El gobierno de Estados Unidos ha aprobado una nueva tarifa de $250 que deberán pagar todos los solicitantes de visas de no inmigrante, una medida que entra en vigor a partir del 1 de octubre. Este nuevo arancel, conocido como «Tarifa de Integridad de Visa», se suma a los costos de tramitación ya existentes, elevando el precio total del proceso a aproximadamente $442.
La disposición, que forma parte de una nueva ley presupuestaria, ha generado una rápida reacción en la industria turística y de viajes. Expertos del sector anticipan que el aumento de costos podría desalentar los viajes, particularmente a aquellos provenientes de economías emergentes como México, China y Brasil, que constituyen un porcentaje significativo de los visitantes del país.
Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el impacto inicial ya es perceptible. Datos recientes muestran una caída interanual del 3.1% en la llegada de visitantes extranjeros durante el mes de julio.
Gabe Rizzi, presidente de la empresa de gestión de viajes Altour, afirmó que «cualquier cosa que se le añada a la experiencia del viajero va a reducir en alguna medida los volúmenes de viaje». Esta declaración subraya la preocupación general de que el nuevo arancel se convierta en una barrera económica que frene el flujo de turismo internacional, en un momento en que la industria busca recuperarse.
La medida se enmarca en un contexto global de endurecimiento de las políticas migratorias. Países como el Reino Unido también han implementado mecanismos similares para optimizar sus controles de ingreso. Se espera que, con esta nueva tarifa, el gobierno de EE. UU. recaude miles de millones de dólares, aunque la ley permite el reembolso del monto para quienes cumplan con las condiciones de su visado y salgan del país a tiempo.
El Departamento de Estado aún no ha precisado los detalles exactos sobre cómo funcionará el proceso de reembolso, pero se prevé que el pago del arancel sea un requisito indispensable para la emisión de la visa.
