Gobierno sigue practicando viejos esquemas

Rosmir Sivira/Foto: Archivo |

A principio de año, el Gobierno nacional mostró deseos de reunirse con empresarios venezolanos y representantes del sector productivo. Durante varios meses los anuncios en materia económica, fueron  encabezados por uno de ellos, Miguel Pérez Abad, quien con motivo del Decreto de Emergencia Económica  fue designado como Ministro de Industria y Comercio y vicepresidente de Economía Productiva.

Meses después, y tras hacer mención de que las empresas expropiadas debían ser retornada a sus dueños  por motivos productivo, el también expresidente de la Federación de Industriales, pequeños, medianos y artesanos de Venezuela (Fedeindustrias), fue relegado de su cargo y puesto al frente del Banco Bicentenario, decisión que expertos han calificado como la “pérdida de una valiosa  oportunidad”.

Así lo considera Orlando Zamora, exjefe de  la unidad de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV), quien piensa que al apartar a Pérez Abad de la toma de decisiones se “echaron al piso significativos avances”. Señala que “se perdió la oportunidad de lograr el consenso y se volvió al viejo sistema”, puesto que al dar más poder al ministro de defensa, Vladimir Padrino López, el  sólo “buscan mostrar autoridad”.

Sostiene que desde entonces representantes gubernamentales sólo hacen referencia al trabajo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa que calificó como “demagógico, insuficiencia y contradictorio”.  La falta de propuestas concretas, comenta, despierta incertidumbre en la población venezolana.

Sobre este punto también fue consultado el especialista en producción agroalimentaria, Rodrigo Agudo, quien manifestó que la población presenta descontento por la falta de acceso a los alimentos. “El Gobierno está apremiado por la presión social… Ya no sabe cómo explicarle a la población la realidad, que no es otra que los administradores fueron ineficientes”, señaló.

-El Gobierno no acepta la opción de reflexionar o reconsiderar que tomó un camino equivocado, por eso están haciendo de Venezuela agua y están dispuestos a ahogarse en ella. Más allá de las posiciones políticas, los gobiernos deben convivir en las discusiones, pero no en  la diatriba de darle preferencia a lo ideológico y  por encima de la necesidad de soluciones a los problemas reales.

 

Evaluación de los cambios

En opinión de  Zamora se debe evaluar el cambio de una política económica, encabezada  por Miguel Pérez Abad, en  un programa instrumentado por el economista Francisco Rodríguez y con el apoyo de Mercado Común del sur (Mercosur), a través del cual se pretendía flexibilizar la economía, lo que comprendía liberar los precios de los principales rubros  y  ajustar el tipo de cambio al equilibrio, haciéndolo atractivo para inversionistas.

-No hay la mínima duda de que el Estado ya no cuenta con recursos, por problemas como la caída en la producción de PDVSA que depende cada vez más del BCV.

Relató que al inicio del programa, con la toma de decisiones “contundentes”, entre estas la sinceración de precios, reaparecieron en el mercado algunos productos, sumado a que con el planteamiento de las Divisas Complementarias (Dicom),  se desplazó la tasa de cambio hasta más de Bs. 600. No obstante el sistema no generó confianza, por no fluctuar en el mercado libre.

Dichos efectos ocasionaron una discusión interna, tras lo cual, sectores del esquema tradicional retomaron  las riendas del Gobierno, presionando al presidente Nicolás Maduro, a abandonar  el programa.

Zamora sostiene que, como consecuencia y por  no tomar medidas que eviten el deterioro económico, la inflación superará la experiencia de 2015.

 

Sólo quedan los CLAP

En vista  del grado de dificultad para detener la inflación, el Ejecutivo ha mantenido  y agudizado sus intervencionismos,  a través del Decreto de Emergencia Económica, que actualmente brinda mayores poderes al  presidente de la República, quien además desconoce la Asamblea Nacional (AN) para la discusión de presupuesto y el refinanciamiento de deudas importantes. También  gana el poder de intervenir con  cercanía en la actividad privada, a través del derecho de garantía de reserva del ingreso de particulares.

Zamora enfatizó que existe una mayor militarización, en especial sobre la distribución de alimentos,  “limitada ahora con fines ideológicos”. En tal sentido, subrayó que el Estado no está en capacidad de satisfacer la totalidad de las demandas de la población.

Indicó que el nuevo ministro de industria y comercio, Carlos Faría, ha hecho referencia a la existencia de 16.000 CLAP en el país. No obstante, si la población venezolana es de más de 29 millones de habitantes, cada  comité debería satisfacer la necesidad de aproximadamente 1.800 personas.

Dicho planteamiento sería contrario a las declaraciones de Freddy Bernal, alcalde del municipio Libertador en Caracas y jefe nacional de los CLAP,  quien manifestó  con este programa atienden a 6 millones de personas.

El exjefe del BCV y analista económico explica que de ser así, y de dividirse este entre los 16 mil comités, estos sólo abastecen 364 personas, cada uno, lo cual evidencia una profunda contradicción  y desatención de una parte importante de la población.

Expresó que los CLAP han sido “sobredimensionados” y que, además, han generado un severo malestar en la población, por lo que continuamente se registran manifestaciones de calle en rechazo, incluso en lugares donde el chavismo era electoralmente victorioso.

Al respecto, Agudo comentó que el gobierno acabó con la producción nacional, con el falso paradigma de que siempre tendrían dólares. Al no contar con alimentos de producción nacional ni importados, también zanjó con la oferta, por lo que no hay alimentos para distribuir. Allí radicaría el problema venezolano, por lo cual los CLAP serían “injustificados”.

A esto sumó que “cada seis meses” un vocero distinto asegura que habrá abastecimiento de alimentos, como recientemente lo hizo Bernal, pero dichas promesas ya no las cree la población.

Sostiene que el problema es estructural. Sin embargo, el Ejecutivo no adopta las medidas necesarias para no reconocer su fracaso.

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