Seis organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por las acciones del régimen de Nicolás Maduro que amenazan la legitimidad de las próximas elecciones en Venezuela.
En un comunicado conjunto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Global Center for the Responsibility to Protect, el Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y Human Rights Watch (HRW), señalaron que las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones regionales, locales y legislativas de 2025 son una oportunidad crucial para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y normalizar sus relaciones con la comunidad internacional.
Sin embargo, estas organizaciones están «sumamente preocupadas» por los recientes acontecimientos que amenazan la legitimidad de los próximos procesos electorales.
Entre estas amenazas se encuentra el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para designar nuevos rectores después de la renuncia forzada de los nombrados en 2021.
«Estas acciones socavan la confianza y certidumbre de las personas de Venezuela en sus instituciones y en el proceso electoral en sí mismo. Un CNE imparcial y completamente funcional es fundamental para asegurar la legitimidad de las próximas elecciones«, advirtieron.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por «la continua inhabilitación electoral arbitraria» de candidatos opositores a través de procedimientos administrativos.
«La reciente inhabilitación por 15 años de la candidata opositora María Corina Machado, así como inhabilitaciones previas de figuras prominentes como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, restringen severamente el derecho del pueblo venezolano a elegir a sus representantes. Estas inhabilitaciones socavan los principios democráticos y el derecho a la participación política, y obstaculizan la inclusividad y justicia del proceso electoral», indicaron.
Además, recordaron que los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas «continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela».
«La falta de separación de poderes, la inhabilitación política de candidatos, las dificultades en la actualización del Registro Electoral que debería estar permanentemente habilitado para todos los potenciales electores, el limitado acceso a información clara y oportuna, y la ausencia de garantías para la libertad de expresión, fueron condiciones destacadas por la misión de la UE en 2021. La UE emitió 23 recomendaciones, que fueron luego resaltadas durante la cumbre convocada por el gobierno de Colombia en abril de 2023. Sin embargo, a la fecha nada o muy poco se ha logrado en la implementación de estas reformas», resaltaron.
Enfatizaron que se requieren «condiciones genuinas y garantías para otras libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho a reunirse y asociarse libremente. La existencia misma de la democracia, un sistema basado en la participación política, es esencial para proteger completamente otros derechos humanos».
Ante este contexto, plantearon que «la comunidad internacional y otros actores no deben aceptar menos y deben exigir a Venezuela cumplir con estándares electorales mínimos que garanticen el derecho a participar políticamente y elecciones libres y justas».
