Comisionado para DDHH: Las reformas legales han sido insuficientes para solventar las fallas de la justicia venezolana #14Jul

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“Insuperables”, parecen ser las fallas y vicios que aquejan a la justicia venezolana, pues las reformas legales e institucionales adoptadas en los últimos dos años por las autoridades “han sido incapaces de acabar con ellos”; se expresa en el último informe que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó sobre la situación de Venezuela.

“Las autoridades judiciales y legislativas adoptaron medidas durante el período de referencia para mejorar la celeridad de sus procedimientos y fortalecer el sistema judicial”, el alto comisionado reconoció anteriormente las enmiendas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para reducir la detención preventiva y acelerar la apertura de juicios. Sin embargo, persiste la preocupación por la aplicación de la legislación aprobada”, se lee en el reporte, que el jurista austriaco presentó el pasado 4 de julio al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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En este sentido, Türk explicó al Consejo que los venezolanos sometidos a procesos penales y que se les deja detenidos preventivamente, tienen enormes posibilidades de terminar en un calabozo, sin juicio y mucho menos condena, más allá de los 3 años que como máximo establece la legislación, según reseñó Acceso a la Justicia.

“El ACNUDH documentó al menos 135 casos de personas (10 mujeres) que permanecen en detención preventiva más allá del período legalmente establecido en la reciente enmienda del artículo 230 del COPP, lo que equivale a detención arbitraria, lo que también puede generar violaciones de otros derechos humanos”.

De esta manera, informaron que la oficina documentó otros 44 casos en los que los procesados pidieron a los tribunales su excarcelación, porque han pasado más de 3 años preventivamente tras las rejas, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Por ello, instaron a las autoridades judiciales a que “examinen debidamente las solicitudes de puesta en libertad a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y a que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente”.

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