Alerta ONG: Una justicia a la medida del poder viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos #10Oct 

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Acceso a la Justicia presentó un informe alternativo con sus principales preocupaciones sobre el sistema de justicia en el país con importantes recomendaciones, a propósito de la quinta revisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por el Estado venezolano, mediante un Comité de expertos de Naciones Unidas.

En efecto, Acceso a la Justicia estima que el Estado venezolano no cumple con el PIDCP del cual es parte y por el que tiene la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades de los habitantes del país.

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La falta de independencia del Poder Judicial, supeditado a los intereses del Ejecutivo y de su partido político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es la causa de que en Venezuela no se administre una verdadera justicia.

Esto ha sido denunciado por diversos organismos internacionales entre los que resaltan la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

La justicia, esquiva para algunos y complaciente para otros, permea todo el sistema, desde jueces, fiscales y defensores públicos hasta la Defensoría del Pueblo. Las irregularidades parten de nombramientos apartados de lo que dicta la Constitución, por ejemplo, en el caso del defensor del Pueblo y del fiscal general por la ilegítima Asamblea Nacional.

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Constituyente (ANC) de 2017, y en el de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un Parlamento dominado por el chavismo desde 2021, que también se ha dado a la tarea de controlar e interferir aún más en el Poder Judicial con una supuesta reforma de la justicia que ha denominado «revolución judicial».

Jueces sin carrera judicial y magistrados con vínculos políticos

En su informe, la ONG resaltó que más del 90 % de los jueces en el país son provisorios, lo que facilita su remoción en caso de que no cumplan las órdenes del poder político, aunque no estén ajustadas a derecho, lo que viola su independencia judicial (artículo 14 del PIDCP).

El acceso a la carrera judicial tampoco se hace por concurso de oposición desde hace casi 20 años, por una suspensión del TSJ, lo cual afecta el ingreso de profesionales calificados para ejercer como jueces competentes y autónomos. Así, impera el sesgo ideológico y la discriminación a la hora de la selección (artículos 25 y 26 del PIDCP).

En el informe también se señala que en 2022 la AN reformó la Ley Orgánica del TSJ para permitir que magistrados que fueron elegidos para un único período de 12 años, según la Constitución, fueran reelectos (12 de 20) en un nuevo proceso de renovación del TSJ a cargo de un Comité de Postulaciones Judiciales dominado por militantes del partido de Gobierno.

De 20 magistrados nombrados en 2022, en 18 se detectaron vínculos probados con el oficialismo, por lo que no se trata de un máximo juzgado independiente, al igual que el TSJ anterior.

La designación del inspector general de tribunales también dejó de ser potestad del TSJ para ser controlada por la AN, lo que es inconstitucional. El resultado es el nombramiento en el cargo de una exdiputada del PSUV, Gladys Requena.

Fiscales sin estabilidad

Al igual que los jueces, los fiscales no están libres de injerencias y presiones de agentes del poder al no gozar de estabilidad en sus funciones. La resolución 2.703, del 14 de septiembre de 2018, que reforma el Estatuto del MP, señala que todos los cargos son de libre nombramiento y remoción. Dicha resolución viola el artículo 14.1 del PIDCP y una de las recomendaciones es derogar.

Como ya se dijo, el actual fiscal de la República fue nombrado por la ilegítima ANC de 2017.

Esto señala Acceso a la Justicia en su informe al citar el de la MIIDHV del año 2021:

«De acuerdo con la MIIDHV, antiguos fiscales han revelado que los “casos políticos” se asignaban normalmente a un grupo específico. Además, y ante una decisión fiscal adversa, los fiscales superiores se coordinaban al parecer con los jueces para anularlas. Por último, se ha desarrollado la práctica de reasignar fiscales a cargo de las investigaciones en algunos casos de alto perfil derivados de las protestas de 2017».

¿Qué pasa en los procesos judiciales?

En su informe, la ONG también destaca las múltiples irregularidades denunciadas por distintos organismos internacionales sobre los procesos judiciales, y más si se trata de casos de persecución política:

 Audiencias privadas en tribunales de terrorismo creados por resoluciones internas del TSJ y no por ley, lo que viola la garantía del juez natural.

Irrespeto al derecho a ser asistido por un abogado defensor de libre elección (privado o público). De hecho, hay denuncias de presiones para que los acusados acepten a defensores públicos que no velan por sus intereses, sino que más bien los convencen de declararse culpables.

El ACNUDH ha documentado que los defensores privados no son notificados de las audiencias o se les impide el acceso a los tribunales y a los expedientes de sus defendidos.

La MIIDHV también ha registrado casos en los que se obliga a acusados a firmar acuerdos de culpabilidad o grabar videos de supuestas confesiones, violándose en el derecho a la presunción de inocencia y un juicio justo.

Retardo procesal con prisiones preventivas que van más allá del máximo de 3 años establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que deriva en detención arbitraria y falta de traslado de los procesados a las audiencias.

Uso de la justicia militar para juzgar a civiles en casos de persecución política, lo cual fue muy frecuente en las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Mientras no se corrijan los graves vicios del sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, los habitantes del país no tendrán acceso a la justicia, tanto si la exigen por un delito del cual fueron víctimas como si son acusados, pues en este caso no tendrán la oportunidad de contar con un debido proceso que conlleve a su absolución o condena.

Lo más grave es que no se percibe una voluntad política genuina, ya que las reformas emprendidas en 2021 han quedado en el papel en su gran mayoría; más bien, en un contexto preelectoral ha habido un mayor cierre del espacio cívico y gran persecución y represión, como ha denunciado la MIIDH en su último informe.

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