Antes de haber sido firmado el memorando de entendimiento para crear un estado binacional colombo-venezolano, propuesto por Gustavo Petro y aceptado por Nicolas Maduro, ha debido ser consultada la ciudadanía venezolana, y muy particularmente la de las entidades federales del Táchira y el Zulia.
Esta opinión la sustenta el exparlamentario, historiador y analista político Pedro Pablo Alcántara, de acuerdo con sus afirmaciones, en el prólogo y el artículo primero de la Constitución vigente, la cual expresa que nuestra república es irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
¿Qué significa la autodeterminación nacional? se pregunta e inmediatamente dice: Que esta Constitución prevé figuras jurídicas de consulta pública a la ciudadanía, porque la república no es pertenencia de quien ocupe la presidencia, por cuanto la república pertenece a los ciudadanos, de conformidad con lo que establece el artículo constitucional 326.
Éste artículo desarrolla la seguridad como una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para cumplir con los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, y otros derechos.
Me he referido a esos artículos porque se está planteando la conformación de una zona económica especial como objetivo fundamental en ese memorando de entendimiento, indica el profesor Alcántara. Para esa materia importante, trascendente y delicada se requiere un tratamiento constitucional formal.
La manera como se ha presentado la incorporación de cuarenta municipios venezolanos (29 del Táchira y 21 del Zulia) a una eventual zona económica dentro de la cual hay un área caliente, especialmente en la región colombiana del Catatumbo, porque un gran espacio territorial se lo están disputando a fuego de plomo grupos guerrilleros y bandas criminales vinculadas al narcotráfico, reviste el mayor interés de toda Venezuela porque se trata de una decisión muy grave.
En este aspecto no se puede obviar que esos grupos armados irregulares han estado también operando en territorio venezolano, azotando a productores agropecuarios, e incluso han dado muerte a efectivos de las fuerzas armadas venezolanas.
El memorando de entendimiento hay que verlo muy seriamente porque se están incluyendo alegremente 63.100 kilómetros cuadrados del Zulia y otros 11.100 kilómetros cuadrados del Táchira con unas poblaciones de los dos estados que superan los 6 millones de habitantes, valga decir casi la cuarta población de Venezuela.
Cómo será de caliente esa área que está dentro del proyecto binacional que ni la policía ni los militares colombianos han podido reducir a las organizaciones del ELN, disidentes de las FARC y bandas del hampa común, lo cual constituye un riesgo enorme para los más de seis millones de venezolanos que estarán expuestos en esa zona binacional porque la violencia es aterradora y aplastante, lamentablemente sin control hasta los momentos.
Insisto en que la Constitución de Venezuela establece claramente las responsabilidades de quienes pueden tomar decisiones como esta de una zona binacional y no se puede poner en peligro la vida de una enorme población venezolana, manifiesta el profesor Alcántara a El Impulso.
