#OPINIÓN Las voces de Penélope: Gente que anda por ahí #20Sep

Marisela Gonzalo Febres | Ilustración: Victoria Peña |

Seguimos sufriendo en todos los ámbitos de la peor incapacidad, es decir, la de no comprender que todos somos iguales. Legítimo es preguntarse hoy , cómo está la situación del respeto o de violación de los Derechos Humanos, de un conjunto de personas, dentro del cual prevalecen niños y jóvenes de diversas procedencias, quienes permanecen marginados aunque hayan sido tomados en consideración a la hora de redactar la Constitución Nacional, mediante una Ley, que dice tener por objeto, “regular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia”.  Ley decretada en la Gaceta Oficial No.38.598 en Caracas, cuya fecha,  5 de Enero de 2007, pudo ser un regalo adelantado y traído a lomo de camello, por los Reyes Magos, a la enorme población infanto juvenil que ayer y hoy, sufre los rigores de quienes parecen incapacitados para comprender que todos somos ciudadanos iguales ante la ley. 

Dentro del panorama vergonzoso del descenso de la calidad de la educación, insisto en señalar que aún dentro de la enorme crisis educativa, este sector recibe con mayor fiereza los efectos de un trato discriminatorio.  Según el artículo 16 de la ley citada,  “Toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación” , eliminándose la edad como  requisito en su condición de personas con discapacidad para ingresar o permanecer, en centros o instituciones educativas , tales como los “… institutos de educación regular básica, media, diversificada, técnica o superior, formación preprofesional o en disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo”.

Dos artículos más allá, se afirma que, “El Estado regulará las características, condiciones y modalidades de la educación dirigida a personas con discapacidad, atendiendo a las cualidades y necesidades individuales”.  Sobran familiares, amigos y conocidos con discapacidad, que nunca supieron la obligación del Estado Venezolano de darle  “…acceso de las personas sordas o con discapacidad auditiva a la educación bilingüe que comprende la enseñanza a través de la lengua de señas venezolana y el idioma castellano.”

No es difícil imaginar que no hubo ni habrá por lo pronto, ni una  política pública para atender eficientemente a los discapacitados auditivos, ni la formación de largo alcance, pública o privada de terapeutas lingüísticos. Sólo hubo programas e instituciones aisladas. Nunca se operativizó la incorporación adecuada, ni a las llamadas escuelas de señas para sordos, ni a las llamadas “bilingües”. Mucho menos en las regulares. 

Los Derechos Humanos del amplio sector de venezolanos con discapacidad auditiva, se violentaron de manera acelerada, con el deterioro del sistema educativo venezolano. Se  agudizó el problema del sordo hablante, con la insensibilización de los maestros hacia el alumno discapacitado en general y a la invisibilización del problema y sus consecuencias. Hoy, aproximadamente el 80% de la población sorda acusa analfabetismo funcional.

A comienzos del año 2000, en Barquisimeto y Caracas se constituyeron equipos de especialistas en audiología que incluían cirujanos especializados que practicaron implantes cocleares, donados por diversos entes públicos o privados. El problema estuvo en que no se contó en general, con un buen número de verdaderos especialistas en el área de terapia lingüística, ni con seguimiento institucional de los implantados y sus familias. Las calibraciones y primeras terapias se realizaban en Caracas y en muchos casos, eran de carácter privado, costosas por cuanto incluían honorarios, traslado y alojamiento. El procesador del implante sólo se conseguía a través de la única fundación, autorizada para hacer las compras de divisas para su adquisición en el exterior y el control de cambios impuesto por el gobierno desde el 2003, impidió la adquisición y renovación de los equipos.  (baterías, cables, partes del procesador). Esto trajo como consecuencia, que muchos niños no se “oralizaron”, permaneciendo en el limbo auditivo aunque ostentaran las huellas de una intervención y de un equipo, que en otro país los  hubiera llevado de la mano a la oralización escolarizada.  

A su vez, la ausencia de sensibilización en los niños de los colegios y escuelas regulares, los convierte en practicantes del bullying escolar sobre cualquier estudiante que sufra algún tipo de discapacitación. Los efectos se traducen como mínimo, en timidez, inseguridad  y retraimiento que  les lleva a comportarse “como si” no oyeran nada, replegándose sobre sí mismos en un intento de autoprotección psíquica. Si añadimos que los pocos centros especializados del país, algunos funcionan como cotos cerrados,  entenderemos  por qué terminan siendo una experiencia frustrante, al basarse en rígidos sistemas de enseñanza que no individualizan las necesidades de los niños y jóvenes o que por no contar con presupuestos adecuados,  ni variedad de docentes especializados, terminan reuniendo  en  un mismo salón, diversas edades y discapacidades, como pérdida auditiva, autismo y con retraso mental, por ejemplo.  

A estas alturas del problema, es posible pensar en una sociedad que respete los derechos humanos primordiales de todos, a partir de formas concretas de sensibilización que solucione problemas, cuya visibilización ha de terminar siendo un asunto de humanidad y ciudadanía ejercida. Como leyera en alguna parte que ahora no recuerdo: “Una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír.”

Marisela Gonzalo Febres

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