Un total de 1.350 protestas registró el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) en el 2020, lo que refleja un incremento del 31,2% con respecto al año precedentes, elevándose a 1.141 desde que se inició la cuarentena en el es de marzo.
Lara es la tercera entidad con más protestas durante el mes de diciembre, con 14, colocándose como ejemplo de la gravedad de la situación de la salud en Lara, que en la Maternidad del Hospital Universitario, Antonio María Pineda, una sola enfermera puede atender hasta 80 pacientes entre madre e hijos.
En efecto, la pandemia por la COVID-19 no impidió que el descontento de los trabajadores llegara a las calles. El confinamiento ni el distanciamiento físico recomendados por las autoridades como medidas de protección para evitar el contagio, frenaron las manifestaciones públicas.
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin, contabilizó 1.350 protestas en 2020, 31,2% más que al cierre de 2019. Solo en diciembre se dieron 80 protestas, las cuales totalizaron 1.141 desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo.
Destaca la información, que la mayoría de los reclamos en el año estuvieron relacionados a la necesidad de hacer mejoras tanto en el salario (83%) como en las condiciones de trabajo, entre estas, el cumplimiento de las convenciones colectivas (48%).
Estas demandas fueron acompañadas de la exigencia de un cambio de gobierno, ya que los trabajadores consideran que de esta forma se pueden propiciar políticas para la generación de empleo productivo.
El sector educación concentró los reclamos de diciembre con 21%, seguido de industrias básicas (16%), y salud (15%). Educación y salud protagonizaron el mayor número de conflictos no solo del último mes del año, sino de todo 2020, con una participación de 32% y 21%, respectivamente.
Las entidades donde se presentaron más conflictos en el último mes del año fueron Distrito Capital (21%), Bolívar (15%) y Lara (14%). Los trabajadores del sector público estuvieron al frente de 79% de los reclamos, y hubo presencia sindical en 35% de los casos.
Además de las precarias condiciones en las que se labora en Venezuela en el sector público de la salud (escasos o inexistentes insumos e infraestructura que se cae a pedazos), la ONG Médicos Unidos de Venezuela da cuenta de 295 trabajadores sanitarios fallecidos hasta el 30 de diciembre, como consecuencia de la Covid-19.
La situación es tan extrema que en la maternidad del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Barquisimeto-Lara), una sola enfermera puede atender hasta 80 pacientes, entre madres e hijos.
La migración a otros países o a clínicas dentro de Venezuela es notable. Sueldos que apenas llegan a 10 dólares no les permite a sus trabajadores cubrir las necesidades básicos. La Canasta Alimentaria de los Trabajadores del Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (Cenda), se ubicó en noviembre en 188,31 dólares.
El personal de las empresas básicas de Guayana (Bolívar) rechazó -con manifestaciones- la deplorable situación en la que se encuentran. Un salario casi inexistente y un sinnúmero de trabajadores muertos por falta de atención médica, insumos y equipos, mientras el Estado mantiene deudas incalculables con las clínicas, centraron los conflictos del sector.
En la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), sus dirigentes sindicales fueron víctimas de amedrentamiento, hostigamiento, persecución y encarcelamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro, que busca aniquilar el movimiento sindical.
El movimiento “La unidad en la coincidencia” considera que todas las empresas básicas de Guayana tienen más del 70% de sus trabajadores con las fichas desactivadas, impidiéndoles así el paso a sus puestos de trabajo, además del desconocimiento de los beneficios laborales conquistados en las contrataciones colectivas.
La lucha por la reivindicación social de los docentes no se detuvo en 2020, año que ha sido el más crítico por la falta de condiciones para poder enseñar a distancia, como pidió el gobierno una vez que decretara la cuarentena.
En el sector petrolero no cesaron los pronunciamientos para que se respeten los derechos de los trabajadores. Un centenar de jubilados de Pdvsa protestó en Monagas, en demanda de los intereses y el reintegro en dólares de los haberes en el fondo de pensión, recursos que fueron desviados durante la gestión de Rafael Ramírez al frente de la estatal petrolera.
Al final, la apatía de la clase obrera que trabaja para el gobierno se evidenció en el poco apoyo a la campaña electoral y luego en los comicios legislativos del 6 de diciembre. En los centros de votación hubo baja afluencia y aunque el partido gobernante logró el control de parlamento, recibió menos votos que en procesos electorales previos.