Fue una conspiración la destitución y el juicio a CAP

A juicio de innumerables analistas políticos tanto los intentos de golpes de Estado, la
destitución y el posterior juicio al presidente Carlos Andrés Pérez, fueron a todas luces
una serie de acciones orquestadas en una de las conspiraciones más interesantes de
la historia contemporánea de Venezuela, en donde participaron fervientes enemigos,
pero también acólitos de uno de los líderes más carismáticos registrados por la historia
nacional.
Sería extenso analizar los detalles de aquella confabulación en una crónica
periodística, pero basta con leer a uno de los mejores analistas en materia y quien
fuera testigo de excepción de la estrepitosa conjura contra CAP, como lo es Héctor
Alonso López, egresado de la Universidad Central de Venezuela, ex diputado al
Congreso Nacional hasta 1998, hombre con insondable experiencia en las lides
políticas, cercano a CAP y por supuesto al entorno del aciago momento que marcaría
un antes y un después con asoladoras consecuencias políticas que hoy tienen rango
de apocalípticas para Venezuela.
Obviamente, en torno al poder siempre ha existido intereses que subyacen en lúgubres
intensiones y en el caso de CAP, por ser un líder indiscutible, era lo que sobraba.
Héctor Alonso López anota que el país vive el terremoto más largo de su historia desde
el 21 de mayo de 1993 hasta hoy. Sigue y seguirá haciendo estragos. Y hay muchos
que aún se preguntan dónde comenzó.
Para él, la conspiración se concretó obviamente con el juicio a CAP en donde
puntualiza que el Senado de la República en mayo de 1993, votó a favor de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia para iniciar el juicio a CAP.
“De los 39 que votaron a favor 28 eran de AD, y solo hubo 4 excepciones Leopoldo
Sucre Figarela, Luis Vera Gómez, Ildemaro Villasmil y José Luis Rincón”.
En cuanto a los magistrados, que en su criterio fusilaron a CAP en 1993 en la CSJ
destacan: Gonzalo Rodríguez, Alirio Abreu Burelli, Josefina Calcaño de Pemelta,
Carmen B Romero, Juvenal Salcedo, Ismael Rodríguez Salazar, Hidelgar Rondón de
Sansón, Rafael Alfonso Guzmán, Roberto Yépez.

Subraya López que entre los magistrados que salvaron su voto en la sentencia contra
CAP, figuraron: Luis Enrique Farías Mata, Cecilia Gómez Sosa. Alfredo Ducharne,
Carlos Trejo Padilla, Anibal Rueda y Héctor Grisanti Luciani.
Y afirma que de esos magistrados que votaron contra CAP, la que más llamó la
atención, mucho después, fue la Dra. Idelgar Rondón de Sansón, convertida en
«poderosa» representante jurídico de la PDVSA de Hugo Chávez en todos sus
negocios, pues era la suegra del ministro y presidente de la estatal petrolera, Rafael
Ramírez.
Pero una revelación de López dejará por sentado pequeños detalles de que la conjura
se gestaría dentro de las filas de Acción Democrática, el propio partido de CAP que lo
expulsará súbitamente con abrumadora mayoría la noche del 20 de mayo de 1993.
“Sostuve una reunión con el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro gracias a la gestión
de un amigo común que era su compadre y me confirmó que Alfaro Ucero conocía de
la sentencia. Allí la explicación de lo que sucedió”.
En relación con la posición de la Dra. Rondón de Sansón no se puede ignorar lo que
también divulgó: en esta sentencia nunca pudo demostrarse el peculado.
Amplía López que fue dramático el caso de CAP. “Convencieron a los ciudadanos para
estimular la sentencia de la CSJ desacreditándolo y calificándolo de ladrón. Los medios
de comunicación fueron claves. AD nunca salió a pelear explicando cómo y por qué
ayudábamos a Nicaragua”, lo que fue motivo evidente de que la conspiración estaba
consumada.
López asienta que el día que a CAP lo detuvieron pasaron muchas horas y después
supimos que el gobierno de Rafael Caldera quería darle tiempo para que se fugara del
país. Se convencieron de que huiría. Pero CAP estaba por encima de esas bajas
pasiones: «si yo fuera un hombre de venganzas ésta sería mi venganza», sentenció
CAP. La diferencia entre el expresidente y quiénes lo encarcelaron, es la dimensión de
sus objetivos.
La factura de Escobar Salom
Apunta Héctor Alonso López en su libro El rostro humano de la política que cuando aún
faltaban seis meses para concluir el mandato de CAP, en marzo de 1993, el fiscal
general de la República, Ramón Escobar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de
mérito en su contra por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de
bolívares de la partida secreta.

Ramón Escobar Salom fue nombrado fiscal general con los votos mayoritarios de AD,
con la advertencia que le hicieron a CAP del riesgo de colocar en una posición como
esa a quien tenía pendiente una factura a cobrar en el tiempo.
No es entonces por casualidad que, después de haber sido acusador de CAP, Ramón
Escobar Salom haya pasado en 1994 a ser ministro de Relaciones Interiores del
gobierno de Rafael Caldera. Este acto impúdico delató a Caldera; fue como decirle:
Gracias por los favores recibidos.
Apenas se anunció que se iniciaba el juicio, AD fue diligente para condenar a CAP por
adelantado. Y los jefes de las fracciones parlamentarias fueron muy hacendosos para
que el Congreso funcionara y, cumpliendo con las órdenes de sus partidos,
defenestraron a Carlos Andrés Pérez.
Desvela López que Acción Democrática votó en el Congreso por el juicio a CAP; “una
Corte al servicio de unos cuantos enemigos de CAP y afectos de Caldera”.
Pero quiénes ajusticiaron a CAP en AD
El partido Acción Democrática (AD) decidió la noche del 20 de mayo de 1993, sacar de
sus filas al expresidente Carlos Andrés Pérez, quien permanecía detenido desde el
pasado 17 de ese mes, en un apartamento construido en un ala contigua al Internado
Judicial de El Junguito, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando fue acusado
de cometer los delitos de peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares
de un fondo secreto destinado a garantizar la seguridad del Estado venezolano.
En la acalorada reunión del CEN donde estuvieron presente sus 34 miembros, del que
también formaron filas excandidatos presidenciales y líderes sectoriales de AD, fueron
pocos lo que defendieron con tesón, una postura firme en contra de lo que
consideraron una afrenta contra CAP, un líder indiscutible de masas e imagen de las
bases fundamentales de esa tolda política.
En defensa de Pérez se inmolaron sin éxito nuevos dirigentes y líderes como Claudio
Fermín, Antonio Ledezma y Héctor Alonso López, pero sintieron el peso abrumador del
sector fundamentalista que encabezaba el secretario general del partido, Luis Alfaro
Ucero.
Después de ocho horas de encendidos debates, insultos y trapitos al sol, la arrolladora
decisión fue de 21 votos a favor de la sanción contra 7 en defensa de la integridad
política de CAP.
Pero quiénes levantaron la mano en la ronda de votación para que CAP sufriera la
sanción del CEN de AD:

  1. Luis Alfaro Ucero
  2. Lewis Pérez
  3. Henry Ramos Allup
  4. Liliana Hernández
  5. Ixora Rojas
  6. José Rubín
  7. Isabel Carmona de Serra
  8. Paulina Gamus
  9. César Gil
  10. Amílcar Aponte
  11. Arístides Hospedales
  12. Mabelly de León Ponte
  13. Pablo González
  14. Pedro Tabata Guzmán
  15. Federico Ramírez León
  16. Pedro París Montesinos
  17. Lilian Arvelo
  18. Carlos Canache Mata
  19. David Morales Bello
  20. Carmelo Lauría
  21. Federico Ramírez
    Los defensores de CAP que votaron en contra de la expulsión fueron siete
  22. Luis Piñerúa Ordaz
  23. Héctor Alonso López
  24. Luis Emilio Rondón
  25. Antonio Ledezma
  26. Gustavo Mirabal Bustillos
  27. Aura Loreto de Rangel
  28. Johan Rodríguez Perozo
    La decisión del CEN estuvo soportada mediante la interpretación del artículo 134 de los
    estatutos de AD, que ordenaba la expulsión definitiva cuando el militante fuera
    encontrado incurso en la comisión de los delitos (…), y/o fuera sido condenado o no por
    los tribunales de cualquier jurisdicción ordinaria.
    Sin lugar a duda, esta acción presagió una guerra sin cuartel entre el ex presidente de
    Venezuela Carlos Andrés Pérez y sus acólitos, y los jefes de Acción Democrática, con
    previsibles consecuencias para ese partido y el mapa político del país. En los años
    sucesivos, la división interna fue irreconciliable y “los pases de factura” se hicieron
    encarnecidos.