Un total de 115 nuevos ataques se registraron en el mes de abril, en el país, de acuerdo con el informe del Centro para la Defensa de la Justicia (CDJ) lo que evidencia que continúan en aumento las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la Emergencia Humanitaria Compleja.
Asimismo, en la misma proporción se incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en el país.
En el in forme se indica que cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela, se vuelve el entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de la COVID-19, revela el CDJ,
Las organizaciones continúan siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población, entre otros. Asimismo, aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.
Se denuncia que el Estado venezolano avanza, respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional.
Ante la profundización de la Política de Criminalización, y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos.
Providencia N° 001 restringe y controla a las ONG
Durante abril se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia por la Covid-19.
Como parte de la reducción del Espacio Cívico y Democrático el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.
Defensa y exigencia de DDHH en Venezuela labor de alto riesgo
Las organizaciones y personas defensoras se enfrentan a un contexto cada vez más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus labores bajo el amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El aumento de la represión y la reducción al espacio cívico y democrático, representa un grave obstáculo al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario. La profundización del control social ejercido por el Estado y la sistematicidad de la Política de Criminalización representan una grave amenaza para la sociedad civil.
