Fernando Santos Alvite, el último ministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso, exoneró al expresidente ecuatoriano de la responsabilidad por la crisis energética que sufre su país y atribuyó la situación al modelo de Estado establecido en la Constitución.
«Esta no es una crisis coyuntural, esta es una crisis estructural. ¿Qué está pasando en el país? El país crece, la demanda de energía crece, pero la oferta no sigue al mismo ritmo desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, el suministro energético es un monopolio del Estado, solo por excepción puede entrar el sector privado (…) Se quedó sin dinero y ahí está: la generación se estancó y la demanda siguió creciendo. Cada año esto va a ser peor», sostuvo ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
Asimismo, Santos Alvite señaló que la Administración anterior optó por crear un Comité de Emergencia para atender el déficit energético.
«El presidente de la República tiene otras cosas que hacer, para eso hay ministros. Pero tampoco el ministro es un señor con una varita mágica que dice: ‘hágase una planta’. No, no, es un equipo», afirmó.
En el mismo sentido, resaltó que, aunque no era obligación de Lasso, él usó su cargo para negociar directamente con el Gobierno de Colombia la compra de energía.
«El presidente de la República estaba tan consciente, que aún no siendo su responsabilidad, él se fue a Colombia para tratar de por lo menos conseguir que no nos cierre Colombia completamente la venta (…) Hasta donde la memoria no me falla, el presidente (Gustavo) Petro nos dijo: ‘les doy electricidad hasta el 31 de diciembre de 2023, porque yo también estoy con problemas de sequía’».
Desde la óptica del exfuncionario de Energía ecuatoriano, los permisos ambientales, la burocracia y las restricciones de exportación impuestas por Colombia debido a su propio modelo económico, se combinaron para agravar un problema estructural.
Por otro lado, aunque admitió que Quito está pagando la energía a un precio mayor al valor de mercado, cargó esta responsabilidad a Bogotá: «Conminé a las autoridades colombianas, de acuerdo a sus leyes y de acuerdo al mercado –hay una bolsa de valores donde se fija el precio– y el Estado ecuatoriano no tiene nada que ver en esa aplicación del precio. Es alto, es caro», aseguró.
