Artillería contra las primarias busca sacar ganancia del miedo y la frustración #7Sep

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Trabajo de www.talcualdigital.com

Las elecciones primarias para elegir al candidato unitario de la oposición han estado marcadas por muchos dilemas y controversias. Tras la decisión, en julio de este año, de hacer un proceso autogestionado, los ataques hacia la convocatoria del 22 de octubre parecen acrecentarse.

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El más reciente episodio se originó luego de que la Comisión Nacional de Primaria (CP), que preside Jesús María Casal, informó el 3 de septiembre que ya estaba disponible un portal de consulta digital con información del Registro Electoral (RE), donde los ciudadanos pueden consultar dónde votarán según la distribución de los centros electorales anunciados por la instancia.

Tras esto, en las redes sociales, se abrió un debate sobre el manejo del RE y sus consecuencias. Algunos usuarios fustigaron a la Comisión de Primaria por no estar «autorizada» para la difusión de la información, mientras que otros asomaron la posibilidad de un «fraude» y recordaron la ola de persecución revolucionaria tras la Lista Tascón. Muchas de las cuentas repetían matrices impulsadas por cuentas habitualmente prestadas para la desinformación oficialista, como registró Espaja.com.

«El Registro Electoral es público y es el mismo que se ha utilizado en todos los procesos previos con o sin apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nosotros estamos organizando la primaria por mandato de la Plataforma Unitaria, que es un grupo de organizaciones políticas reconocidas de hecho y la mayoría de derecho por el CNE y el Estado. Ellos reciben formalmente los distintos cortes del RE aprobados por el CNE», puntualiza uno de los integrantes de la CP consultado por TalCual y que solicitó la reserva de su nombre.

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Otro miembro de la Comisión de Primarias, también en declaración extraoficial, ratifica que la data del RE es pública y que la usada por esa instancia proviene del ente comicial.

La Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPE), en su artículo 27, señala: «El Registro Electoral es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que conforme a la Constitución de la República y a las leyes, puedan ejercer el derecho al sufragio».

Asimismo, el artículo 28 de la referida ley indica que el RE se rige por los principios de carácter público, carácter continuo; eficacia administrativa y automatización.

Extraoficialmente desde la CP subrayan que el discurso en torno al RE tienen como objetivo sembrar el miedo hacia las primarias, frenar la participación ciudadana y atentar contra la unidad. «Estamos en medio de una campaña de desinformar, generar frustración y asustar», señalan.

«Los cuestionamientos responden a esfuerzos, no sé si coordinados o no, desde el oficialismo por atacar la primaria. En el pasado, las primarias de la oposición, por ejemplo en 2012 o 2015, fueron abiertas, es decir todos los venezolanos inscritos en el RE podían participar», enfatiza Jesús Castellanos Vásquez, politólogo y consultor electoral.

Añade que resulta difícil precisar si los ataques contra las primarias forman parte de una estrategia articulada o se trata de reacciones espontáneas: «Por la forma como actúa el régimen y algunas de las denuncias, estoy seguro de que, si al principio fue fortuito, a estas alturas el régimen no va a dudar en utilizarlo para su beneficio».

Refiere que, en Venezuela, el concepto de primaria abierta es de vieja data. «Basta recordar la elección interna del partido Copei en 1993, en la que resultó electo Oswaldo Álvarez Paz. En ese proceso podían votar todos los venezolanos inscritos en el RE», apunta. En 2021 el PSUV hizo unas primarias abiertas antes de los comicios regionales de ese año, donde también estaba habilitado todo el registro electoral.

Al mismo tiempo, el politólogo Castellanos Vásquez sostiene que realizar las primarias abiertas reduce los riesgos de persecución a la oposición venezolana. «Dado lo ocurrido con la Lista Tascón o inclusive la intención de poseer los cuadernos de votación de la primaria 2012, por citar solo dos casos, generar listas de militantes, simpatizantes de la oposición en Venezuela, constituye un enorme riesgo para los participantes».

Centros de votación para las primarias

Otro de los ataques a las primarias, en los últimos días, se refiere a los centros de votación autogestionados que tantos dolores de cabeza han causado a la Comisión que preside Casal. Se anunció la activación de 3.008 centros disponibles para el 22 de octubre.

Así, por ejemplo, en la red social X, antes Twitter, el Centro Residencial La California, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda, dirigió un comunicado a la CP en la que rechazan «la decisión unilateral de nombrarlo centro de votación». El 3 de septiembre, la Junta de Condominio subrayó que «no aprueba» este compromiso y argumentan motivos de índole logístico y de seguridad que se requieren para estas elecciones.

«Las listas de centros de votación se definieron con las propuestas de las organizaciones políticas y las Juntas Regionales Estadales. Fue un proceso de análisis y negociación entre todas las partes», subraya uno de los miembros de la CP.

Otro de los integrantes de la instancia refiere: «ese centro estaba confirmado y ahora se desdicen. Esto obliga a reubicar a los votantes en algún centro cercano (…) Obviamente aquí hay una campaña en contra. Vamos a ver cómo se va resolviendo».

El 21 de agosto, la Comisión Nacional de Prmaria informó que habrá 3.008 centros de votación en todo el país y  5.133 mesas. La instancia asegura que tendrán presencia en 98,8% de los municipios del país y, en las parroquias donde no habrá centro de votación, los electores podrán asistir a parroquias vecinas.

Ese día, Jesús María Casal reiteró a tres aspectos cardinales del proceso opositor: las primarias como generación de espacios para la construcción de ciudadanía y de cultura democrática «que permitió un trabajo articulado entre diversas organizaciones políticas que no estaban antes de la primaria agrupadas en una plataforma»; las primarias como ejercicio de derechos constitucionales, participación política y de punta de cambio para la democratización del país; y la competencia democrática.

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