En el memorándum de entendimiento suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional, se estableció el compromiso de investigación de los crímenes de lesa humanidad, contenidos estos en el expediente Venezuela 1, que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Mediante ese documento suscrito el 3 de noviembre del año pasado entre Nicolás Maduro, jefe del Estado venezolano, y el fiscal general de la CPI, abogado Karim Khan, se acordó la cooperación entre ambas partes para hacer, simultáneamente, las labores investigativas.
Todavía no se han determinado los responsables directos y las líneas de mando que ordenaron esos delitos, se quejó el sociólogo Nelson Fréitez, profesor de la Universidad Centroccidental y defensor de los Derechos Humanos, al ser entrevistado por Elimpulso.com.
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Casos de Lara
Fréitez se refirió particularmente al estado Lara, donde en el año 2017 fueron perpetrados 21 ajusticiamientos en el contexto de las protestas públicas, de los cuales sólo tres han merecido tardíamente la atención: los casos de Gruseny Antonio, mejor conocido como Tony, Canelón, de 32 años, en el distribuidor Bellas Artes, de Cabudare, el 11 de abril de 2017; Manuel Sosa, de 30 años, en Valle Hondo de Cabudare, el 30 de abril de ese año; y la profesora Yanet Angulo Parra, de 55 años, en Villa Colonial, de El Tocuyo, el 12 de julio también de 2017. Todos fueron atacados por piquetes de la Guardia Nacional.
Acerca de los otros 19 casos no se ha hecho investigación alguna, aunque cada una de esas muertes están denunciadas ante la Corte Penal Internacional.
Los doce efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la muerte de Canelón fueron presentados por el Ministerio Público el 19 de noviembre del 2021, es decir cuatro años después del crimen. Qué casualidad, dos semanas después que se firmó el memorándum de entendimiento con la CPI.
Ascensos y homenajes
Pero, hay hechos muy graves después de haber sido cometidos estos delitos de lesa humanidad, añadió Fréitez.
En el caso de Sosa, en el cual aparece encabezando el procedimiento un primer teniente de la Guardia Nacional, éste fue ascendido a capitán por el entonces comandante de esa rama militar, Antonio Benavides Torres. No fue presentado a los tribunales, sino premiado. Y actualmente es comandante del cuerpo en Carora.
Del caso de la profesora Janet Angulo Parra no se tiene conocimiento de cómo andan las investigaciones.
Evidentemente, se comprueba que en todos los casos de las ejecuciones extrajudiciales ha habido negligencia, retardo procesal y hasta complacencia.
En el año 2018 hubo en Lara homenaje a los coroneles y generales que dieron las órdenes de reprimir a balazos a los manifestantes indefensos, que salieron a la calle para expresar su protesta.
Los actos para esos militares sucedieron en el Consejo Legislativo de Lara y en la cámara municipal de Iribarren.
Colectivos y francotiradores
Uno de los hechos más dramáticos y espeluznantes fue la reunión de autoridades en el Comando Regional de Barquisimeto, de la cual hubo grabación testimonial de las órdenes impartidas por el general José Rafael Torrealba en el sentido de usar armas de fuego contra los manifestantes y, además, incorporar a los operativos francotiradores y colectivos motorizados al plan Zamora.
Entre los que asistieron a esta jornada de planificación del 22 de abril del 2017 estuvo el general Alcalá Cordones, quien habría entregado copia del acta a los organismos que debían encargarse de la investigación del asunto.
De acuerdo con las denuncias de familiares de las víctimas, en el 70 por ciento de las represiones participaron los colectivos armados, quienes abrieron fuego contra los manifestantes.
Corresponde tanto a la Fiscalía de la Corte de La Haya como al Ministerio Público de Venezuela, con base al documento de noviembre del año pasado, realizar las investigaciones pertinentes y llamar a las líneas de mando, así como a los ejecutores de las acciones, para determinar las responsabilidades a que haya lugar por los delitos de lesa humanidad, reiteró Fréitez.
