“Espacio Cívico Bajo Amenaza” fue el foro que se desarrolló, este martes 23 de enero, en la ciudad de Barquisimeto, para debatir sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines en Venezuela.
Yonaide Sánchez, coordinadora en el estado Lara de Transparencia Venezuela comentó a El Impulso que “esta ley se ha denominado desde la sociedad civil venezolana, la Ley de Antisociedad. En primer lugar hay que decir que no hay una publicación formal del texto del proyecto de ley y eso ya dota todo el proceso de una gran opacidad”.
Destacó que “ese primer proyecto se aprobó hace un año en enero del año 2023 sin que se conociera formalmente el contenido”, y que actualmente el régimen de Nicolás Maduro, “lo está impulsando al punto que se abrió una consulta pública; ya se ha hecho en varios estados del país incluso en nuestro estado Lara, sin que la gente que haga esa consulta pública pueda, disponga previamente de un documento formal que es el que se va a discutir en ese espacio”.
La coordinadora regional de la asociación civil, indicó que dicha ley establece a las organización sociales, “regulaciones que son propias de las organizaciones públicas o propias del derecho que rige las organizaciones públicas”.
Sánchez resaltó que sí alguna sociedad civil se somete a regulaciones; son las organizaciones de la sociedad civil venezolana, “que rinden cuentas ante el Seniat, ante el Saren, ante el Ministerio del Trabajo, ante Banavih, ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ante el Inces, es decir nuestras organizaciones sí buscan la transparencia y sí buscan la rendición de cuentas y se sumergen a las disposiciones del marco regulatorio nacional”.
Por lo que aseguró que no se niegan a que haya regulaciones pero “nos negamos a regulaciones excesivas, arbitrarias que tienen que ver con esta definición que se ha hecho, de que somos organizaciones de derecho privado pero de interés público lo cual deja abierto a la intervención del Estado de muchas maneras”.
La activista social dijo que de aprobarse esta ley, las organizaciones “de hecho y de derecho” establecidas actualmente en el país, tendrían que registrarse nuevamente y comenzar desde cero. En este sentido, recalcó que esto constituye “no solamente una amenaza al funcionamiento de las organizaciones sociales sino que amenaza la existencia misma de las organizaciones del espacio cívico venezolano”.
