La directiva de la Asamblea Nacional alertó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretende vulnerar los principios de autonomía e independencia de los Poderes Públicos, al despojar a la Asamblea Nacional de la facultad para defenderse a sí misma y supeditarla a la Procuraduría General de la República.
Así lo advierte un comunicado emitido este miércoles, donde el Legislativo declaró nula la actuación judicial, por violar la Constitución y el Reglamento de Interior y de Debates, y así mismo señaló que responderá con las medidas a que haya lugar.
«La Asamblea nacional ejercerá los mecanismos que estén en su alcance, en el orden interno e internacional, para la defensa de sus atribuciones y para que esas responsabilidades sean establecidas», señaló el documento publicado en la web de la AN.
La sentencia en cuestión es la N° 473, del 14 de junio pasado. En la misma, explica la AN, «se declara que el Presidente de la Asamblea Nacional no puede otorgar poderes de representación judicial, ya que la facultad que expresamente le otorga el Reglamento Interior y de Debates (art. 27, numeral 1), se limitaría a ciertos ámbitos o asuntos y no comprendería, según la Sala Constitucional, el conferimiento de poderes para actuar en juicio». Además, denuncia el legislativo, dicha sentencia afirma que «la representación judicial de los órganos del Poder Público corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que cualquier órgano del Estado que pretenda ejercerla debería contar con una sustitución —o autorización- emanada del Procurador», señala el texto.
La Directiva ejercida por los diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla, calificó la actuación del TSJ como «insólita».
«Lo primero que debemos destacar es la consecuencia institucional que tal sentencia lleva consigo: la Asamblea Nacional, como órgano constitucional que ejerce el Poder Legislativo Nacional, habría sido privada de la facultad de defender en juicio las leyes u otros actos que apruebe», alertaron.
Tras señalar que es «absurdo» que la única posibilidad de defensa de la Asamblea Nacional recaiga sobre la Procuraduría General de la República, órgano que actualmente responde al Ejecutivo, la Directiva advirtió:
«La sentencia mencionada infringe gravemente el orden constitucional y democrático y cercena el derecho a la defensa en juicio de la Asamblea Nacional, y lo hace en una decisión en la cual también se amenaza con sancionar al Presidente de la Asamblea Nacional ante el supuesto de incumplimiento de unas medidas cautelares absolutamente nulas», señala el comunicado.
Finalmente, alertaron que en virtud de que «todo lo anterior configura la grave extralimitación de funciones», donde la Sala Constitucional «ampara a su vez una usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por la Procuraduría General de la República», la Directiva así declara que esta actuación «comporta la nulidad absoluta de los procesos que se adelanten y de las decisiones que se dicten en tal situación de indefensión. La nulidad de estos actos no obsta sin embargo la responsabilidad penal, civil o administrativa de quienes han perpetrado tan seria violación al orden constitucional».
