La organización no gubernamental Provea rechazó de manera categórica las recientes acusaciones del ministro Diosdado Cabello, quien señaló a esta y otras ONG de derechos humanos como parte de un supuesto “plan terrorista”.
En un comunicado difundido el miércoles, Provea denunció que estas declaraciones forman parte de una estrategia sistemática para desacreditar el trabajo de acompañamiento a víctimas y defensa de derechos fundamentales en el país.
“Esta criminalización busca desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país”, expresó la organización, al tiempo que advirtió sobre un contexto de creciente represión estatal que ha escalado en las últimas semanas.
Acusaciones a cuatro ONG
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acuso directamente a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país.
Según el pronunciamiento, el gobierno de Nicolás Maduro estaría intensificando su ofensiva contra la sociedad civil mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, amenazas a la libertad de expresión y restricciones al derecho de asociación y reunión pacífica.
Señalaron que un ejemplo de esta situación es la detención del abogado Eduardo Torres, miembro de Provea, quien fue arrestado el pasado 9 de mayo en Caracas y permanece incomunicado en la sede del Sebin, en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni abogados de confianza.
Medidas cautelares de la CIDH
La organización señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas de protección a Provea y sus miembros, por considerarlos en «una situación de riesgo por las labores como defensores de derechos humanos» en Venezuela.
«Entre el 2020 y el 2024, la CIDH determinó que los integrantes de PROVEA nos encontramos en una situación de riesgo por las labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual que enfrenta Venezuela», indica el comunicado publicado en su perfil de X.
Provea calificó estas acciones como parte de una política de Estado destinada a intimidar a las organizaciones independientes y silenciar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, en un año electoral clave y marcado por el aumento de la persecución política.
En su cierre, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a la sociedad venezolana a mantenerse vigilantes y a exigir el respeto de las garantías fundamentales. “La defensa de los derechos humanos no es delito”, subrayó Provea, reafirmando su compromiso con las víctimas y con la lucha pacífica por la justicia en Venezuela.
