Venezuela debe ser una sociedad de instituciones sólidas y tribunales independientes que censure y castigue los excesos y los delitos, vengan de quien venga, afirmó el presidente saliente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, durante el acto inaugural del Congreso Anual de Conindustria, realizado en la sede de la Universidad Metropolitana, en Caracas.
Precisa el dirigente empresarial, que es la institucionalidad la que crea el entorno en el cual muchos ciudadanos pueden, por cuenta propia, sobresalir. Esa institucionalidad tiene que ser el sostén que delimite o/y establezca los parámetros de las fronteras, fuera de las cuales la política no puede admitir acciones.
“Con esto quiero decir que el juez final deben ser la Constitución y las Leyes, que se hacen respetar mediante instituciones sólidas y no a través de unas fuerzas armadas pretorianas, como es actualmente en Venezuela y como ha sido a lo largo de nuestra historia, desde la independencia de España”.
Destacó que también ha aprendido que el Estado no puede ser productor de nada. No solo porque el Estado es un terrible empresario y un gerente incapaz, como lo ha demostrado suficientemente durante la época de la democracia y en la época de la revolución, sino que un Estado que se paga y se da el vuelto, excluye la muy necesaria rendición de cuentas ante el ciudadano al cual se debe.
La producción debe estar en manos de muchos que compiten entre sí. Este concepto de un Estado que no es empresario, es extensible a la construcción y mantenimiento de infraestructura y en gran medida a la educación y la salud.
Otra lección aprendida es que el futuro de nuestro país, en el siglo 21, no se construirá sobre petróleo, si bien aún nos quedan unos años para obtener beneficios de éste.
Advierte que si la economía no es capaz de crear prosperidad sostenible y niveles de vida material crecientes para los ciudadanos, continuaremos dando un tumbos en el futuro.
Una transición liberadora
Señala que estas lecciones son las que dan pie a este Congreso, agregando que todos ansiamos una transición liberadora, en la cual se recuperen los derechos que constituyen una democracia, se consoliden las prácticas de las garantías de las que gozan los ciudadanos que viven en democracia y, en la que la sociedad recupere y ejerza las exigencias de rendición de cuentas y respeto a las reglas del juego, propias de democracias sólidas.
Recordó Olalquiaga, que en democracia hay derechos, pero sobre todo hay deberes. Uno de los deberes principales es el de la planificación del futuro, sobre bases realistas, sensatas y conservadoras. “No sobre la improvisación y el voluntarismo, o como hizo el madurista Manuel Quevedo, quien celebró una misa para solicitar a los santos el aumento del volumen de producción de petróleo, con mis respetos a la fe religiosa”, expresó.
En pasados Congresos de Conindustria, dijo el dirigente gremial, nos hemos paseado por examinar el futuro de la industria petrolera, por presentar propuestas para la industrialización y lo que nosotros llamamos reindustrialización, por examinar los conceptos sobre los cuales se fundamenta una economía progresista, en la cual la empresa privada sea el vehículo de inserción social y de desarrollo.
“El que confíe que dentro de 20 o 30 años el petróleo será nuestra principal exportación y que sobre esa exportación seremos un país moderno y de progreso, le aconsejo un cable a tierra. Y, para que dentro de 20 o 30 años estemos exportando principalmente productos de alto valor agregado, debemos pensar que la transición política debe estar acompañada con la inserción en la industria”.
