Es momento de hacer justicia: Especialistas hablan del impacto causado por informe de la ONU

Luis Miguel Rodríguez - @unluismiguel | Foto: The Wynwood Times |

Tras la publicación del informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que relata los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, y la difusión de otros documentos elaborados por la CIDH, OEA, Human Rights Watch, entre otros organismos, creen especialistas y defensores de los derechos humanos que es momento para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) formalice una investigación y las naciones del mundo actúen sobre los hechos que se presentan en Venezuela.

Así opinaron varios expertos en el foro de “Encuentros por Venezuela”, que fue organizado por la Cancillería del gobierno interino a través de una plataforma digital.

Además de los estudiosos en la defensa de los derechos, el debate también contó con la presencia de Meudy Osio y Waleska Pérez, esposas del político Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo respectivamente, quienes fueron torturados y asesinados por las fuerzas policiales del régimen de Maduro. Ambas esperan que las denuncias no se queden “solo en el papel” por lo que alzan su voz para que se haga justicia.

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Por su parte, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en su participación que actualmente “hay muchos informes que han trabajado constantemente en conocer en qué consiste el deterioro de lo que alguna vez fue un estado de derecho como Venezuela”, y recalcó que este último difundido por la ONU “es muy poderoso” y “los crímenes no son aislados”.

“A Maduro se le será muy difícil sostener que estos crímenes son aislados y no estaban en su conocimiento, es la excusa de los dictadores cuando pierden el poder y deben enfrentar a la justicia”, expuso el jurista, al tiempo que recordó que dicha estrategia fue utilizada por los abogados del exdictador chileno Augusto Pinoche en su defensa. “Tarde o temprano, esos responsables deberán rendir cuentas y este informe será vital para sustentar esos procesos que buscan la justicia”.

Posteriormente, Katya Salazar, abogada peruana y Directora Ejecutiva de DPLF, mencionó en su intervención la necesidad de que, tras la publicación del informe de la ONU, la Corte Penal Internacional avance a una investigación formal; que otros países se motiven a abrir investigaciones penales; y que sirva como documentación para eventuales procesos penales en Venezuela contra altos funcionarios del régimen. “El impacto del informe de la ONU debe ser una fuente privilegiada de información también para futuras investigaciones que, esperamos, se lleven a cabo en Venezuela en algún futuro”.

Aunado a esto, advirtió Salazar sobre la relación existente entre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, y que fue mencionado en el informe.

“El informe dice expresamente en su punto 116, que muchas de las personas entrevistadas, miembros y exmiembros del gobierno, han señalado que el aprovechamiento de los recursos del Estado es una de las principales motivaciones para cometer estos delitos atroces”, dijo Salazar, subrayando la necesidad de hacer seguimiento a esta caso.

Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), además de compartir lo expuesto por Vivanco y Salazar, recordó que los Estados “tienen obligaciones bajo tratados de ejercer su justicia universal”, por tanto, alega que es momento para que la comunidad internacional tome acciones contra la violación de los derechos humanos en Venezuela, un país que, a su juicio, no puede hacer justicia por sus propias manos.

“En Venezuela no hay poder judicial y se ha desmantelado la democracia y el Estado de Derecho”, afirmó Ayala.

Entre otros expertos que integraron el foro se encontraba Julio Borges, Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores; Angelina Jaffé, experta en derecho público internacional; Miguel Pizarro, Comisionado Presidencial para las Naciones Unidas; Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz en Venezuela; y Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.

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