Cepaz: Octubre fue el mes de mayor censura para la radiodifusión venezolana #19Nov

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Un total de siete programas de radio fueron sacados del aire, durante el mes de octubre, por razones políticas, de acuerdo con el Monitoreo de Persecución y Criminalización en Venezuela, que adelante la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), convirtiéndose en el período de mayor censura para la radio venezolana.

En efecto, en el período analizado se produjo la suspensión por motivos políticos de la trasmisión de los programas «Despertó Amazonas», «La Opinión de los demás», «Dígalo ahí», «A dos voces», «Magazine Mundial», «Contra la Corriente», «La Noticia en órbita», y al cierre de la emisora Genial 89.9FM.

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Con la salida del aire de manera arbitraria de estos siete programas de radio aumentó a 11 el número de programas censurados desde enero de 2021. Y con el cierre de la emisora de radio Genial 89.9FM llega a cinco la cantidad de emisoras fuera del dial como parte de la aplicación sistemática de patrones de persecución y criminalización contra los medios en Venezuela.

En el monitoreo que se realiza mes a mes desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se registraron en octubre al menos 34 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación, defensores de derechos humanos, personeros políticos vinculados con la oposición y contra la población.

Patrones de persecución y criminalización identificados

Durante el análisis de los 34 casos de persecución y criminalización se han identificado 13 detenciones arbitrarias, siete actos de hostigamiento o amenazas, siete programas de radio que han sido censurados y una emisora de radio cerrada, mientras que otra fue inspeccionada de forma irregular por más de 10 horas ocurrió un allanamiento arbitrario de una vivienda y hubo una orden de captura internacional, además un preso político murió bajo custodia.

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Además ocurrió un acto de violencia y un acto de control contra la población. Este último en la comunidad Los Olivos, ubicada en Catia La Mar, cuando funcionarios de la gobernación de La Guaira amenazaron a las personas con quitarles el beneficio de las bolsas CLAP si recibían a los candidatos postulados por la oposición para las elecciones del 21 de noviembre.

Muerte en custodia del general Raúl Baduel

También en el mes de octubre registramos el caso de la muerte bajo custodia del general Raúl Baduel, el fiscal general de la República expresó públicamente que el fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio producto de la COVID-19. Sin embargo, los familiares del general denunciaron que éste era víctimas de torturas y que no tenía acceso a tratamientos médicos.

Con la muerte del general Baduel suman tres los presos políticos que han muerto bajo custodia en lo que va del año. Incluyendo al líder pemón Salvador Franco y a Gabriel Medina Díaz, exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A estos tres presos políticos se les vulneraron, entre otros derechos y libertades, el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad y el derecho humano a la vida.

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela a través de una declaración tras el fallecimiento del general Baduel se refirió a las demoras y las irregularidades incurridas en la causa penal en su contra. Y solicitó al Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte, la misión aprovechó la oportunidad para instar a las autoridades a cesar de inmediato las infracciones al debido proceso y las violaciones de los derechos humanos.

Sin avances

A pesar de la insistencia que desde el pasado han hecho las organizaciones internacionales de protección de derechos, al régimen venezolano para que investigue de forma diligente, transparente, e independiente las graves violaciones de derechos que ocurren en Venezuela, la reciente decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan de abrir una investigación formal en la situación Venezuela I, da cuenta de la falta de cooperación de la administración de Maduro y la inexistencia de avances en procesos penales de jurisdicción nacional para determinar la responsabilidad de los autores materiales de las graves violaciones que ocurren en Venezuela.

Es por ello que desde Cepaz han insistido en el llamado de poner fin a esta política de Estado de persecución y criminalización contra toda persona que sea considerada un enemigo de Nicolás Maduro. Pero también el llamado ha sido a la comunidad internacional de atender la necesidad de las víctimas y de sus familiares de encontrar justicia frente a estas graves violaciones que hoy, bajo la complacencia del sistema judicial venezolano, se encuentran en total impunidad.

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