo los trabajadores de gobernaciones y alcaldías los más afectados.

Subrayó que el movimiento sindical es conciencie de que aumentos de sueldo sin medidas económicas que realmente protejan esto, son inútiles.

En opinión de Marín, bajo las actuales condiciones, gobernaciones y alcaldías deberían decretar cierres técnicos, ya que los sueldos que devengan sus trabajadores son insuficientes, incluso para costear gastos de transporte.

Por su parte, José Colmenárez, dirigente sindical de Obreros de Institutos Educacionales de Lara (SOIE), señaló que hacen seguimiento de los recursos que recibe el gobernador, pero están conscientes de que el Consejo Legislativo de Lara (CLEL) es otra “alcabala” a superar.

-Estamos dispuestos a regresar a Caracas y si es posible ir hasta Miraflores a solicitar los recursos, porque fue el mismo presidente quien los decretó… Si los aprobaron en gaceta oficial es porque cuentan con ellos.

Indicó que la crisis económica arropa a todos los venezolanos y eso genera cada vez más angustia en ellos. “El dinero no nos alcanza, se generan falsas expectativas y no encontramos alimentos ni medicinas”, indicó. Subrayó que con cada aumento decretado suben los precios del mercado hasta 70%, sin embargo, ellos no gozan de los beneficios de dichos dictámenes presidenciales.

Al respecto, Wilfredo Escobar, presidente del Sindicato de Trabajadores de Institutos Proveedores de Salud en Lara, subrayó que la dirigencia sindical en la entidad larense, ha planteado al Ejecutivo regional: informarles con cuánto dinero cuentan para pagar el bono de alimentación y calcular este bajo su actual valor, a fin de conocer hasta qué mes del año les alcanza, mientras se espera que el Gobierno nacional envíe los recursos; cancelar bonos únicos a los trabajadores, según su niveles, para compensar la tardanza en los ajustes de tabulador; estudiar la posibilidad de pagar un porcentajes de bonificación de fin de año para el mes de agosto, a objeto de dar un paso adelante a la inflación; y exhortar al CLEL que autorice a la gobernación a hacer uso de recursos dispuestos para casos de emergencia.

Por parte de la alcaldía de Iribarren, Alba Torrealba, presidenta del Sindicato Único de Empleados (Sudemadi), manifestó que ni el reciente, ni anteriores anuncios de aumento salarial, los reciben con alegría, porque además de tardíos en su pago, se hacen insuficiente por los efectos de la inflación.

Torrealba es de la idea de que alcaldes y gobernadores deben activarse y ejercer mayor presión. Insistió que si deben regresar a la capital para hacer sus reclamos, lo harán.

En este sentido, José Gregorio Pérez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Iribarren (Sutramau), refirió que si bien aplauden todo beneficio que se otorgue a los trabajadores, en el caso de gobernaciones y alcaldías se sienten “burlados”, por los retardos en el envío de los recursos. Subrayó que los sindicatos seguirán luchado por la reivindicación de este pago y no por ser de uno u otro partido político. Con sus acciones no defienden a alcaldes ni gobernadores, protegen sus puestos de trabajo y el sustento familiar.

Formuló un llamado a gobernaciones y alcaldías de todo el país a alzar la voz y hacer un reclamo generalizado por esta problemática.

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