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Comisión de Encuesta OIT: En Venezuela, el ejercicio de la actividad sindical constituye un “alto riesgo” #15Oct

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Empleadores y trabajadores de las distintas centrales sindicales, acordaron unir sus esfuerzos para lograr que el Gobierno de cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que hace un par de meses estuvo en Venezuela, según anuncio hecho en conferencia de prensa.

En efecto, Fedecámaras, organización empleadora reconocida por la OIT como la más representativa del país, junto con las organizaciones sindicales independientes(CTV, Unete, Fetrasalud) informaron hoy a la opinión pública del contenido del Informe emitido el pasado 17 de septiembre, por la Comisión de Encuesta designada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el procedimiento de Queja según el art. 26 de su Constitución, denominado: “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”, el cual se pronuncia sobre las violaciones del Gobierno denunciadas por Fedecámaras y más de 30 organizaciones empleadoras en la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo del año 2015, referidas a los Convenios 26 (sobre los
métodos para la fijación del salario mínimo), 87 (sobre libertad
sindical y derecho de sindicación) y 144 (sobre consulta tripartita),
ratificados por la República.

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Luego de casi 20 años de denuncias ante los distintos órganos de control de la OIT, en los cuales el Gobierno desoyó los múltiples exhortos a cumplir los Convenios, el caso llegó a su máxima instancia, al acordarse en marzo de 2018, la conformación de una Comisión de Encuesta, constituyendo ésta la número 13 en los 100 años de historia del organismo internacional.

Los miembros de la Comisión, designados en junio de 2018, analizaron los alegatos de los empleadores querellantes, del Gobierno y de los testigos de organizaciones sindicales de trabajadores llamados al proceso, prestados bajo el juramento de la Corte Internacional de Justicia.

La Comisión, en el informe emitido recientemente, resaltó además de la violación de los derechos sindicales que estos se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que éstos carecen de sentido cuando no existen tales libertades.

La Comisión identificó un “persistente hostigamiento a Fedecamaras y a sindicatos no afines al Gobierno, que afectan la existencia y la acción de organizaciones libres e independientes y el desarrollo de un diálogo social de buena fe, en un ambiente de confianza y respeto mutuo”.

También resaltó la Comisión la situación de impunidad en los hechos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e intimidación contra las organizaciones sindicales, pues no son esclarecidos, ni determinadas judicialmente las responsabilidades del caso, y la administración de justicia es tan lenta que los procesos se perpetúan, irrespetando el derecho a la tutela judicial efectiva; lo que representa una gravísima vulneración de las garantías de libertad sindical consagradas en el Convenio 87.

Cuestionó que el Gobierno configure actividades propias del ejercicio de gremial y sindical como un delito, así como el sometimiento de dirigentes civiles a la jurisdicción militar.

La Comisión lamentó no poder descartar que, hechos de violencia física o material, o la restricción de la libertad de expresión contra dirigentes sindicales, hayan ocurrido como consecuencia de su actividad sindical y gremial, con la intención de “impedir, disuadir o reprimir su realización”.

La Comisión concluye que ejercer la actividad sindical en Venezuela constituye un “alto riesgo” y determina que “el Gobierno es responsable de tomar las medidas para asegurar que las actividades gremiales y sindicales legítimas puedan tener un desarrollo pleno y libre de violencia en el país, sin injerirse en las mismas”.

La Comisión hizo referencia a la falta de cooperación durante el procedimiento de los organismos de seguridad del Estado (SEBIN,
DGCIM, CICPC, FASE y GNB), al no presentar los recaudo solicitados, al igual que lamentó la reticencia de la Fiscalía a entregar información esencial para la realización de sus averiguaciones de modo completo y objetivo, todo lo cual, en un contexto generalizado de violencia y acoso, hace presumir que los órganos de seguridad del Estado actuaron en muchos casos, con un objetivo represivo y disuasivo, en grave vulneración de los derechos humanos, las libertades civiles y la libertad sindical.

La Comisión determinó numerosas violaciones a los convenios internacionales 87, 26 y 144 que fueron reflejadas en el informe elevado a la consideración de la OIT.

En consecuencia, la Comisión emitió las siguientes Recomendaciones al Gobierno:

1) Cesar de inmediato el clima de violencia, amenazas, persecución,
estigmatización, intimidación o agresión contra personas u
organizaciones sindicales, permitiéndoles ejercer sus actividades
gremiales, incluyendo su participación en el diálogo social con
todas las garantías;

2) No utilizar los procedimientos judiciales y las medidas cautelares y
sustitutivas para coartar la libertad sindical, incluido el
sometimiento de civiles a la jurisdicción militar;

3) Liberar, de inmediato, a todo empleador o sindicalista que pudiese
permanecer en prisión en relación con sus actividades legítimas;

4) Investigar sin dilación y determinar responsabilidades sobre los
autores materiales e intelectuales de los hechos que impiden el
ejercicio de la libertad sindical.

5) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el Estado de derecho,
en particular, la separación de poderes.

6) Asegurar el pleno respeto de la autonomía de las organizaciones
sindicales y suprimir todo acto de favoritismo o injerencia en las
organizaciones de empleadores y trabajadores.

7) Eliminar, en la legislación y en la práctica, todas las disposiciones
o instituciones incompatibles con la libertad sindical.

8) Organizar programas de formación con la OIT para promover la
libertad sindical, la consulta tripartita y el diálogo social para
funcionarios públicos y organizaciones sindicales.

9) Cumplir con la consulta obligatoria prevista en los Convenios 26 y
144 y cesar en la exclusión del diálogo social a FEDECAMARAS
y a las organizaciones sindicales no afines al Gobierno.

10) Establecer procedimientos de consulta tripartita efectiva u
otras formas institucionalizadas de diálogo social, a cuyo fin se
recomendó al Gobierno la creación de 3 mesas de diálogo las cuales
deben constituirse antes del Consejo de Administración de la OIT
de marzo de 2020:
a) una mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las
organizaciones representativas;
b) una mesa de diálogo entre las autoridades y FEDECAMARAS
c) una mesa con las organizaciones de trabajadores representativas

Estas mesas deben contar con un cronograma de reuniones y una presidencia independiente que tenga la confianza de los actores tripartitos, así como con la presencia y asistencia de la OIT, a solicitud de cualquiera de éstos.

Las recomendaciones son de cumplimiento inmediato y deben ser aplicadas, sin más demora, a más tardar el 1º de septiembre de 2020. Cierra su Informe la Comisión de Encuesta señalando que el diálogo social ha de operar como herramienta tanto para hacer frente a las transformaciones del mundo del trabajo y a las necesidades del desarrollo económico sostenible, como para contribuir a la democracia, la reconciliación nacional y la justicia social para una paz y prosperidad duraderas en Venezuela.

La OIT se mantiene a la disposición de los actores tripartitos del país para facilitar y acompañar este proceso. Los progresos sobre estas recomendaciones serán supervisados activamente por los órganos de control de la OIT y el Gobierno debe presentar los avances sobre la aplicación de los Convenios ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) para su examen en la reunión de noviembre-diciembre 2020.

El Informe de la Comisión de Encuesta será considerado por el Consejo de Administración de la OIT el 6 de noviembre de 2019. Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la OIT, una vez notificado el Informe por el Director General al Gobierno, éste dispone de 3 meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones y, en caso de no aceptarlas, si desea acudir a la Corte Internacional de Justicia.

El Informe refleja cómo los ataques a las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores se han traducido en un profundo deterioro en el tejido empresarial, en los trabajadores, en las relaciones laborales y en el sistema político, económico, jurídico y social del país, conduciendo a un enorme debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia en el país.

La trascendencia del informe

Ciertamente, el Informe configura un antes y un después en la
construcción de las relaciones de trabajo en Venezuela y constituye
un paso determinante para recomponer la vida laboral y social del
país.

La Comisión de Encuesta ha cumplido su cometido, con creces, al emitir este Informe que reconoce con diáfana claridad, la realidad nacional, identificando las debilidades presentes en materia de derechos civiles y sindicales y del estado de derecho en el país.

Quedará en manos del Gobierno y de su voluntad política, dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta para iniciar de inmediato el proceso de restitución de las libertades ciudadanas, civiles y sindicales por tantos años vulneradas en Venezuela.

El sector sindical independiente del país y Fedecámaras, como organización sindical más representativa de los empleadores, expresamos nuestra firme disposición y compromiso en la recuperación de Venezuela.

Esperamos que la instalación de las mesas de diálogo recomendadas por la Comisión de Encuesta, constituya un punto de partida para construir un gran acuerdo nacional que nos conduzca a una mejora sustancial en la capacidad productiva y en el bienestar de la población y así superar la grave crisis política, económica y social que vive Venezuela.

En esta reunión estuvieron participando, Ricardo Cusanno, presidente de Fedecamaras; José Elías Torres, Secretario General de la CTV, Servando Carbone, directivo de UNETE; Pablo Zambrano, de Fetrasalud, entre otros.

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