Un total de 46 nuevos ataques se registraron en octubre contra entes defensores de DD.HH. en Venezuela #18Nov

Juan Bautista Salas | Foto: Archivo IMP |

Se registraron en el mes de octubre de 2020, 46 nuevos ataques e  incidentes de seguridad en Venezuela, lo que evidencia la agudización de la Política sistemática de criminalización a la defensa y exigencia de derechos que pretende calificar a los defensores como enemigos internos  del Estado que deben ser neutralizados, denunció el Centro  para  los  Defensores  y  la  Justicia  (CDJ)

En el informe se destaca la continuidad de los ataques, especialmente la estigmatización asociada a la criminalización de la cooperación con  mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos y los   intentos de deslegitimar la labor de la documentación y denuncia  realizada por las organizaciones. Demostrando un claro incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar   el derecho a defender derechos.

Sobre la base de dicha situación, resaltan las restricciones y continuidad de los obstáculos para las organizaciones, con ocasión del estado de alarma  vigente desde el 13 de marzo de 2020, destacando que en lugar de generarse medidas para garantizar la protección efectiva de la población se ha  acentuado el autoritarismo y las medidas de control social.

Defender y exigir DDHH labor de riesgo en Venezuela

Advierten que como se ha venido denunciando anteriormente, defender y  exigir derechos humanos en Venezuela se ha constituido como una labor  de  riesgo. La existencia de leyes restrictivas y aplicación de medidas fácticas facilitan la criminalización basada en la lógica del enemigo interno.

En este marco se siguen imponiendo medidas que restringen, obstaculizan  y afectan  el  desarrollo  de  las  actividades  de  quienes defienden derechos humanos. 

La reducción del espacio cívico y democrático, sumado a las medidas de  control social y la profundización de la Emergencia Humanitaria  Compleja, agravada por la pandemia de la COVID-19, generan un entorno  adverso y hostil en el cual quienes defienden derechos humanos deben  realizar  sus  actividades expuestos a graves riesgos que pueden  comprometer  la operatividad de las organizaciones y su vida e integridad.

Adicionalmente, la inexistencia de una política pública y mecanismos que  promuevan la defensa de derechos humanos como derecho reconocido por el derecho internacional, coadyuva a la falta de condiciones para defender derechos en el país sin temor a represalias y en entornos propicios y   seguros. Asimismo, contribuye a la impunidad frente a los abusos  cometidos contra los defensores y evidencia la falta de condiciones para ejercer una labor legítima.

A pesar de las adversidades y los riesgos, las personas y organizaciones  siguen elevando denuncias y  haciendo exigencias para la implementación de correctivos y medidas que garanticen el derecho de los venezolanos a vivir con dignidad y que contribuyan a  la  materialización  de  los  derechos  a  la  verdad,  la  justicia  y  la reparación.

La respuesta del Estado sigue siendo la criminalización a la defensa  e  derechos humanos, restringiendo y obstaculizando arbitrariamente las acciones emprendidas para procurar el respeto de los derechos humanos en el país. Se ha pretendido amedrentar y   silenciar   al   movimiento   de   derechos   humanos   a   través   de mecanismos  legales  y  actos  de  violencia,  destacando  entre  las principales formas  de  ataque  la  estigmatización, los  actos  de intimidación y hostigamiento, ataques   digitales, allanamientos ilegales, amenazas, malos tratos y tortura,  detenciones arbitrarias y apertura de procesos de judicialización.

Ataques a defensores de DDHH

 Los nuevos  ataques  e  incidentes  de  seguridad  documentados  en octubre   evidencian   la   consolidación   de   la   política   de criminalización  y  hostigamiento  en  contra  de  quienes  exigen  y defienden derechos.

Del  total  de  los  ataques  documentados  en  octubre,  31  estuvieron dirigidos hacia las organizaciones derechos humanos. Destacando organizaciones   como   el   Programa   Venezolano   de   Educación Acción  en  Derechos  Humanos  (Provea),  Transparencia  Venezuela, Foro Penal y en general las organizaciones que han cooperado con mecanismos   internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la elaboración de un informe sobre graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Mientras  que  15  de  los  hechos  fueron  individualizados  contra personas   defensoras   de   derechos   humanos.   Del   total documentado  en  este  período  destacamos  que  9  de  los  hechos estuvieron dirigidos contra mujeres defensoras, revela el informe del CDJ.

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