COFAVIC: El Estado debe cumplir su obligación de proteger a la población civil sin más dilaciones #16Jun

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos de violencia ocurridos recientemente en La Vega, donde hubo pérdida de vidas humanas, exige a través de un comunicado, la Organización No Gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos (COFAVIC).

Se destaca que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana.

La ONG ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas.

El texto del comunicado de COFAVIC expone: 

El 12de junio de 2021 fueron presuntamente detenidas 38 personas y dos funcionarios policiales resultaron heridos en la comunidad de La Vegan1; hasta la fecha se desconoce si existen víctimas mortales a consecuencia del operativo de seguridad allí realizado, en el que participaron presuntamente 1420 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lo que generó un contexto de terror generalizado y afectó principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El día 14 de junio se vivió un nuevo operativo en el sector, durante el cual resultaron fallecidas dos personas de la comunidad, quienes, según se conoció extraoficialmente, habrían sido producto de “balas perdidas”.

Hasta la fecha, no se conoce si las autoridades iniciaron investigaciones sobre estos casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad en esta zona popular de la capital.

Es importante resaltar que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana. En el mes de enero, entre los días 06 y el 09, esta misma comunidad fue víctima de un operativo similar, el cual ha sido considerado uno de los más letales hasta el momento. Durante los hechos de enero, fueron presuntamente asesinadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al menos 20 personas por presunta “resistencia a la autoridad”. En el operativo participaron 650 presuntos funcionarios policiales, de varias unidades, de las FAES y de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB 4. En relación con este operativo, la organización Amnistía Internacional señaló: “El análisis de la evidencia fotográfica apunta a que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales habría sido intencionalmente letal, lo cual no se apega a los estándares sobre uso de la fuerza. El hecho de que las heridas se hayan producido en zonas de probable letalidad, y que se trate de una o dos heridas de balas en cada caso, hacen menos creíble la versión de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento”. El 24 de mayo se reportó una nueva incursión policial en la comunidad de La Vega, en la que presuntamente resultaron heridas tres personas, una de ellas un joven de 16 años que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza6, lo que días después le provocaría la muerte.

La sistematicidad de los ataques sufridos en la comunidad de La Vega durante lo que va del año 2021ha afectado mayoritariamente a la población civil desarmada y la falta de una línea contundente de investigación que procese a responsables de la ejecución de estos mecanismos de seguridad ciudadana, en todos sus niveles de participación, pueden dar motivos razonables para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ello, estos hechos deben cesar sin dilaciones y deben ser abiertas investigaciones eficientes, independientes y conclusivas que muestren una clara voluntad del Estado de no auspiciar ni encubrir estos graves casos.

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, COFAVIC ha realizado un monitoreo de manera independiente a escala nacional de la situación de derechos humanos, en particular, del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales. Con esta metodología hemos registrado un total de 12738 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 2012 a marzo de 2021. En los últimos cuatro años completos monitoreados (2017 a 2020) el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido de 6623 casos registrados a escala nacional.

Las cifras demuestran que, sistemáticamente, las víctimas son hombres (99%),jóvenes, menores de 25 años (80%). El 60% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales sucede durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana, que implican despliegues de fuerzas militares y policiales, en algunos casos, con participación de grupos armados civiles que actúan bajo la aquiescencia del Estado. Las víctimas en su mayoría residen en sectores muy vulnerables, como las denominadas barriadas pobres de zonas urbanas del país.

Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellas mismas al intentar intervenir o solicitar información. Entre los patrones de actuación identificados en los referidos operativos de seguridad destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias, así como la simulación de presuntos enfrentamientos y la “siembra” de evidencias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.

COFAVIC ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas. Las familias desplazadas internas, huyen por temor a represalias y por el desamparo institucional. Estas personas son especialmente vulnerables dado que huyen en búsqueda de seguridad y protección, lo que les obliga a dejar atrás sus proyectos de vida, a lo cual se suman las dificultades por la pandemia de la COVID-19.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado a:

1.Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.

2.Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes.

4.Proteger la integridad de las personas civiles que hacen vida en la comunidad de La Vega y zonas contiguas, quienes durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectadas de manera directa e indirecta.

5.Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.

6.Cumplir con la recomendación formulada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas referida a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales(FAES)