La Asociación Civil Súmate denunció que el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente han dejado sin representantes en el Parlamento a los ciudadanos de 11 municipios y 7 parroquias del país, que conforman los cuatro circuitos electorales que quedaron sin diputados luego de las sentencias que ha dictado el máximo tribunal del país en contra del Poder Legislativo desde que los parlamentarios fueron electos en 2015.
Estas medidas han violado el derecho a elegir de 1.275.716 electores que forman parte de los más de 14 millones de venezolanos que democráticamente eligieron a la actual Asamblea Nacional, a la que le han desincorporado a una parte de sus diputados de manera arbitraria y al margen de la ley, lo cual se traduce en una grave violación a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y atenta contra la democracia venezolana.
Tales diputados son: Julio Harón Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzama, electos por el circuito 1 de Amazonas que abarca los municipios Ature, Atabapo, Autana, Alto Orinoco, Maroa, Manapiare y Río Negro; también Freddy Guevara y Juan Andrés Mejía, quienes fueron escogidos en 2015 por los votantes del circuito 2 de Miranda, conformado por Chacao, Baruta, El Hatillo y la Parroquia Leoncio Martínez de Sucre.
Entre los nueve parlamentarios víctimas de la persecución se encuentran Henry Ramos Allup y Ramón López, electos por el circuito 3 del Distrito Capital, integrado por las parroquias San Agustín, San Pedro, San José, San Bernardino, La Candelaria y El Recreo, del municipio Libertador. Y por el circuito 5 de Táchira, conformado por el Municipio San Cristóbal, están Sergio Vergara y Rosmit Mantilla.
La primera estocada que recibió el Parlamento electo por sufragio libre, secreto y universal de más de 14 millones de venezolanos en 2015, fue la anulación de la elección del estado Amazonas por parte del TSJ a pocos días de los comicios celebrados en diciembre de ese año, anulando la participación y dejando sin diputados a 102.449 electores.
Desde entonces se ha vuelto una política de Estado tratar de desmantelar el Parlamento, de mayoría opositora al régimen de Nicolás Maduro, ya sea a través de la persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o por la vía institucional, usando al Tribunal Supremo y a organismos ilegítimos como la Asamblea Nacional Constituyente.
Desde 2017, se ha violado la inmunidad de 19 diputados (16 principales y 3 suplentes) violando el artículo 200 de la Carta Magna que establece que el fuero parlamentario solo puede ser allanado por la Asamblea Nacional.
Desde Súmate recordamos que en el segundo aparte del artículo 200 de la Constitución Nacional señala: …“Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.»
El TSJ y la ANC han configurado una práctica de persecución que ha dejado a ciudadanos de cuatro circuitos del país sin diputados en la Asamblea Nacional, interfiriendo con el ejercicio de los derechos políticos específicamente el de la participación de los ciudadanos en la formación,
ejecución y control de la gestión pública, contemplada en el art. 62 de la Constitución, y expresado a través de la representación que realizan los parlamentarios por cada uno de los electores de sus respectivas circunscripciones.
Actualmente son 24 diputados principales y 5 suplentes las víctimas de este andamiaje que los ha llevado al exilio o asilados en embajadas, a estar bajo medidas cautelares e incluso en la cárcel.
Desde Súmate alertamos a la sociedad civil nacional y a la comunidad internacional sobre la intención de desmantelar la Asamblea Nacional, poder legítimo de origen que representa la voluntad popular.
