Vacunas y COVID-19: el riesgo de no informar #15Jul

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Trabajo de: www.lanacionweb.com

Venezuela enfrenta una doble distorsión: se subestiman los casos de COVID-19 y se sobreestima la cobertura vacunal. Es el único país de Sudamérica sin reportes ni datos desagregados sobre la vacunación contra COVID-19. No se informa públicamente la evolución de ninguna de las 10 categorías de monitoreo recomendadas por la OMS. No se monitorean los efectos secundarios ni hay evaluaciones locales del proceso de vacunación ni campañas que expliquen su seguridad. Los avances de vacunación se dan en alocuciones televisadas y no se corresponden con los datos reportados a la OPS.

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El sonido del llanto se escapa por la rendija de la puerta. Tres bombillos iluminan el pasillo donde seis mujeres entretienen a sus hijos que lloran al escuchar a quienes ya se vacunaron.

La hija mayor de Kenia está tranquila, hoy no le toca vacunarse. Es el turno de su hermano, de apenas un año. Esta vez ha sido más fácil para Kenia, quien se embarazó por primera vez a los 35 años. Aunque fue una maternidad deseada, fue compleja.

“Cuando una es primeriza no sabe nada. Todo es nuevo. Toca recorrer y recorrer para encontrar las vacunas. No sabía que era así”. Con este segundo hijo ha sido más fácil: ya sabe dónde hay vacunas, cómo venir, qué traer.

Llegó al centro de vacunación a las ocho de la mañana. Lleva dos horas esperando, pero no está cansada. Le gusta que en este centro de vacunación en San Martín, al oeste de Caracas, hay vacunas y atienden bien. Kenia se enorgullece al decir que sus hijos tienen casi todas las inmunizaciones. Solo le falta para el siguiente año la de neumococo, que está incluida en el esquema oficial del gobierno, pero no se administra en centros públicos, y ya está ahorrando los 150 dólares que cuesta con el pediatra.

Se ha esforzado para conseguir las vacunas. “Es que yo los tuve adulta, ya era profesional y soy más consciente de su salud”. Le pregunto por la vacuna más reciente del esquema: la de COVID-19, que desde noviembre de 2021 se administra en niños.

“Ah, no. Esa no. Yo creo que es demasiado. ¿Y si afecta el sistema de los niños? Las demás sí, covid no”.

La vacunación de COVID-19 en Venezuela se inició en febrero de 2021. No se publicó un plan de vacunación con metas y plazos definidos. Tampoco había una lista de los centros de vacunación, ni un procedimiento claro y equitativo. Los primeros cuatro meses se anunció una fase prioritaria para personal de salud y estratégico, pero hubo denuncias de incumplimientos. Año y medio después todavía no hay plan de vacunación público, rendición de cuentas de compra y procura de dosis ni hay datos abiertos sobre su avance.

Una de las principales recomendaciones de salud pública es atender la comunicación de riesgo: informar adecuadamente las intervenciones necesarias, sus riesgos, atendiendo las características culturales, religiosas y el sistema de valores individual. Es particularmente importante durante emergencias, como epidemias o intervenciones que requieren la participación de la población, como la inmunización. Si una persona entiende cómo se transmite una enfermedad, probablemente aceptará y cumplirá las medidas de prevención. Si sabe el riesgo que implica la enfermedad, probablemente aceptará con mayor facilidad la idea de vacunarse. Si ve que los niveles de vacunación no son óptimos, es posible que busque vacunarse con rapidez.

“Las personas tienen derecho a saber cómo proteger su salud teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a quienes les rodean”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). La comunicación de riesgo se basa en la confianza. Si la población confía en los voceros, si la información se percibe transparente y creíble, mejor será la respuesta de la comunidad.

La OMS publicó en marzo de 2021 sus recomendaciones para monitorear la vacunación. Entre otras cosas, esto permite medir la evolución del proceso, el cumplimiento de metas e identificar desigualdades de acceso.

Este monitoreo se puede hacer con diversas fuentes: los sistemas de vigilancia epidemiológica, los datos de vacunación oficiales y las encuestas de hogares. Estas últimas permiten evaluar otros aspectos, como la calidad del servicio. En Venezuela no tenemos un monitoreo público.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se centralizó la vocería sobre la emergencia. Se creó una comisión presidencial, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y las decisiones se anuncian en alocuciones televisivas, sin acceso de la prensa. Desde que inició la vacunación contra COVID-19, Venezuela no ha ofrecido datos abiertos y desagregados de su evolución. El avance se anuncia en actos de gobierno.

Ante esta situación, surgieron dos iniciativas de investigación desde el mundo académico. Por un lado, la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB), en alianza con el Instituto Delphos, organizaron hasta diciembre de 2021 encuestas mensuales de cobertura autorreportada de vacunación.

“Cuando evolucionaron las vacunaciones encontramos que no había, y hasta el día de hoy no se tiene, un sistema de información sobre el número de vacunados, dosis, tipo de dosis que se han administrado. La razón fundamental fue la ausencia de información regular, sistemática”, cuenta desde La Rioja, España, el profesor de la USB Marino González, Ph. D. en políticas públicas, integrante de la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias de América Latina.

Esta encuesta nacional por muestreo se realizó mensualmente entre junio y diciembre de 2021, con entrevistas presenciales a 1200 encuestados mayores de 18 años en localidades con más de mil habitantes. Sus resultados se publicaron mensualmente.

La segunda iniciativa la realiza el Observatorio Social Humanitario, encabezada por el médico infectólogo Julio Castro, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Su monitor de vacunación ha hecho catorce mediciones nacionales, con encuestas telefónicas a una muestra de entre 2500 y 3000 personas.

“Hasta ahora, oficialmente en Venezuela solo tenemos información de voceros políticos con unos números que no han sido consistentes ni creíbles. No hay una herramienta que permita tener una perspectiva exacta de cómo va la cobertura por estado, municipio, grupo de edades. La mayoría de los países de América Latina lo tienen”, explica Castro.

Hasta ahora, la única fuente de información pública y oficial sobre las vacunaciones es la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que publica los reportes de sus países miembros. Pero incluso estos datos son insuficientes para conocer la situación real. Los datos subnacionales son fundamentales para evaluar la desigualdad entre estados, advirtió en febrero de 2022 el entonces director adjunto de la OPS, Jarbas Barbosa.

¿Qué tan dispares son las cifras de Venezuela? Revisamos y recopilamos todas las declaraciones de voceros gubernamentales que anunciaban porcentajes de cobertura vacunal contra COVID-19, y las contrastamos con las encuestas y los datos de OPS.

Pese a sus diferencias metodológicas, encontramos que los datos de OPS y las encuestas tienen una tendencia relativamente similar, mientras que las declaraciones de gobierno superan por mucho lo reportado a la OPS.

Los planes de vacunación se diseñan con una meta: la cantidad estimada de personas que deben recibir la vacuna. Si esa población objetivo se subestima, la cobertura vacunal reportada puede superar el 100%. En febrero de 2022, a un año del inicio de la vacunación, Nicolás Maduro afirmó que se había superado el 100%. Los datos de OPS lo contradicen. Sin plan formal ni objetivos definidos ni datos abiertos, no hay forma de confirmar la efectividad del plan.

En una ocasión, las declaraciones del gobierno fueron contradictorias. El 27 de septiembre de 2021, Nicolás Maduro anunció una cobertura de 40%. Ese mismo día el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, reportó vía Twitter una cobertura con dos dosis de 27%. El porcentaje comentado por Maduro se acercaba a la cobertura con una dosis reportada por Ñáñez, una distinción que debió aclararse, pues la vacunación con una sola dosis implica esquemas incompletos y no corresponde al indicador real de cobertura.

“Ese número de personas con al menos una vacuna, que varios nos dicen, dejó de tener sentido. No es un indicador de protección real sobre la comunidad”, explica el doctor Castro.

Ese anuncio de Ñáñez tuvo información desagregada por dosis y por estados. Fue una excepción. La abrumadora mayoría de las declaraciones gubernamentales sólo refieren porcentajes de cobertura sin datos específicos.

El caso de Venezuela es una singularidad en la región. Es el único país de Sudamérica que no publica ni brinda acceso a ningún dato específico sobre la vacunación.

En su manual sobre monitoreo de la vacunación, la OMS definió requisitos mínimos de información que los países deberían evaluar en sus procesos.

“La utilización de la vacuna se puede evaluar por dosis para toda la población de un país para mostrar el progreso general, pero se precisarán datos más granulares para medir la vacunación por vacuna y grupo de población objetivo”, señala la publicación.

Las autoridades venezolanas no informan de manera consistente ninguna de las ocho dimensiones recomendadas por la OMS.

Si bien algunos países no reportan todas las variables, pueden reportar otros datos más específicos. Brasil, por ejemplo, informa la utilización de vacunas en grupos indígenas. Argentina reporta públicamente la distribución de dosis. Chile y Uruguay publican sus evaluaciones de cada vacuna y de efectividad de sus programas de vacunación.

“Argentina y Chile hacen reportes frecuentes de los efectos secundarios atribuibles a la inmunización. Esto es importante porque establece los efectos esperables. Por ejemplo, el dolor en el sitio de inyección es frecuente. En Venezuela se debería mostrar los datos, averiguar sobre efectos adversos. Mientras más transparentes se manejan las cosas, mayor seguridad”, explica el médico infectólogo Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la obligación de transparencia que tienen los Estados durante estos procesos. Un informe de la Unesco sobre los retos de la vacunación en América Latina ya mostraba, en mayo de 2021, que Venezuela era el único país sudamericano sin información sobre su plan. El único país latinoamericano con deficiencias de información similares fue Nicaragua.

La falta de información ha sido reclamada por sociedades médicas, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, Transparencia Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad. Las autoridades no han atendido estos reclamos.

No se sabe en qué medida se cumplió la vacunación en grupos prioritarios. No sabemos siquiera cómo se definió la meta en este grupo.

Sin conocer el plan de vacunación, tampoco sabemos si ha sido efectivo: ¿hay brecha de género en el acceso a la vacuna? ¿Cuántos vacunados hay en grupos vulnerables como los privados de libertad? ¿Cuál ha sido la efectividad del programa?

¿Cuántas personas nos quedan por vacunar?

Una fila de personas espera ingresar a uno de los primeros centros de vacunación en Caracas, el 3 de junio de 2021. (Foto: Federico Parra | AFP)

Venezuela sí vacuna, pero no reporta
Una de las primeras señales de la vacunación masiva en Venezuela fueron largas filas en las afueras de los pocos centros de vacunación conocidos. Al no saber cuántas vacunas había, cuándo estarían disponibles, muchos se agolparon a las puertas para asegurar su dosis. En medio de la desorganización hubo denuncias de un mercado negro de vacunas y administración de vacunas falsas en algunos estados.

Los primeros anuncios en mayo, cuando se inició la vacunación a la población general, apuntaban al Sistema Patria como mecanismo para obtener citas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que el sistema asignaría las citas aleatoriamente a los registrados mayores de 60 años. Pero este sistema es una plataforma con base política y sin mandato definido. Se utiliza para distribuir alimentos, también para asignar subsidios de combustible y para entregar bonos aleatorios creados por el gobierno nacional. No hay una autoridad que rinda cuentas sobre su funcionamiento y no incluye a todos los venezolanos. El Sistema Patria ha sido señalado como una herramienta de control social y político, su utilización para el proceso de vacunación se consideró excluyente.

Tres días después, el Ministerio de Salud publicó en su sitio web un nuevo sistema al cual podían acceder todos los venezolanos. Sin embargo, este sistema tampoco explicaba las fases de vacunación: cualquiera podía inscribirse desde el inicio, incluso si no cumplía con los criterios de priorización.

Pese a los escollos iniciales, la vacunación de covid-19 se ha mantenido constante en el país. En octubre de 2021 se eliminó el requisito de la cita y se inició la vacunación de adolescentes. En noviembre se inició la inmunización infantil y se incorporaron dos cadenas de farmacias privadas, ampliando la oferta de sitios disponibles.

Pero la vacunación no ha sido suficiente. Los datos de la OPS muestran que Venezuela es el tercer país de Sudamérica que ha aplicado menos primeras dosis por cada cien personas, el segundo con menos esquemas completos por cada cien habitantes y es el país con menos dosis adicionales administradas.

Fuente: Vacunación contra el covid-19 en las Américas, dashboard de la OPS

“Esos números son malos en términos generales. El de dos dosis diría que es mediocre. El de tres dosis es malo. Hay que hacer la salvedad de que la cobertura con tercera vacuna es deficiente en el mundo. Creo que no ha habido suficiente énfasis y campañas para hacer sentir a los ciudadanos la importancia de la tercera dosis, sobre todo después de la aparición de la variante ómicron”, señala Julio Castro.

La meta de vacunación de la OPS apuntaba a un 40% para diciembre de 2021 y 70% para junio de 2022. El avance de Venezuela ha sido uno de los más lentos de la región y ha tenido una característica particular: tiene muchos vacíos.

Venezuela es el único país de Sudamérica que pasa varias semanas consecutivas sin avances reflejados en los datos de OPS. En la siguiente visualización mostramos la evolución semanal de esquemas completos por cada cien habitantes de los diez países sudamericanos. Venezuela no solo tardó en iniciar la vacunación, su avance se estanca constantemente.

Otra forma de ver la evolución de la vacunación regional es revisando las dosis administradas por semana que se reportan a la OPS. Venezuela es el único país que pasa varias semanas y meses con reportes en cero.

El país fue incluido en los reportes semanales de OPS a partir de la semana 17 de 2021, la que terminó el 30 de abril. Para ese entonces, OPS señalaba que ya se habían administrado 230 mil dosis, pero no especificaba las fechas. Desde entonces, los reportes semanales de Venezuela son los que tienen más variaciones.

Si bien es normal que un país no mantenga la misma cantidad de vacunas administradas cada semana, en el caso de Venezuela, de 60 semanas con reportes, 46 reflejan cero dosis administradas. Varias semanas con reportes en cero son seguidas por un pico muy alto de dosis reportadas.

Entre la semana 17 de 2021 y la semana 22 de 2022 (la primera del mes de junio), Venezuela tiene 10 brechas de información. El 76,6% de sus semanas reportadas está en cero.

El promedio de semanas en cero en Sudamérica es 5. Si se excluye a Venezuela del cálculo, el promedio baja a 0,8. Le siguen con reportes interrumpidos Colombia y Brasil, países que han reportado cero dosis en solo tres ocasiones. Y la brecha es permanente desde la semana del 18 de febrero de 2022, cuando se reportó que el país tenía 49,8 esquemas completos por cada cien habitantes. Desde entonces no se ha actualizado la información.

Consultado sobre esta situación, en la conferencia de prensa de la OPS del 29 de junio de 2022, Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, confirmó a Prodavinci:

“Efectivamente, desde mediados de febrero Venezuela no reporta la información de vacunación de covid-19 a la OPS. Entendemos que esto se debe principalmente a varios cambios que existen en la sala de situación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y también a que desde esa unidad se hacía una interfase manual del sistema nominal de vacunación de covid-19 en todo el país, pasando la información a formatos electrónicos con base a varias condiciones y variables que la OPS requiere (…) De tal manera que en este proceso recientemente nos facilitaron unos formatos para actualizar ese reporte y estamos en ese proceso. Esperamos que la información pronto sea compartida nuevamente”.

Ugarte afirmó que Venezuela tiene suficientes vacunas. Y ciertamente se está vacunando. No se sabe con qué frecuencia, ni si hay equidad en la distribución, pero la vacunación no se ha detenido. El problema es el mismo del principio: no hay información.

“Hay otros aspectos que creo están en pañales. No hay una estrategia nacional de recopilación de efectos secundarios de las vacunas. Si quieres saber el porcentaje de personas que han reportado determinado efecto secundario, no existe. No hay una política. Si te vas a vacunar no tienes una forma de denuncia sobre efectos secundarios atribuibles a la vacunación”, señala Castro.

Muy probablemente Venezuela tenga una cobertura vacunal mejor que la reportada por OPS, pero menor que la anunciada por voceros políticos. El punto medio es difícil de definir y esto impide evaluar el proceso.

“Es preocupante. Las políticas públicas son complicadas, incluso con la mejor información disponible. Si un país tiene la mejor información porque tiene registros administrativos, encuestas, utiliza métodos mucho más sofisticados… Incluso con esa cantidad de información, las políticas públicas dependen de otros factores para ser exitosas: el diseño, la implementación, la evaluación. Si eso es difícil teniendo las mejores condiciones de información, hay que preguntarse cuán difícil es cuando no tienes información”, explica el profesor González.


Dos vacunadores atienden a una persona durante la vacunación contra covid-19 frente a los retratos de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el 29 de mayo de 2021. (Foto: Yuri Cortez | AFP)

Una política sistemática

Arnoldo Gabaldón narra en su libro Una política sanitaria que en junio de 1960, durante su primer año de gestión en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, recibió una carta de felicitación desde la OMS. Venezuela había reportado sus datos sanitarios del año anterior en los primeros seis meses del año.

“Un milagro técnico y administrativo”, llamó el jefe de Metodología Estadística Sanitaria de la OMS a la publicación. La gestión de Gabaldón fue fundamental para la historia de la salud de Venezuela. Entre otras cosas, por ser el artífice de la campaña de salud pública más exitosa de nuestra historia: la eliminación de la malaria.

Venezuela publicó su primer Boletín Epidemiológico en 1938 gracias al médico Darío Curiel Sánchez, quien participó en la campaña contra la viruela en el país. “Cada sistema de salud público o privado tenía que notificar semanalmente al Ministerio de Salud el número de casos de las enfermedades de notificación obligatoria. En 2007 hubo una primera interrupción por 20 semanas. Se reactivó y en 2014 se detuvo definitivamente. No es que los centros de salud dejaron de reportar al ministerio, ellos siguen reportando, pero la información no salía. En 2016 hubo un cambio de ministra, publicó el boletín y la sacaron del cargo”, cuenta la profesora María Eugenia Grillet, profesora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

La falta de información afecta la percepción de riesgo de la población, las investigaciones científicas, la definición de políticas públicas, incluso la capacidad de hacer periodismo de salud con datos rigurosos.

Y no solo se dejó de publicar el boletín epidemiológico. Desde hace más de 5 años no se publica la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud. Tampoco el Anuario de mortalidad, morbilidad ni natalidad. No se publican las cifras de mortalidad materna e infantil ni sabemos el presupuesto sanitario. No sabemos las condiciones de los hospitales, cuántas camas hay, cuántos insumos. Sabemos que son insuficientes por la precariedad del servicio y las protestas de los trabajadores de salud.

No tenemos reportes públicos sobre procura y distribución de vacunas, no solo las de covid-19 sino las regulares. Tampoco sabemos las coberturas vacunales, más allá de los datos de Unicef y la OMS. No sabemos ni siquiera cuántas personas viven en Venezuela: el último censo se hizo en 2011 y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estima que 6.133.473 venezolanos han emigrado desde entonces. Para todo esto, solo tenemos estimaciones.

“Lo que pasaba en Venezuela en 2016, antes de la hiperinflación, es muy diferente a lo que pasa en Venezuela en el año 2022, después de la hiperinflación y después de la pandemia. Lo que hay es una gran incertidumbre. Los organismos internacionales utilizan algunos métodos de estimación de, por ejemplo, la mortalidad infantil de años posteriores al año 2016. Pero esos métodos están basados en datos que muchas veces no son confiables porque el dato real no existe. La incertidumbre ya no es solo del país, sino de la comunidad internacional”, explica el profesor González.

Desde que no se publican los datos oficiales, Venezuela se convirtió en el foco principal de malaria en América, tuvo una epidemia de difteria, enfermedad que tenía dos décadas eliminada; un brote de sarampión que se extendió por Sudamérica y que un estudio de la OPS confirmó que se había iniciado en Venezuela. La Red Defendamos la epidemiología nacional alertó casos de parálisis flácida aguda con identificación de poliovirus. También hubo un brote de fiebre amarilla en 2021, entre otros eventos. Todos con potencial de convertirse en emergencias regionales. Algunos lo hicieron. Ninguno de estos eventos fue alertado por las autoridades. Las advertencias llegaron desde las academias, sociedades médicas y la propia OPS.

El médico infectólogo Julio Castro coordina la Encuesta Nacional de Hospitales, una red de información integrada por personal sanitario en 40 hospitales de Venezuela. (Foto:Alfredo Lasry | RMTF)

De estas dificultades surgió la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), una iniciativa formada por médicos y personal de salud, quienes reportan la situación de los 40 hospitales principales de Venezuela.

“Empezamos a generar información desde los propios hospitales. No podemos levantar toda la información necesaria, pero sí podemos informar, por ejemplo, sobre el abastecimiento de algunos medicamentos, la situación de servicios como electricidad y agua; las enfermedades de notificación obligatoria que no se reportan formalmente. La encuesta ocupa un rol de auditoría social. Es información levantada por personas quienes trabajan en el tema día a día. Da una instantánea de la situación. Tiene déficits y limitaciones, pero es una de las pocas fuentes disponibles en Venezuela”, explica el médico Castro, quien coordina el proyecto.

La encuesta se ha convertido en un referente. Ha sido citada en publicaciones como The Lancet o en los informes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los refugiados, Michelle Bachelet.

“Uno siempre tenía la perspectiva de que la situación, que ya se ponía difícil desde 2015, debía mejorar. Lamentablemente no fue así. Era difícil adelantarnos al impacto de la encuesta. Creo que una de sus ventajas es la perseverancia. El seguimiento en el tiempo es importante para tener una perspectiva sobre el sistema”, dice Castro.

La ENH, que en 2021 cumplió cinco años, incorporó reportes independientes sobre la pandemia de covid-19. La red original está conformada por unas 60 personas, la de covid duplica este número. Los datos de covid se reportan diariamente. “En esa encuesta también hay personal de apoyo técnico hospitalario, personal obrero y personal de enfermería”, dice Castro.

Los datos de COVID-19 de la ENH contrastan con los oficiales. A diferencia de lo que ocurre con la vacunación, las autoridades sí reportan los casos y muertes confirmadas de covid, aunque no reportan la cantidad de pruebas diarias realizadas. Hay un dashboard público en el sitio web del Sistema Patria.

Sin embargo, Venezuela ha mantenido una política de diagnóstico deficiente. Cuando se inició la primera flexibilización del confinamiento nacional, los datos oficiales no cumplían las recomendaciones de OMS. Para entonces, junio de 2020, Venezuela no informaba 10 de las variables recomendadas por la organización.

“Desde el punto de vista epidemiológico, tener subregistro no es tan importante. Si siempre tienes la misma proporción de subregistro y conoces esa proporción, sabes que estás midiendo un fenómeno mayor. Todo el mundo tiene subregistro, unos más y otros menos. Pero en el tema de la percepción de riesgo sí es importante. No es lo mismo que se diga que en Venezuela hay 15 mil casos a que hay 150 mil”, explica Castro.

Tenemos una doble distorsión. Por un lado, los datos oficiales subestiman la cantidad de casos de COVID-19 debido al subregistro. Por el otro, las declaraciones de los voceros políticos sobreestiman el alcance de la vacunación.

Ambas situaciones generan una percepción de riesgo menor: si hay pocos casos, hay menor riesgo de contagiarme; si hay muchas vacunaciones, estamos más protegidos. La población puede sentirse más segura e incumple la prevención. También afecta la vacunación: si no hay muchos casos y mucha gente se vacunó, probablemente no sea necesario que me vacune. Entonces se ralentiza aún más el proceso.

“Ocultar o no informar los problemas no los elimina. Siguen ahí. Se pueden potenciar porque pensamos que no están. Uno pudiera transmitir tranquilidad, informar, explicar que podemos tener apertura, pero con una vacunación amplia. Hay mucha gente que no está vacunada”, explica Figuera.

Y esto es particularmente grave cuando a mediados de junio de 2022 los casos de covid-19 nuevamente están en aumento en América. Sabemos que el riesgo no solo es la enfermedad y la muerte directa, también las consecuencias permanentes del COVID prolongado.

Personal de enfermería protesta frente a la Defensoría del Pueblo el 9 de febrero de 2021 en Caracas, exigieron mejores sueldos y tratamientos e insumos para atender a los pacientes de la pandemia. (Foto: Yuri Cortez | AFP)

El riesgo de informar

Generar información independiente para llenar el vacío oficial implica un riesgo de seguridad, estabilidad laboral, libertad. En 2020, se reportaron detenciones a periodistas y personal de salud que denunciaron carencias del sistema.

“Ha habido momentos en los que la situación es más álgida y momentos en que es menos. Más que todo en el interior del país, hemos tenido algunos señalamientos selectivos sobre personas específicas en algunos hospitales. Tuvieron que mudarse de hospital o de estado porque tenían visitas de la policía local, sufrían amedrentamientos de grupos políticos diversos. Estas personas forman parte de la red enviando información y también son activistas que denuncian las dificultades en los hospitales. Algunos incluso recibieron agresiones físicas”, cuenta Castro.

A mediados de mayo de 2020, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un modelos matemáticos que estimaba la posible trayectoria de la epidemia de covid-19 en Venezuela. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamó en su programa de televisión a hacer un “tuntún”, o allanamiento, a los académicos. “Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. Están generando alarma”, dijo.

“La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales es un organismo cuyo objetivo es asesorar al Estado. Todos los reportes se han enviado a la Comisión Presidencial de covid, a la Asamblea Nacional [encabezada por el diputado opositor] Juan Guaidó y al Ministerio de Salud. Siempre lo hemos hecho”, explica la profesora Grillet.

María Eugenia Grillet es profesora e investigadora, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. (Foto:Alfredo Lasry | RMTF)

Las limitaciones, la emigración de profesionales, la asfixia a las universidades públicas ha causado un divorcio entre la academia y las autoridades políticas.

“Antes se nos consultaba. Había comités de asesores, usualmente expertos de las universidades o de los institutos de investigación. Quizá a veces no nos hacían caso. A veces había peleas y diferencias, y uno sentía que estaba perdiendo el tiempo. Pero había comunicación. En el pasado podía pasar que algún funcionario revirtiera las cosas por cuestiones políticas. Pero sí había un intercambio muy importante entre la academia y el ministerio”, recuerda la profesora Grillet.

Los científicos han apelado a las filtraciones de las instituciones públicas, pero también han implementado nuevas iniciativas, métodos creativos, para buscar su propia información.

La profesora Grillet, por ejemplo, participa en un proyecto de la Incubadora venezolana de ciencia que incorpora a la población en el monitoreo de chipos, los vectores de la enfermedad de Chagas.

Castro y el médico Jaime Torres, ambos del Instituto de Medicina Tropical, participaron en 2015 en un estudio que usó Google Trends para rastrear la curva de las epidemias de zika y chikungunya en Venezuela, ante la falta de reportes oficiales sobre estos brotes. “No es muy bueno para malaria, pero para enfermedades transitorias y regionales es una herramienta muy fuerte”, apunta Castro.

Pero igual tienen un límite. “Yo puedo correr modelos teóricos muy bonitos, pero siempre tienen que estar contrastados con una realidad para ver si lo que estoy proyectando es ciencia ficción o no… Por ejemplo, con covid tienes un outlier, pero desde antes de la pandemia ha habido un aumento de enfermedades respiratorias por el aumento de focos de calor en Venezuela. Pero no hay datos, no puedes hacer investigación, no puedes hacer análisis, lamentablemente”, dice Grillet.

Mientras tanto, en la página del Ministerio de Salud venezolano la información sobre covid-19 es la misma de 2020. Los protocolos de gobierno todavía incluyen tratamientos que la OMS ha rechazado por su falta de resultados, como cloroquina e ivermectina.

No hay reportes que expliquen los criterios para aprobar las vacunas que se administran en Venezuela (Sputnik V, Sputnik light, Sinopharm, Sinovac y el candidato vacunal Abdala). No hay información sobre efectos adversos, ni evaluaciones de las medidas ni reportes de efectividad.

Vacunadores administran dosis de Sputnik V durante una de las primeras jornadas abiertas al público, en Caracas el 29 de mayo de 2021. (Foto:Yuri Cortez | AFP)

Volver al origen
Entendiendo toda esta falta de información, no sorprende escuchar las reservas de Kenia sobre vacunar a sus hijos contra covid-19. Muchos venezolanos las comparten. Estas dudas surgen por los países que desarrollaron las vacunas (Rusia y China), por falta de confianza en las autoridades, por la promoción de candidatos vacunales pese a la oposición de la comunidad científica.

Desde 2020, Castro ha respondido las mismas dudas. También Figuera, quien maneja las redes de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ambos apelan a promover información confirmada, desmentir mitos, explicar conceptos. Saben que no es suficiente.

No todas las personas que dudan sobre vacunarse son antivacunas. Muchos tienen dudas comprensibles ante la novedad de estas inmunizaciones. El problema es cuáles actores cubren sus carencias informativas.

Manuel Figuera es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y también el encargado de sus redes sociales, en las cuales recibe y resuelve dudas relacionadas con diversos temas de salud pública. (Foto: Evelyn Crende | RMTF)

En Venezuela no hay campañas oficiales y masivas para combatir la desinformación. En algunos casos los vacunadores la propagan. “Uno sabe que no hubo capacitación cuando en los mismos centros de vacunación proliferan ideas anticiencia, mitos sin respaldo científico. Por ejemplo, decirle a una persona que si había tomado aspirina no podía vacunarse, tampoco si estaba tomando antibióticos o tenía una infección urinaria”, cuenta Figuera.

Según varios médicos consultados, Venezuela tiene una tradición de aceptación de vacunas, pero la encuesta de la USB y el Instituto Delphos estimaba en diciembre que 13,4% de los consultados no estaban vacunados y no se querían vacunar. La encuesta del Observatorio Social Humanitario en abril de 2022 estimaba que 31,2% de las personas que no se había vacunado no quería hacerlo.

“Me preocupa. Es un número mucho mayor del que hubiera estimado a priori. En Venezuela no ha habido movimientos antivacunas formales, fuertes, como en otros países. Pero hay una desinformación o sentimiento antivacunas que tenemos que atender y debemos cambiar. Viendo que el 30% de la población no se vacuna por razones que sea, tienes números que no te van a permitir eliminar la epidemia”, advierte Castro.

¿Qué pasa si el miedo a una vacuna nueva se convierte en rechazo al concepto global de vacunas? La OMS alertó en 2019 que la resistencia a la vacunación es una de las principales amenazas a la salud global. Venezuela ya tiene un esquema de vacunación que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría considera incompleto y coberturas vacunales insuficientes.

Para enfrentar las emergencias epidémicas que ya tenemos, y las que puedan surgir, necesitamos información. Las buenas prácticas de comunicación de riesgo señalan que se debe ofrecer atendiendo las creencias, dudas, mitos y factores que puedan incidir en las decisiones de salud individuales. Sin generar miedo, pero explicando la importancia de la prevención. Es importante involucrar a las comunidades, buscar referentes confiables, abrir una conversación que permita atender las dudas reales de la población.

Pero seguimos sin información sobre los planes a futuro con la vacunación de covid-19. Venezuela mantiene la deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS y las vacunaciones regulares dependen de donaciones que la organización coordina, pese a la deuda. ¿Podemos esperar lo mismo para las vacunas de covid en el futuro?

Con un sistema de salud debilitado es difícil ver soluciones. Pero hay alternativas:

“Hay que revisar y reformular las políticas de salud. No pueden tener una visión político partidista. La visión y gestión de salud tiene que ser fundamentada en elementos técnicos y científicos”, recomienda Figuera.

“Debe haber transparencia con los datos. Creo que debería haber campañas en los colegios, en las universidades, tener más centros de vacunación. No he visto a ningún liderazgo indiscutible hablando de vacunación. Y en Venezuela esos liderazgos son dos: músicos o deportistas. No sé nada de comunicaciones, pero me encantaría ver a Miguel Cabrera diciendo que es tan bueno un home run como lo es vacunarse”, comenta Castro.

“Comencemos por los datos. Contemos bien covid, contemos las enfermedades endémicas y los datos materno-infantiles. Haciendo eso saldrá un plan de acción. Después lo vamos mejorando. Es contar en un sentido amplio: necesitamos equipos que sepan utilizar los datos, relacionarlos y convertirlos en mecanismos de políticas públicas”, señala el profesor Marino González.

Para contar, recomienda volver la mirada a nuestra propia historia.

“La gran hazaña de Gabaldón fue explorar qué pasaba en Venezuela. En 1936, uno de cada tres venezolanos moría de malaria. Venezuela salía de una dictadura de 27 años, era un país rural, con mucho analfabetismo. Pero entre 1936 y 1945 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se dedicó a mapear Venezuela. Se registró dónde estaban los mosquitos que transmitían la malaria”, explica González.

A mediados de la década de 1940 se conocieron los efectos del insecticida DDT sobre el mosquito de la malaria. Entonces Venezuela inició su campaña de control porque, a diferencia de otros países, ya sabía dónde estaba la enfermedad.

“Nosotros mismos tuvimos esos problemas de información y los resolvimos. Por eso Venezuela fue el país que controló la malaria más rápidamente en el mundo. Porque supimos contar. Lo hicimos por más de 50 años. Fuimos los mejores. Solo tenemos que volver a hacerlo».

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El abogado Macario González, ex secretario ejecutivo de la Mesa Democrática en Lara, ex alcalde de Iribarren y dirigente de Voluntad Popular se refirió a las palabras pronunciadas por el presidente brasileño tras conocer las peligrosas amenazas públicas de Nicolas Maduro
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