Foro Cívico condenó intervención de la Cruz Roja Venezolana y se desmarca de decisión de Cussano #7Ago

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Trabajo de www.runrun.es

A través de un comunicado el Foro Cívico rechazó la intervención «por vía judicial» de la Cruz Roja Venezolana la cual, según consideraron, establece un «gravísimo precedente que vulnera el derecho a la libre asociación, afectando el principio de autonomía e independencia que ampara a esta institución y, en general, a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las humanitarias y de derechos humanos.

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En el texto, la organización consideró que el nombramiento de una Junta Reestructuradora «debió ser responsabilidad únicamente de los entes competentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja» y debió incluir un mensaje público «sobre las garantías de continuidad del personal y voluntariado de la organización, así como de las operaciones humanitarias que despliega en todo el país, en beneficio de las personas más
vulnerables».

Cabe destacar que la junta restauradora la dirigirá precisamente quien fuera uno de los voceros principales del Foro Cívico: Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras. Aunque el Foro Cívico no lo mencionó directamente, expresaron en el texto que no fueron informados «ni formal ni informalmente» sobre este proceso que se inició.

«El diálogo ético y la construcción de acuerdos deben ser las herramientas fundamentales de toda acción, repudiando toda amenaza a los derechos humanos y a la administración de justicia según los principios constitucionales. Hacemos un llamado a todos los actores
nacionales e internacionales, con acento en las autoridades, a abrir los espacios de consulta y entendimiento necesarios para edificar soluciones estructurales para los venezolanos, especialmente en el campo de la acción humanitaria», ampliaron.

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Consideraron que la solicitud de una investigación penal contra la directiva de la Cruz Roja Venezolana, que implica «responsabilidades personales y no institucionales», debió abrir paso al desarrollo de una investigación apegada a las garantías procesales y, fundamentalmente, a un proceso de «consulta y diálogo al interior de la organización, que permitiera el diseño concertado de soluciones a los problemas diagnosticados, respetando la autonomía de la institución y haciendo partícipes a sus miembros de los mecanismos de reestructuración que fueren necesarios.

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