La querella de este gobierno es contra la Constitución, porque ésta diseña un poder limitado, distribuido, institucional y al servicio del pueblo.
Los cancilleres de trece países de América Latina, el Caribe y Canadá, declararon en Lima lo que los venezolanos sabemos, porque lo padecemos. El gobierno de nuestro país rompió con la Constitución, al desconocer las reglas que ella impone, algo incompatible con los compromisos de buena conducta democrática que en nombre de Venezuela suscribió, como lo hicieron los demás miembros de la OEA y Mercosur por sus respectivos estados.
El golpe continuado a la Asamblea Nacional legítimamente electa, con la complicidad del poder judicial al máximo nivel, demuestra que no acepta el régimen la separación de poderes prescrita en la Constitución. Y ahora, lo mismo ocurre con el juicio sumarísimo a la Fiscal General de la República.
La manipulación político-partidista de la Fuerza Armada, indica claramente su rebeldía ante la Constitución, cuyo artículo 328 prevé una FAN “sin militancia política” que en su desempeño “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Los gobiernos paralelos, el cercenamiento de competencias a gobernaciones y alcaldías, la discriminación cuando no la asfixia presupuestaria, las inhabilitaciones de Capriles, Guarulla y otros, así como el cuadro municipal de alcaldes presos, perseguidos, acosados Todo ello evidencia la incomprensión radical a la pauta constitucional del Estado Federal y Descentralizado.
La desobediencia a la Constitución es patente, así mismo, en el menosprecio a los derechos humanos. De eso se trata la llamada constituyente. Dos años sin Constitución. Manos libres para hacer y deshacer a su antojo. Olvidando el más alto de los deberes, constitucionales y políticos, de todo gobernante: El poder es para servir, no para servirse.
