Sin procedimientos ni pruebas siguen quebrando el entorno de Guaidó

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El 13 de enero de 2019 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La detención duró unas horas e incluso el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez aseguró que la acción fue totalmente arbitraria.

Aunque Guaidó no ha vuelto a ser detenido, la administración de Maduro ha tomado otras medidas como el allanamiento a su inmunidad, el bloqueo a sus cuentas bancarias y una citación por parte de la Fiscalía, como parte de una investigación en su contra, luego de que el militar retirado Clíver Alcalá asegurara que había un plan atacar a Maduro. 

Pero como parte de un cerco, los miembros del equipo de trabajo de Guaidó, sus familiares y allegados de sus trabajadores también se han convertido en víctimas, al ser detenidos poco a poco por la administración de Nicolás Maduro. 

Hasta el momento 10 personas del entorno de Guaidó han sido detenidas por funcionarios del Sebin, Dgcim y FAES, en procedimientos irregulares donde no hay orden de detención y no se les permite tener contacto con familiares o abogados.

Jorge Rodríguez ha sido el vocero principal de la administración de Maduro, en confirmar y presentar supuestas pruebas de delitos cometidos por estas personas. El primer caso es el de Roberto Marrero, quien fue detenido el 21 de marzo de 2019 por funcionarios del Sebin. 

Rodríguez aseguró que Marrero estaba organizando el pago de unos sicarios traídos desde Centroamérica, para matar gente en el país. Luego el 23 de marzo, los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), detuvieron al abogado y primo de Guaidó, Juan Planchart. 

El ministro de Comunicación lo señaló de ser un “operador financiero” de un plan terrorista en contra de Nicolás Maduro.

El 12 de julio las FAES fueron tras Erick Sánchez y Jason Parisi, miembros del equipo de seguridad de Guaidó, quien calificó el hecho como un secuestro y que se llevó a cabo, mientras el presidente encargado hacía una gira por el estado Trujillo.

Ambos fueron acusados – de nuevo por Jorge Rodríguez – de vender armamento robado de la Fuerza Armada Nacional. “Tenemos testimonios en videos de todo el proceso para la compra y venta de estas armas, tenemos el testimonio en audios porque la operación que se desarrolló implicaba que dos individuos denominados Erick Miguel Sánchez Azuaje y Jason José Parisi Castrillo, además de Eduardo Javier García González, habían tomado esas armas y pensaban venderselas a alguien por el monto de 35.000 dólares”, expresó el ministro.

Segunda parte del cerco a Guaidó

Después del mes de julio, el entorno de Guaidó no sufrió caídas, aunque luego del alzamiento militar del 30 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia emprendió un proceso de allanamiento de inmunidad contra 36 diputados de la Asamblea Nacional, que tuvieron que salir del país, protegerse en embajadas en Caracas o pasar a la clandestinidad.

Pero después de 6 meses el cerco en contra de Guaidó se reinició con el allanamiento a sus oficinas, ubicadas en la Torre Zurich en el Rosal, Caracas. El 21 de enero funcionarios del Sebin, ingresaron al sitio e impidieron el acceso a los diputados. 

La diputada Adriana Pichardo (VP-Aragua) denunció que eran al menos 10 funcionarios encapuchados y solo les notificaron que estaban haciendo un “procedimiento”. Sin embargo desde ese día nadie puede entrar a las oficinas.

Posteriormente en febrero con la finalización de la gira internacional de Guaidó y su regreso a Venezuela, el Sebin detuvo a su tío, Juan José Márquez. En este caso, Diosdado Cabello, presidente de la constituyente, lo acusó de ingresar explosivos al país. 

“Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4″, dijo Cabello.

Tap Portugal – aerolínea en la que viajó Guaidó, su tío y el resto del equipo – negó las acusaciones, pero la administración de Maduro decidió suspender sus operaciones en Venezuela por 90 días. 

El 29 de marzo las FAES detuvieron a Víctor Silo y Rómulo García, aunque su objetivo era llevarse a Rafael Rico, asistente del presidente Guaidó. Este hecho se dio además dos días después de que Estados Unidos emprendiera una acusación formal contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros de su administración, por narcotráfico.

Pero en este caso fueron las FAES los que dieron información y aseguraron que a Silo y García se les encontró armamento y marihuana en el vehículo.  

Al día siguiente sujetos desconocidos se llevaron detenida a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico. Fue liberada horas después, aunque Juan Guaidó denunció que la desnudaron, agredieron y amenazaron con violarla.

Las últimas detenciones se dieron el 2 de abril, esta vez por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) contra Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente Guaidó y Maury Carrero, quien trabaja para el exconcejal de Baruta, Luis Somoza, quien forma parte del equipo de la Asamblea Nacional.

En estos últimos tres casos no hubo información oficial por parte de la administración de Maduro. El sábado, 4 de abril, Quijada y Carrero fueron presentados en tribunales y acusados de terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos, y ocultamiento de menor cuantía de drogas.

La ex eurodiputada, Beatriz Becerra indicó que Demóstenes Quijada y Víctor Silio tienen también nacionalidad española. Por eso hizo un llamado al presidente español, Pedro Sánchez y el alto representante de relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, para que exigieran su liberación.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento del gobierno de España sobre estos casos, mientras que el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero alertó que desde que inició la cuarentena en Venezuela han detenido a 33 personas por motivos políticos.

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