Hung: Cobro en registros y notarías atrasan la recuperación económica y social del país #3Jun

Juan Bautista Salas | Foto: Archivo IMP |

El aumento de los derechos de registro y notarías es un efecto más de la falta de estado de derecho, donde reina la corrupción y el afán del gobierno de oprimir a los ciudadanos, aseguró  Roberto Hung Cavalieri, abogado y profesor de derecho constitucional, quien agrega que estas exigencias carecen de base legal.

«Entre las irregularidades que más destacan, está la creación de tasas sin que ellas estén previstas en la ley, ya que solo por acto de rango legal y no mediante resoluciones o providencias pueden fijarse, lo que además de poder constituir el delito de exacción ilegal en el que estarían incurriendo los registradores y notarios que emitan las planillas, puede exigírselas además de la responsabilidad penal, administrativa y civil«, señala el abogado.

Hung resalta que al exigir a los funcionarios las bases legales y determinación de los montos, se limitan a indicar que eso lo arroja el sistema y no refieren a norma alguna en las que estén previstos tales conceptos, viéndose afectados desde quienes vayan a otorgar un poder, registrar una venta, hasta inscribir un parcelamiento o una hipoteca, siendo víctimas de prácticas extorsivas y expolio que son propios de sistemas cleptocráticos, que más allá de los casos particulares afectan gravemente el desarrollo del país.

«Desde el año 2001 cuando se modificó por primera vez el régimen de las normas que rigen la actividad, se han producido constantes violaciones de todo tipo y que dan lugar a las perversiones que hoy en día los ciudadanos padecen, como la corrupción, falta de seguridad jurídica, abuso de poder, generación de miseria, y muchas otras graves consecuencias, las cuales si no se abordan jamás podrá recuperarse el país» aseguró el jurista.

Cabe destacar, que en el año 2004 la Sala Constitucional declaró la nulidad de un artículo que atribuía que esas tasas las fijaba el presidente, señalando que es una función del legislador y no de algún funcionario de inferior jerarquía.  Además, el profesor en derecho constitucional señala que estas nuevas fijaciones afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos. 

PUBLICIDAD

Comentarios

Comentarios