Tres funcionarios de la policía estadal fueron privados de su libertad en una audiencia de presentación, efectuada la tarde del martes, por un procedimiento efectuado el 27 de septiembre del 2011, cuando una persona resultó fallecida.
El lunes les llegaron las órdenes de aprehensión a los efectivos Augusto Ramos, Ángel Paradas y Saúl Romero. El martesla Fiscalía21 con competencia en Derechos Fundamentales a cargo de los abogados Rubén Ramones y su auxiliar Carlos Muñoz, presentaron ante Leyla-Ly Zicarelly, juez de control9, alos hombres de azul.
El resultado de dicha cita fue la privación de la libertad de los efectivos y por ahora su sitio de reclusión serála Comandancia Generaldela Policía. Fueronimputados por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma de fuego, simulación de hecho punible, quebrantamiento de principios internacionales y agavillamiento.
Todas estas imputaciones se lograron por los elementos presentados por el Ministerio Público. La juez consideró que el procedimiento durante el cual resultó abatido Marcos Eliseo Sánchez Medina, de 23 años, no se trató de un enfrentamiento, porque en uno de las pruebas practicadas como es el Análisis de Traza de Disparos (ATD), a partir del cual se toman muestras para determinar si la persona ha disparado o no, resultaron negativas y eso fue uno de los elementos determinantes para pedir la privativa ante tribunales.
Institución molesta
Funcionarios pertenecientes al cuerpo policial del estado, sin identificarse por temor a represalias por parte del Ministerio Público y de su propia institución, se sienten molestos y desmotivados. Manifiestan que trabajan de manos atadas. Están de acuerdo con los castigos a aquellos policías que delinquen, pero no contra quienes se encuentran cumpliendo su labor.
Hicieron mención que el efectivo de apellido Romero, por tres años seguidos figura como el segundo en procedimientos policiales, con un récord intachable. Les parece que todas estas imputaciones que vienen por parte del Ministerio Público forman parte de una estrategia política para manchar el nombre de Polilara, porque están buscando una intervención por parte del Gobierno Nacional, ya que Lara figura como estado opositor.
“Somos nosotros quienes pagamos las consecuencias, pues ni la comandante Marisol De Gouveia sale a dar la cara y siguen apresando a uniformados”, explicó uno de los uniformados.
Este año se han realizado varias detenciones en contra de policías y son pocas las veces que han tenido el respaldo de su institución, alegan los funcionarios. A su vez piden al gobierno regional una respuesta y se pronuncien ante dichas acciones.
Foto: Ricardo Marapacuto/Archivo
