El Consejo Nacional Electoral hace lo que quiere Nicolás Maduro: no hacer elecciones porque sabe que las pierde.
Eso explica, el coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática y de Avanzada Progresista en Lara, Pablo Álvarez, que ahora salga la rectora Socorro Hernández amenazando con la Asamblea Nacional Constituyente como pretexto para impedir el proceso comicial que permita la escogencia de gobernadores e integrantes de los consejos legislativos en todos los estados.
No puede esa funcionaria alegar la aplicación del artículo 349 de la Constitución para que la Constituyente decida si hay o no elecciones de mandatarios y legisladores regionales.
Porque, previamente al anuncio por parte del Presidente de la República de convocar una constituyente, ya el CNE había decidido celebrar las elecciones de gobernadores y diputados de los legilslativos para diciembre de este año, comicios que fueron suspendidos el año pasado deliberadamente porque ya sabía el Gobierno que perdería en todo el país.
Al haber aceptado el decreto de convocatoria a esa Constituyente, el Presidente Maduro violó la Constitución porque él, como firmante de ese texto que debe regir la vida del país, sabe perfectamente que antes debe ser consultado el pueblo para determinar si está o no de acuerdo con la elaboracióuna nueva Constitución o su modificación. Y, por supuesto, también comete el mismo delito el Consejo Nacional Electoral porque como poder autónomo no puede someterse voluntariamente a los designios del jefe del Ejecutivo Nacional.
Inconstitucional, por tanto, es esa convocatoria y, naturalmente, la escogencia de los constituyentistas porque ha sido el propio Maduro quien desconociendo el texto constitucional ha establecido unas bases comiciales totalmente absurdas e inaceptables, por cuanto elimina el voto universal, directo y secreto, ya que lo sectoriza por una parte y lo territorializa, por otra.
La consulta soberana del 16 de julio demostró que más de 7 millones y medio de personas, espontáneamente, sin apoyo del CNE, ni de la Fuerza Armada, pudieron expresar su voluntad soberana de pronunciarse por un cambio de gobierno porque claramente está rechazando la situación por la cual atraviesa la mayoría de la población.
Esta crisis no va a ser solucionada por una nueva Constitución, porque la vigente contempla derechos elementales para la alimentación, la salud y los servicios. Y la responsabilidad de que los problemas se hayan agravado ha sido la de este Gobierno, que ha demostrado incapacidad, ineficiencia y, además, ha derrochado los recursos y sigue ofreciendo las mismas promesas que nunca ha podido cumplir.
El CNE no ha dado a conocer el cronograma para las elecciones regionales y tampoco ha actuado diligentemente para que se cumpla ese proceso, ya que ha anunciado una etapa de pre-inscripciones de candidatos. Mientras los días avanza y la población pide elecciones, ahora busca un pretexto para dilatar los trámites y deja como excusa la Constituyente para que decida si habrá o no comicios.
La Mesa de la Unidad Democrática, en general, y Avanzada Progresista, en particular, consideran que es necesario escuchar el clamor del pueblo, el cual se traduce en un cambio de gobierno y en el acatamiento a las disposiciones constitucionales.
Avanzada Progresista estima que lo indispensable para ir solucionando la crisis es la conformación de un gobierno de unidad nacional, para evitar que la violencia hunda el país.
Rechazamos todo tipo de violencia y nos pronunciamos por la actitud cívica, pacífica, democrática, electoral, legal y constituciona, que es el rumbo que ha tomado la inmensa mayoría del pueblo, que es el soberano.
